Los dos últimos alcaldes de Aipe y el consorcio encargado de la interventoría responden por deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas en la segunda fase de la institución.
La Contraloría General de la República abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal, por las deficiencias y falta de auditoría de la segunda fase de la institución educativa Santa Rita de Aipe.
Aunque, la ejecución duró diez años, al fin logró terminarse pero con serias deficiencias, lo que originó el nuevo proceso que acaba de abrir, la gerencia Colegiada del Huila.
La decisión, vincula de nuevo al actual alcalde Octavio Conde Lasso, a su antecesor, José Sevel Castro, a sus secretarios de Infraestructura y a los miembros del consorcio de Interventoría.
Aunque inicialmente vinculó al consorcio encargado de la obra civil, finalmente, logró que terminarán fuera de tiempo las obras que hacían falta y corrigieran las deficiencias.
El megacolegio se contrató en el 2010 a través de un convenio con la cuestionada Fundación para el Buen Gobierno, la principal responsable de la debacle.
El valor inicial del proyecto fue estimado en 4.341 millones de pesos. Luego fue adicionado el 8 de marzo de 2011 en 1.200 millones. El presupuesto total quedó en un 5.541 millones. La fecha de inicio: 4 de abril de 2010. El plazo era cinco meses. Nunca se cumplió.
La obra quedó ejecutada en un 42,31%. La inversión ejecutada equivale a 1.728 millones de pesos, según el acta de liquidación. La obra quedó abandonada.
Por presión de la comunidad educativa, la obra se reactivó durante la anterior administración, pero no se terminó en su totalidad y la calidad de las obras no fueron las mejores.
El alcalde de la época Jesús Ernesto Álvarez recibió la obra inconclusa el 26 de septiembre de 2012 y procedió a la liquidación el 4 de febrero de 2013. En el 2018 tomó un nuevo aire, pero significó el doble de la inversión inicialmente calculada.
Nuevo contrato
La movilización de la comunidad sirvió para que se reactivara la obra, considerada como otro elefante blanco’. El proyecto para la terminación de las obras inconclusas en las instituciones educativas de Aipe fue viabilizado por el Ocad durante la anterior administración.
El monto asignado ascendió a los 4.376 millones de pesos. De éstos 2.317 millones de pesos corresponden a asignaciones directas departamentales; Aipe aportó 583.4 millones de pesos de asignaciones directas más 158 millones de recursos propios y la Gobernación aportó otros 1.317 millones de pesos de recursos propios.
El contrato de obra No. 1361 fue firmado el 25 de octubre de 2018 con el consorcio Ingecon, representado legalmente por Ricardo Dussán Covaleda. El contrato de interventoría 381 fue suscrito el 16 de octubre de 2018 con el consorcio Aipe, representado por Carlos Fernando Medina Noreña.
El proyecto inició el 21 de noviembre de 2018. Las obras fueron suspendidas el primero de noviembre de 2019 y luego volvió a suspenderse el 15 de marzo de 2020 y finalmente, se dio por terminado el 18 de septiembre de 2020 y se liquidó el 13 de agosto, sin avisar a los contratantes.
Pero además, sin haber entregado la totalidad de las obras contratadas y sin garantizar la calidad de las obras ejecutadas.
Graves deficiencias
En el último informe técnico se consignaron las falencias en la ejecución del contrato lo que originó una nueva intervención de los organismos de control. El cuadro no podía ser más alarmante.
Entre otras, sobresalió la deficiente calidad en pisos, pintura, enchapes y orinales.También la falta respiradores o ventilación de la tubería en los baños. Además, se presenta humedad bajo la placa del comedor y muros del laboratorio.
“A la fecha (octubre de 2019) no están en funcionamiento los servicios de agua potable al no existir el contador del agua, ni las cajillas, ni la tapa. Además, la obra cuenta con el servicio de energía y red eléctrica debido a que el contratista no tenía las llaves de las cajas y tableros”, apuntó la Contraloría.
“En la rampa de acceso al segundo piso se encuentran los parales de las barandas ubicados a una distancia mayor a un metro. Además, de la separación que tiene la baranda con el muro colindante en 30 centímetros y en donde hay un vacío que representa un riesgo para la caída de las personas a una altura de 2,20 metros”.
“Se evidencia el cárcamo sin rejillas o tapas de concreto generando un peligro y riesgo de caída para las personas. Los mesones de los laboratorios tienen diferentes espesores y están fisurados. No existe uniformidad en ellos.
Tampoco existía tubería de ventilación de los baños o sanitarios. La tubería de aguas lluvias no tenía pendientes hacia la salida o evacuación de las aguas, en algunos tramos está en contrapendientes.
