Cecilia López Montaño
En esta convulsionada Colombia, país en el que por fortuna al final del túnel siempre se divisa una luz, los conflictos de interés se les están devolviendo a sus actores gracias a las denuncias de esos valientes que todavía sobreviven en esta tierra. Uno de los más evidentes y de los más escandalosos, que ojalá les sirva de escarmiento a quienes se mueven en las aguas oscuras de olvidar la ética profesional, gira nada menos que alrededor de Odebrecht. Empecemos por el más evidente: el grupo Aval y sus cuatro bancos como financiadores y constructores de grandes obras de infraestructura.
En un seminario donde participan distintos sectores y se discutía la maravilla de las 4G, las grandes carreteras del país, fue imposible plantear la pregunta insinuada a uno de los asistentes por la ministra Cecilia Álvarez, que señalaba si no podía resultar en un claro caso de conflicto de interés, el hecho de que bancos, financiadores de estas carreteras, fueran al mismo tiempo constructores. Pero esta pregunta no hizo su curso gracias a las personas que coordinaban el foro —que eran varias— y por eso es difícil atribuir la culpa. En ese momento una de las motivaciones para formular esa inquietud era que se trataba obviamente de una competencia desleal con aquellos que son solamente constructores porque a diferencia del grupo Aval, no tenían asegurada la financiación de sus obras.
Como la justicia llega tarde pero llega, sobre todo la justicia divina, ahora quien tiene un tremendo problema es el grupo Aval, el cual en el escándalo de Odebrecht no solo aparece como financiador sino como constructor a través de una de sus innumerables empresas. Independientemente del final de este tenebroso capítulo de corrupción que ya tiene a un alto funcionario del grupo en la cárcel y varios procesos que señalan a sus intocables, la mancha de corrupción ya le cae a este grupo, que ya no es uno de los cuatro cacaos del país sino el gran cacao colombiano. Duro, muy duro para Luis Carlos Sarmiento Angulo, un hombre que con su tesón empezó desde abajo hasta construir la mayor fortuna del país.
Pero ahí no terminan los conflictos de interés. María Jimena Duzán analiza en su artículo de Semana la decisión de la ministra de Transporte, íntima amiga y socia de Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, de pagarle a los bancos con recursos de todos los colombianos las deudas de Odebrecht, cuatro de los cuales son del grupo Aval. Y afirma que la vicepresidenta estuvo detrás de esta decisión de MinTransporte, que por fortuna fue revocada. ¿Cómo puede una funcionaria pública de semejante nivel defender intereses de quien fue su jefe, Luis Carlos Sarmiento Angulo? Como muestra su hoja de vida, ella fue asesora de Sarmiento Angulo en sus primeras etapas de su vida laboral y es evidente en las páginas sociales que su cercanía continúa. Pero como no hay nada oculto entre cielo y tierra, hoy es evidente que a la vicepresidenta no se le ocurrió que, así fuera tras bambalinas, que no era correcto tratar de beneficiarlo desde el gobierno a través de su amiga y exsocia, la ministra de Transporte. Claro conflicto de interés que esta última debería haber impedido.
Estos dos casos deberían servirle de freno a quienes creen que esos conflictos no existen, sobre todo cuando se trata de personas y grupos poderosos en Colombia. Basta mirar lo que debe ser la ética profesional para entender que saltarse ese freno, es un camino entre tantos que conducen a la inmensa corrupción que florece cada día en nuestro país.