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Objetivo: defender a Colombia – Carlos Holmes Trujillo García

El Gobierno del Presidente Santos se encuentra de cara a uno de los más difíciles dilemas históricos que pueda enfrentar administración alguna. El Gobierno del Presidente Santos  se encuentra de cara a uno de los más difíciles dilemas históricos que pueda enfrentar administración alguna. Es evidente que el fallo de la Corte Internacional de Justicia tomó por sorpresa al equipo colombiano, toda vez que, a juzgar por las múltiples declaraciones de distintos protagonistas, el contenido de la decisión no se contempló ni siquiera en el más pesimista de los escenarios. Ha sido tan grande el desconcierto, que todavía no se conoce cual es el paso siguiente que se dará a la luz del texto de la providencia y de sus consecuencias en el futuro. Naturalmente, es aconsejable que una decisión tan compleja sea estudiada con detenimiento antes de decidir cómo se va a actuar. Pero resulta, igualmente, deseable que no se deje avanzar el tiempo sin determinar un curso de acción habida cuenta de que, en casos como este,  la indefinición puede ser aún más dañina. Por el momento, lo que parece claro es que la tendencia mayoritaria de los expertos apunta a señalar innumerables deficiencias y contradicciones del fallo. Mucho más que sorpresa causa leer que la CIJ se haya ido a tal extremo en la aplicación de un criterio de equidad, que la línea que pretendió ajustar al final resultó ser una herradura que no tiene nada que ver con aquella. Como también que su voluntad fuera acudir a criterios de proporcionalidad que dejaron de lado su propia jurisprudencia. Y que el asunto del acceso a los recursos naturales no se trate como una cuestión relevante, además de que se restrinja la jurisdicción marítima de San Andrés y Providencia haciendo caso omiso del derecho de las islas a la plataforma económica. Adicionalmente, es apenas natural, no patrioterismo, según lo dicen algunos, que los colombianos sintamos indignación a raíz del desconocimiento de la unidad histórica del archipiélago y que se hayan ignorado tratados de Colombia con terceros Estados. En procura de llegar a un resultado equitativo, que fue lo que la CIJ buscó, acudiendo a criterios sin precedentes, desestimó circunstancias que tenían y tienen especial relevancia para Colombia tanto por el ejercicio continuo de soberanía en las áreas materia del fallo,  como debido a los derechos, bienestar y oportunidades económicas de los raizales, la lucha contra el problema  mundial de la droga, y los equilibrios que se desprenden de la delimitación marítima en el Caribe. Colombia no puede apresurarse a aceptar el fallo de la CIJ sin que exista previamente total claridad acerca de  la complejidad de las implicaciones para nuestro país. Tampoco debe desestimar ninguna de las alternativas que están consagradas en el Derecho Internacional y el estatuto y el reglamento de dicha corte, las negociaciones bilaterales  y la acción diplomática y política ante la Organización de las Naciones Unidas. Es tanto lo que está en juego, que debe actuarse con la mayor energía y decisión, dentro del marco de la legalidad, el cual ofrece no solamente normas si no experiencias de arreglos,  gracias a la mediación y a los buenos oficios,  aún en medio de tensiones políticas muy intensas. El objetivo es defender a Colombia.