Piero Emmanuel Silva Arce
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se constituyó formalmente en 1979 y es la continuación del Tribunal Russell I (1966-1967) para investigar el caso de Vietnam y del Tribunal Russell II (1973-1976) con el fin de desentrañar los genocidios de las dictaduras latinoamericanas. Después de las peticiones de la sociedad civil colombiana, este año dicho tribunal realizó un estudio profundo sobre el genocidio político, la impunidad y los crímenes en contra de la paz en Colombia. En ese sentido, se observó la existencia de una impunidad crónica que impide el acceso efectivo a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para las víctimas de la violencia y el conflicto armado en Colombia.
Esta impunidad promovida por el Estado colombiano, ejecutor de unos genocidios y cómplice de otros, llega hasta un 99%. En términos jurídicos, es necesario evidenciar los retrasos para implementar en el ordenamiento penal nacional crímenes como el genocidio, la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado. Para el caso del genocidio, tuvieron que pasar más de 40 años, a partir de la declaración de este como delito internacional y de obligatorio castigo por parte de los Estados, para ser implementado en el sistema jurídico interno. En el caso de los Acuerdos de Paz del Teatro Colón, firmados entre el Estado colombiano y las Farc-EP, según Federico Andreu (2021), la legislación creada no tocó dos asuntos centrales en los procesos de justicia transicional. Por una parte, no se planteó la reforma de instituciones, doctrinas, legislación y políticas que motivaron los crímenes y su impunidad, pese a que organizaciones de víctimas insistieron en la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y en el desmonte de la doctrina del Enemigo Interno promovida en la Fuerza Pública, entre otras. Por otra parte, no se avanzó en lo que se denomina la depuración administrativa que consiste en apartar a funcionarios del Estado implicados en violaciones de derechos humanos, impidiendo con esto el avance hacia una justicia efectiva para las víctimas.
Las falencias en el sistema penal colombiano son fruto de las presiones por parte de unos sectores políticos que no están interesados en promover la paz, a pesar de una sociedad hastiada de la violencia. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos persisten y volvieron a darse durante el estallido social del presente año. No podemos quedarnos eternamente aceptando la barbarie a la que nos quieren condenar los dueños del poder político y económico del país. No podemos resignarnos.