No deja de ser motivo de inmensa preocupación los primeros casos de violencia que han sido reportados durante los últimos días en el municipio de Algeciras, en el oriente del Huila.
La despensa agrícola del departamento, como se le conoce a este pueblo, viene de un 2020 sumamente difícil en materia de orden público.
23 asesinatos, incluyendo dos masacres registradas en los meses de julio y septiembre, evidencian lo intranquilo que fue el año pasado para los algecireños, que como los demás colombianos, han sido afectados también por la crisis del coronavirus. A esto se suma el gran número de familias que recibió amenazas de muerte y debió abandonar la región.
En Algeciras, esta estela de dolor y sangre ha sido acompañada de la impunidad. Si bien no se pueden desconocer los esfuerzos de las autoridades y en especial de la Novena Brigada del Ejército, tanto los determinadores como los autores materiales de la mayoría de estos crímenes no han sido puestos a buen recaudo de la Justicia. Llama la atención que los perpetradores de los asesinatos, en algunos casos, se ‘pasearon’ por las calles urbanas sin mayor problema.
En un contexto de homicidios, amenazas, extorsiones y desplazamientos, la impunidad, tristemente, alimenta la desconfianza y contribuye a un clima de desazón e incertidumbre, dañino para la prosperidad de cualquier de la región.
Por eso, el Estado no puede descuidar a los algecireños. Tanto el Gobierno Nacional como la Administración Departamental y la Alcaldía tienen el reto de hacer realidad programas de intervención de índole social. Por su parte, organismos como la Policía, el Ejército y la Fiscalía deben trabajar unidos para desterrar los grupos armados que se disputan el control territorial del oriente del Huila. No pueden permitir otro año de homicidios sin control.
“En un contexto de homicidios, amenazas, extorsiones y desplazamientos, la impunidad, tristemente, alimenta la desconfianza y contribuye a un clima de desazón e incertidumbre”