El representante a la Cámara, Julio César Triana se refirió al caso de la demanda que fue presentada por varios exdiputados de la Asamblea Departamental en el año 2010, donde reclamaban reinvindicaciones económicas, luego de que según ellos sus ingresos fueran desmejorados, a raíz de que el Departamento bajara de categoría; esto tras una medida que fue adoptada por el gobernador de la época Rodrigo Villalba Mosquera, a través del Decreto 990 de 2007, como parte de una política de saneamiento fiscal.
Triana quien para la época era diputado, emitió ayer un comunicado en el cual asegura que nunca ha demandado al Estado, y que en este caso no procedió como varios de sus colegas, a entablar una demanda personal ante el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado.
“Es de aclarar que nunca he demandado al Estado, y en mi paso por la Asamblea del Huila nunca he buscado indemnizaciones que me beneficien o favorezcan. Desconozco por qué afirman que pretendo millonarias indemnizaciones, cuando no he dado poder a ningún abogado, ni he autorizado a nadie para buscar pretensión económica alguna”, expresó el congresista.
Triana se refirió en esos téminos a una publicación ayer del Diario LA NACIÓN.
“Es normal que cualquier colombiano ejerza su derecho a buscar o reclamar a través de las normas o leyes existentes, pero aclaro, y espero que el Diario La Nación lo haga también en su edición impresa, que nunca he demandado al Estado colombiano ni mucho menos a mi departamento del Huila”, manifestó en el comunicado.
Y agregó, “si algún día realizara un acto procesal ante un órgano judicial, lo haré de conocimiento público y lo defenderé con vehemencia, porque creo en los principios generales del derecho que le asisten a cualquier ciudadano de reclamar sus justas causas”.
Cabe resaltar, que la noticia en mención publicada por LA NACIÓN, hacía énfasis en el caso particular de la congresista, Flora Perdomo.
EN CONTEXTO
Varios exdiputados del Huila esperaban una compensación económica cercana a los 100 millones de pesos, que le reclamaban a la Gobernación del Huila cuando se desempeñaron como diputados. El Consejo de Estado le dio cristiana sepultura a las demandas que en conjunto le hubieran costado el Departamento por lo menos 2.000 millones de pesos.
Las demandas fueron interpuestas argumentando que sus ingresos fueron desmejorados al bajar de categoría el Departamento. En concreto los ex diputados reclamaban el pago de 96,18 millones de pesos, dejados de percibir durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. La reclamación fue presentada en forma individual el 25 de mayo de 2010.