Alarmas
El canal de aguas lluvias registraba problema de estancamiento de agua debido a que se encuentra en contrapendiente.
La escalera de la oficina de la rectoría no tenía piso ni baldosa. Además, faltaba el fragüe o bindaboquilla de los pisos. Había deficiencia de pintura en las estructuras metálicas. Se evidenciaba solamente una capa de pintura.
La Contraloría confirmó ausencia de pintura de las paredes y la pintura bajo la placa fue aplicada sin hacer tratamiento a la superficie, como los resanes y uniformidad de la superficie antes de su aplicación. Los muros a la vista están contaminados con material de construcción y pintura. Falta fragüe de los guardas escobas.
De igual manera observó que los baños no tienen tubería de respiraderos o de ventilación de olores, por tal motivo, los olores se sienten al ingresar a los mismos.
“La obra no está en condiciones de prestar el servicio público al que estaba destinada porque no cuenta con servicio de energía. Además, no tiene servicio de agua potable”, alertó. El informe prendió las alarmas.
Sin interventor
Y para rematar, el contratista de obra se encontraba ejecutando actividades con el tiempo contractual ya finalizado. “No hay presencia de interventoría y según los veedores del proyecto no se ha visto a los integrantes de la interventoría en la construcción de la Institución Educativa Santa Rita”, recalcó.
Según el documento, en las visitas realizadas por parte del auditor de la CGR no se hizo presente ningún representante de la interventoría, y según la documentación entregada no se observa gestión de la interventoría desde el mes de diciembre de 2019. “El contrato de interventoría tenía un plazo de 12 meses y no hay documentos que evidencien que se hubiere prorrogado y adicionado. Además, no se muestran los ensayos de calidad e inspección de las obras por la interventoría”, precisó.
“En resumen, dijo, se evidencia mala calidad en las obras construidas, inconclusas, en estado de abandono, en algunos sectores presentan riesgos para las personas y deterioro prematuro”.
En consecuencia, no se está cumpliendo con los objetivos específicos de la nueva contratación, traducido en la inoperatividad de la sede principal de la Institución Educativa Santa Rita, lo que ha causado detrimento al patrimonio público proveniente del Sistema General de Regalías discriminado así: $477.025.784 calculado de las actas pagadas al contratista de obra y la suma del valor pagado al contrato de interventoría generando una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y connotación fiscal por valor de 738,10 millones de pesos.
Luego del examen, los contratistas subsanaron las deficiencias en las obras y se terminaron, sin que haya sido liquidado.
Sin embargo, la Contraloría, luego constató la ejecución y redujo en 477 millones de pesos el daño fiscal, pero mantuvo intacta las observaciones.
Omisiones
El municipio de Aipe fue el responsable de contratar y supervisar la Interventoría del proyecto en mención, para lo cual no entregaron soportes de gestión adelantada por parte de la Interventoría externa celebrada mediante el contrato No. 381 del 16 de octubre de 2018 y en la respuesta nada manifiesta al respecto; lo que corrobora la ausencia de labor de la interventoría y en consecuencia el contrato de obra no ha tenido seguimiento y control por parte de ésta durante seis meses. Por lo tanto, abrió otro juicio de responsabilidad por los pagos al interventor, cuya actuación no se demostró.
Según el organismo de control, la administración municipal incumplió con los objetivos y actividades contenidos en la ficha técnica del proyecto y los estudios previos, lo que se traduce en una transgresión al principio de planeación y moralidad administrativa, transparencia y responsabilidad, afectando el patrimonio del Estado.
“Por lo anterior, la Contraloría General de República configura un hallazgo administrativo ($78.323.474), que resulta del pago a la interventoría sin haber realizado su labor de control al contrato de obra No. 1361 del 25 de octubre de 2018”, concluyó.
“La interventoría y la supervisión no exigieron al contratista de obra la ejecución de las actividades pactadas con apego a las cláusulas del contrato y con respeto los principios que regulan la contratación estatal, por el contrario, omitieron pronunciarse sobre la calidad de las obras ejecutadas más aún cuando en la visita de la CGR se evidenciaron algunas deficiencias en las mismas.
En estas condiciones vinculó como presuntos responsables fiscales al alcalde Octavio Conde Lasso, a su antecesor, José Sevel Castro Tovar; a sus secretarios de Infraestructura, Rolando Quintero Ceballos y Wilson Yesid Mora Córdoba, respectivamente.
Además, vinculó a los socios del consorcio interventor, Carlos Fernando Medina Noreña, Jorge Andrés Romero Sánchez y Néstor Rodrigo Fierro Lozada.
