Adriana Cely, promotora de la ley contra el feminicidio, hace un balance de su implementación tras 6 años de promulgada y a propósito del reciente caso de Deisy Marcela Cruz, asesinada en el sur de Neiva a manos de su compañero sentimental. Insiste en que el feminicidio es consecuencia del machismo arraigado en el país.
Jesús Antonio Rojas Serrano
En el año 2012, el país fue sacudido por el caso de Rosa Elvira Cely, la mujer brutalmente violada y asesinada en un parque de Bogotá a manos de un compañero de colegio de la víctima. El episodio desencadenó una indignación tal que el Congreso de la República aprobó la ley 1761 que cambió la manera de investigación y judicialización de los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género y aumentó al doble las penas por este crimen, por lo que un culpable de este delito puede pagar entre 40 y 50 años de prisión.
Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira y promotora de esta ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo, hace para LA NACIÓN un balance de su implementación tras 6 años de promulgada y a propósito del reciente caso de Deisy Marcela Cruz Reyes, asesinada a bala por su compañero sentimental al interior de su vivienda ubicada en el conjunto residencial Vista Hermosa, en el sur de Neiva.
“Los jueces y fiscales son hoy los que tiene en sus manos lograr judicializar, penalizar y sancionar a los agresores. La ley ha sido un avance grande, pero nos falta muchísimo”, dice Cely, quien es trabajadora social y hace parte de la Secretaría de la Mujer de Bogotá.
¿Por qué se siguen presentando casos como los de Deisy Marcela Cruz Reyes?
Este es un problema cultural, un problema que viene de muchos años atrás. Es consecuencia del machismo tan arraigado en el país. Todavía creen que las mujeres son el mueble de la casa o un objeto sexual y no las ven como un ser humano que tiene derechos. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres se ha normalizado y no se ve como un problema social. Basta mirar todo lo que esta violencia creció durante la pandemia.
¿Qué tanto ha servido la ley contra el feminicidio para detener los feminicidios en el país?
La ley tipificó el feminicidio como delito autónomo en el año 2015. Para el momento en que ocurrieron los hechos de mi hermana Rosa Elvira existía un agravante en la ley 1257 de 2008 y ese agravante no se tuvo en cuenta ni en el caso de ella ni en muchos otros casos de feminicidio que se presentaron en el país. Organizaciones de mujeres ya venían trabajando en un proyecto de ley para hacer relevante el hecho de que a las mujeres sí las asesinan por el hecho de ser mujeres. El objetivo de la ley es tipificarlo como un delito autónomo para garantizar la investigación y la sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana sobre el derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia. La ley se creó para ayudar no sólo cuando ya hay un caso de feminicidio sino también para prevenir estos hechos. Lo que debemos mirar es si el aparato judicial está implementando esta ley como debe ser. Cuando una mujer llega a una Comisaría de Familia y solicita una medida de protección y termina siendo revictimizada y culpada por lo que le están haciendo, ahí no estamos avanzando en temas de prevención.
En materia de aplicación de castigos ejemplarizantes, ¿La ley ha funcionado?
Para eso, la ley ha servido. Hay sentencias de castigos ejemplarizantes como la del caso del feminicidio de la niña Yuliana Samboní. Como todas las leyes, tiene falencias. Sin embargo, es importante conocerla. En nuestro país nos hace falta muchísimo conocer las leyes para hacer proteger nuestros derechos. Frente al tema de rebajas para los responsables de feminicidios, eso depende mucho de la buena implementación que se haga por parte de los operadores judiciales. Los jueces y fiscales son hoy los que tiene en sus manos lograr judicializar, penalizar y sancionar a los agresores. La ley ha sido un avance grande, pero nos falta muchísimo.
¿Por qué le cuesta tanto a los funcionarios públicos no atender bien a las mujeres cuando acuden a denunciar una agresión?
