Cinco días de arresto deberá pagar el general Norberto Mujica, director nacional del Inpec, por no acatar la orden del juez de La Plata de trasladar a los detenidos de la Estación de Policía de este municipio a un centro penitenciario. El oficial dice que los sindicados son responsabilidad de la Alcaldía.
Carolina Argüello Cruz
Un día después de que LA NACIÓN pusiera en evidencia la problemática social que se vive en la Estación de Policía del municipio de La Plata, el Juzgado Promiscuo de Familia ordenó el arresto por cinco días para el general Norberto Mujica Jaimes, director nacional del Inpec; así como para Imelda López Solórzano, directora regional central del Inpec; a quien le concedió dos días de detención. Será la Policía Metropolitana de Bogotá la encargada de la captura del oficial.
A los dos funcionarios, los cobija, también, una sanción económica. Mientras que para Mujica Jaimes es de diez salarios mínimos, para López Solórzano es de tres.
El pasado 14 de agosto el Juzgado Único Promiscuo de La Plata ordenó, a través de un fallo de primera instancia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec- y a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – Emps que opera en La Plata, trasladar a las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en el centro de detención transitorio de la Estación de Policía de esta localidad, a los establecimientos de reclusión del orden nacional y hoy por un incidente de desacato los dos implicados están ad portas de estar tras las rejas.
En ese sentido, 19 personas, 2 mujeres y 17 hombres, se debían llevar desde el centro transitorio de La Plata a una cárcel del orden nacional, y el plazo venció el 7 de septiembre sin que se cumpliera la solicitud del juez.
El pasado 22 de septiembre, el Tribunal Superior de Neiva, pese a que confirmó en segunda instancia la orden, la cifra de capturados sigue creciendo y en la Estación de Policía viven hacinados, durmiendo uno encima de otro y sin agua potable. De acuerdo con la personera de La Plata, Andrea Marroquín, ya son 40.
Frente a esta situación, el Inpec ha expresado que no es posible recibir a estas personas porque estableció un plan para la recepción de personas privadas de la libertad provenientes de los Centros de Detención Transitoria (Estaciones de policía y URI).
En dicho documento se ordenó recibir solo personas privadas de la libertad condenadas, mediando para ello acto administrativo que autorice el recibimiento y que a todo capturado se le practique prueba para covid-19, la cual debe arrojar como resultado negativo, para que se tenga en cuenta y se autorice su recepción.
De hecho, de las 19 personas en mención, 4 están condenadas y ya fueron trasladadas a un centro penitenciario.
En diálogo con LA NACIÓN, el general Mujica afirmó que de acuerdo a la Ley 65, está claro que la responsabilidad de los sindicados corresponde a las Alcaldías o Gobernaciones.
“Los sindicados no son responsabilidad del Inpec. La ley es clara, el Inpec tiene responsabilidad sobre los condenados. El problema no se le puede dejar a la Policía y es el ente territorial el que debe dar la solución”, señaló, al tiempo que afirmó que el proceso “está en litigio y de acuerdo al fallo lo cumpliremos a cabalidad”.
Hacinamiento
La personera Andrea Marroquín denunció públicamente la vulneración de derechos que se está cometiendo en los calabozos de la Estación de Policía de La Plata donde en celdas de 4×4 duermen hasta 20 personas.
Indicó que constantemente hay enfrentamientos entre ellos y que teme que haya una asonada por la rebeldía en que se encuentran los detenidos.
La funcionaria expresó que diariamente la cifra de personas que allí permanecen, aumenta y que muchos de ellos ya llevan en el lugar hasta cuatro meses. Pues la ley indica que no pueden permanecer más de 36 horas.
“Es la Administración Municipal la que les está suministrando la alimentación, sin embargo, ya advirtió que los recursos para tal fin solo alcanzan para este mes; por lo que seguramente la situación se empeorará”, manifestó la Personera.
La problemática inició porque el pasado 14 de abril en el marco de la emergencia sanitaria el Gobierno Nacional firmó el Decreto 546 en el que a través del artículo 27 dispuso “suspender el traslado de personas con medida de aseguramiento de detención preventiva y personas condenadas que se encuentren en los centros de detención transitoria como las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por el término de tres meses”.
La medida perdió vigencia el 14 de julio; pero el Inpec emitió una circular interna en la que estableció que solo podrían recibir a las personas privadas de la libertad que estuvieran condenadas.