El vil asesinato de Valentina Trespalacios por su novio norteamericano y la salvaje muerte, con intento de violación, de una niña de 10 años en Pitalito no son sólo terribles ataques particulares a mujeres, que repudiamos y nos duelen, sino, además, los dos más recientes de una serie de vidas apagadas, de familias destrozadas, porque también cuentan Yina, Lucy, Margarita…Dora Victoria Ortiz, que recibió un balazo de su pareja sentimental, cuando discutían en la casa, el pasado 4 de enero en Calamar, Bolívar.
De acuerdo con el Boletín Nacional del Observatorio Colombiano de Feminicidios, en 2022 se registraron 612 casos, 10 menos que en comparación con 2021. Las cifras de Medicina Legal son más escalofriantes: el año pasado fueron asesinadas 1.021 mujeres. En 134 casos el presunto responsable fue la pareja o expareja. Mientras, en 2021 las víctimas mortales fueron 993 y en 31 aparecen los mismos culpables, que las mataron por el simple hecho de ser mujeres y considerarlas de su propiedad. ¡Qué barbaridad!
Esas estadísticas evidencian la grave situación de espantosas agresiones a las que seguimos siendo sometidas, muchas veces en la impunidad, porque en más de las veces que quisiéramos no se denuncian por miedo o porque no hay confianza en la justicia. ¿Cuántos crímenes más? ¿Cuánto sufrimiento y dolor más? ¿Cuántas historias más vamos a conocer? ¿Somos una sociedad impasible ante tanta tragedia?
Siendo senadora, y en busca de un real cambio de protección efectiva, presentamos un proyecto de reforma constitucional con el propósito de establecer la prisión perpetua revisable para feminicidas, sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional igual castigo para los asesinos y violadores de nuestros niños argumentando “un retroceso en materia de humanización en la política criminal y en la garantía de la resocialización de las personas condenadas”, nos frenó de continuar adelante.
Personalmente, y desde entonces, sigo en la lucha por los derechos de los niños y las mujeres. Por eso, invito al Congreso a trabajar en pro de lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes asesinan y abusan. No podemos ser contemplativos con ningún delito.
Ahora, también debemos actuar en otros frentes con instituciones sólidas y preparadas para identificar indicios de riesgo, como abusos prolongados, maltrato verbal o físico del compañero, y denuncias a las que no se responde con firmeza y como debería. Trabajar en una verdadera resocialización del abusador, analizando factores psicológicos, psicosociales, así como revisar la efectividad de los programas en las cárceles para establecer qué los llevó a tales comportamientos. Y, por supuesto, brindar oportunidades de vida, de trabajo, de educación, educación sexoafectiva y formación en el hogar.
Tengo la esperanza, además, de que educar a los niños con valores, en familia, en ambientes sanos, es la fórmula para prevenir y evitar sean asesinos y violadores en la adultez.