Hay varias cosas, una de ellas el tema cultural y educativo. Aquí hay que empezar a transformar desde la educación por los roles que nos impusieron a los hombres y a las mujeres. La ley indica que se debe crear la cátedra de género a nivel trasversal, no solamente para los operadores judiciales, sino para todas las disciplinas y desde los niños y las niñas. Hay que cambiar ese ‘chip’ de la desigualdad, que como ‘tú eres hombre haces ciertas cosas y que como tú eres mujeres haces solo estas cosas’. ¿Por qué antes las mujeres no podíamos estar en ciertos espacios, no podíamos estudiar determinadas carreras? Han imperado esas relaciones de poder sobre las mujeres, en lo económico, en lo político, cultural y en lo sexual. Todo eso es lo que no nos deja avanzar. Como tenemos tan arraigadas esas cosas en el diario quehacer y así nos educaron, es muy difícil hacer cambiar esa mentalidad, pero no imposible. Desde que se promulgó la ley contra el feminicidio, también se ha logrado trabajar con los medios de comunicación para que los crímenes contra las mujeres no sean mostrados como un acto pasional. Estos casos hay que mirarlos como son: hay un hombre que ejerce poder sobre una mujer y la asesinó y cometió un feminicidio.
¿Cómo está manejando hoy Bogotá los casos del preciso momento en que una mujer denuncia una agresión?
No hay una sola y única ruta. Y es en todo el país. Las mujeres que sufren algún tipo de agresión pueden acudir a varias instituciones. Por ejemplo, una mujer violentada puede iniciar la ruta con la Policía, o con su EPS o una institución de salud. También puede acudir a una Comisaría de Familia o en la Fiscalía. Es un trabajo en el cual articuladamente deben trabajar las instituciones; todas tienen una responsabilidad y deben garantizarle a la mujer una efectiva atención. Si una mujer va a un CAI de Policía, obviamente, esta institución tiene la obligación de activar esta ruta en cualquier ciudad. No podemos seguir registrando casos de mujeres que se desplazan a Bogotá huyendo de su agresor y se encuentran con que tienen que iniciar de nuevo el proceso de denuncia. Se ha logrado que esas medidas de protección otorgadas sean valederas en otro territorio.
Varios años después de la muerte atroz de su hermana Rosa Elvira Cely, ¿Por qué cree que el país tuvo que esperar a un asesinato como el de su hermana para que se tipificara el feminicidio como delito autónomo?
Siempre hay algo que nos marca, que nos permite mostrar el antes y el después. Con el caso de Rosa Elvira, se demostró que sí habían muchos casos en la impunidad y en los que no hubo judicializaciones. Lo de Rosa Elvira nos permitió fue visibilizar lo que estaba ocurriendo en términos de violencias contra las mujeres y la negligencia y complicidad de las instituciones. A cada instancia que llegó el caso de mi hermana, quedaba demostrada la debilidad de cada una de las instituciones, pero también la negligencia de sus operadores. Las instituciones tienen seres humanos, que son los que también deben responder. Este es un llamado para que quienes hacen parte de las entidades del Estado no pierdan la humanidad y el respeto por el otro. Vemos que no hay sensibilidad frente a los casos de violencia contra las mujeres y cómo revictimizamos, juzgamos y siempre señalamos a las mujeres por lo que nos sucede.
¿Qué tan importante para los familiares de la víctima de un feminicidio que el agresor reciba un castigo ejemplarizante?
Es una parte importante, pero no lo es todo. Yo creo que eso no es justicia. Justicia es que los feminicidios no se repitan; justicia es que tengamos lugares en donde podamos atender a las mujeres agredidas. En algunas ciudades del país, existen casas-refugio; en Bogotá tenemos cinco, pero no son suficientes para la cantidad de mujeres que están en esta situación. La sociedad colombiana debe pensar en estrategias para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de pareja, darles, por ejemplo, oportunidad de un nuevo trabajo. Muchas mujeres no logran salir el ciclo de violencia porque dependen económicamente de sus agresores. Desde las instituciones, hay muchas cosas que en términos educativos, de transformación y de aporte para las mujeres, podemos ayudar para frenar las agresiones y protegerlas a ellas. Es importante el tema de la penalización, pero para mí no lo es todo.
Para resumir, ha habido avances en la implementación de la ley contra el feminicidio, pero aún falta más, ¿Qué es lo que más está haciendo falta?
Nos hace falta corresponsabilidad de las instituciones y de la sociedad colombiana. Como instituciones, somos garantes de los derechos de las mujeres, pero nos hace falta sensibilidad, humanidad. La profesionalidad no la da un título, la da el ser humano, es cómo realmente me importa lo que estoy haciendo, cómo aprovecho mi posición para ayudar. Nosotros somos funcionarios y hacemos parte de la responsabilidad que hay para garantizarles a las mujeres sus derechos. Aquí lo que hace falta es eso: corresponsabilidad, humanidad y sensibilidad. Solo así podemos empezar a transformar esta problemática social.