Menos mal existen entidades como el Instituto de Ciencia Política que nos recuerdan esto: existen, por lo menos, 18 mil casos documentados de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales, especialmente de las Farc, de los cuales, casi el 70 por ciento fueron llevados a las filas de esa guerrilla aún siendo menores de 15 años.
Menos mal alguien levanta la voz para decir que estas cosas no pueden ignorarse y que ningún acuerdo puede borrar campantemente las culpas de quienes fueron responsables de estos hechos.
Menos mal el informe construido cuidadosamente se lo pasaron a la JEP para que, si tuviera la tentación de dejar pasar por alto semejante realidad, mejor se asegure de llevar a los estrados e imponer sanciones rigurosas en contra de los líderes de esa guerrilla que hoy debaten sin pudor en el Congreso y celebran homenajes al ‘Mono Jojoy’, uno de los peores criminales que ha conocido este país.
Lo que dice el informe es verdaderamente alarmante. Afirma Alejandro Eder, uno de los investigadores líderes: “ellos (las Farc) tenían un sistema que se llamaban ‘Los Consejos de Guerra’, que terminaban en pena de muerte y se hacían cada vez que había un acto de indisciplina. Lo que encontramos es que fusilaban a guerrilleros y guerrilleras incluyendo niños y niñas, por fallas mínimas como quedarse dormidos en la guardia”.
Tanta canallada junta no puede obviarse, repito, y aunque algunos quieran desviar la atención de este debate para hablar de un Estado asesino que bombardea niños, lo cierto es que, desde el comienzo, los responsables de tener a estos niños allí y que terminen muriendo en enfrentamientos y combates con el Ejército, son los grupos al margen de la ley: las Farc, el ELN, las bandas criminales.
Lamentablemente estas prácticas siguen ocurriendo y en el primer semestre de 2021 hay documentados casi una treintena de nuevos reclutamientos de niños que en vez de estar en salones de clase sirven como carnada de primera línea a estas organizaciones y como infame escudo de los máximos cabecillas que usan a los menores para evitar la acción de las fuerzas militares y la policía. Los derechos de los niños, lo dice nuestra Constitución, son prevalentes y están por encima de todos los demás. La realidad, infortunadamente, apunta hacia otra dirección. No olvidamos a quienes murieron víctimas de las Farc o a quienes crecieron con tantos traumas que terminaron condenados en vida y no olvidaremos tampoco a quienes produjeron estos inhumanos hechos.