La Nación
Nuevo escándalo de corrupción en programa de alimentación escolar 1 18 agosto, 2022
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Nuevo escándalo de corrupción en programa de alimentación escolar

Las irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar en el país, sigue estando en la mira de las autoridades. La Fiscalía reveló la captura de tres personas en el departamento de Santander, por anomalías en un contrato que debe beneficiar a 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de este departamento.

La Fiscalía General de la Nación, investiga en el departamento de Santander presuntas anomalías en un contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, para  el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El contrato se suscribió  por un valor inicial de $23.844.912.000 en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

Para septiembre del mismo año, se realizó una adición de $6.700.000.000 y posteriormente se presentó una nueva adición por $5.200.000.000;  el valor total del contrato ascendió a $35.744.912.000.

Las anomalías

Los dineros que al parecer se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

Según lo que señala la Fiscalía, las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las siguientes irregularidades:

El pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.

Al parecer presentaron proveedores ficticios, según el ente acusador,  la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados, en los departamentos de Tolima, Huila y Meta.

Los investigadores de la Fiscalía señalaron, que tras viajar a cada una de las zonas descritas, comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.

Las aparentes irregularidades

La Fiscalía reportó que en Acacías, Meta, se formalizó un contrato por$30.000.000  con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Por otro lado, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.

En Tarqui, Huila, al parecer contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por $20.000.000. Los investigadores afirmaron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató.

En Algeciras, Huila, aparentemente compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.

En Suaza, Huila, al parecer también pagaron $290.000.000  a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y  verduras. La policía judicial de la Fiscalía asegura que tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

Por otra parte en el departamento del Tolima, más específicamente en Rovira, supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por $60.000.000 para el suministro de frutas.

Personal falso

En el pliego de condiciones para suscribir el contrato, se exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, la Fiscalía señala que  al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.

Asimismo,  en la contabilidad al parecer, aparecían gastos en marzo y abril, fechas en las que aún no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.

Este contratista —la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada— y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programara en los años 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018.

En total, según la Fiscalía,  el peculado por las irregularidades detectadas suma $2.125.508.408. por estos hechos fueron capturadas tres personas, Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación  de la Gobernación de Santander,  Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y  Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.

A ellos el juez de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos, de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros.

En el país, se investigan irregularidades con el programa en otros 18 departamentos.