Aunque el pebetero de las justas comunales nunca se encendió, el Inderhuila canceló todos los gastos de la organización del evento. Además, canceló por un diagnóstico técnico de las ligas deportivas que nunca se realizó. Por solo revisar un listado de excel la entidad oficial sufragó mes a mes el valor del contrato. Microcorrupción.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanación.com.co
El Instituto de Recreación y Deportes (Inderhuila) le apostó a realizar en el 2019, como una de sus banderas, las olimpiadas comunales. La jornada se realizaría, según la propuesta, con la participación de deportistas de todos los municipios del Huila.
Consecuente con esta iniciativa, su director Carlos Rodríguez celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 063 de 2019 destinado exclusivamente actividades administrativas que demandara la ejecución del programa.
Sin embargo, el pebetero jamás estuvo encendido y el evento deportivo nunca se ejecutó. La falta de recursos para financiar el certamen frustró el popular evento. Entre otras razones porque el proyecto jamás fue gestionado para una eventual cofinanciación.
Sin embargo, el Inderhuila efectúo sagradamente los pagos mensuales por la organización de las olimpiadas que jamás se realizaron. En total canceló 13,30 millones de pesos como si el certamen se hubiera ejecutado.
El caso fue denunciado por los propios deportistas. La Contraloría Departamental del Huila confirmó que “los recursos no cumplieron el fin para el cual se dispuso su gasto, como consecuencia de la ausencia de planeación y previo aseguramiento de los recursos para la financiación del proyecto pretendido”.
“Aunado al hecho de que el proyecto plasmado en virtud del contrato no fue siquiera presentado a Coldeportes por parte del Inderhuila”, señaló.
Enredado informe
Adicionalmente, la entidad suscribió otro contrato con un particular para recopilar y organizar los diferentes documentos técnicos que se requieren como soportes para el seguimiento de las diferentes ligas deportivas acreditadas en la región.
El contratista debía realizar un diagnóstico técnico y administrativo del estado actual de las Ligas del Huila y se obligaba a entregar un cronograma de actividades a realizar dentro de las actividades del deporte asociado.
El afortunado contratista no realizó ningún diagnóstico técnico ni administrativo, ni entregó los documentos pactados. Pero sí recibió los emolumentos pactados.
Solamente se limitó a revisar una lista en Excel (la cual según el supervisor del contrato ya estaba elaborada con anterioridad al contrato) para verificar si las ligas deportivas tienen vigentes sus estatutos y su reconocimiento deportivo.
“No se encontraron elementos probatorios que indiquen la ejecución cierta del contrato”, concluyó la Contraloría. “No obstante, se le efectuaron los correspondientes pagos mensuales fijados en el respectivo contrato.
Detrimento
Aunque los voceros de la entidad intentaron justificar el gasto y la ejecución del contrato de prestación de servicios, la Contraloría confirmó la irregularidad.
En criterio del organismo fiscalizador, en este caso, existe un presunto detrimento patrimonial en los recursos del Inderhuila.
“Los argumentos presentados no logra desvirtuar la observación formulada por este organismo de control, consecuentemente la observación es confirmada, configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, esta última cuantificada en el monto de $13.300.000 que corresponden al valor total ejecutado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 063 de 2019”, precisó la Oficina de Participación ciudadana encargada de atender la denuncia.
El caso fue trasladado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal para que inicie las diligencias que considere pertinentes para la recuperación de los dineros públicos.
Plata perdida
En el segundo caso, relacionado con el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 138 de 2018, también confirmó la anomalía.
“Debido al inadecuado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas al contratista, se presenta una presunta pérdida de recursos cuantificada en total por $5.205.333 que resultan del valor ejecutado en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 138 de 2018, sin que exista evidencia de su ejecución”.
Otros casos
Recientemente, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal a directivos del Inderhuila y a la Liga Departamental de Lucha por supuestas anomalías en la ejecución de un contrato de apoyo para un campeonato.
Como lo registró LA NACIÓN, la Liga recibió los dineros, pero no los ejecutó en su totalidad o por lo menos, no pudo certificar efectivamente la inversión de todos los dineros públicos.
El convenio de apoyo y cooperación 075 fue firmado el 9 de diciembre de 2011 por un valor de 27,25 millones de pesos.
El convenio estaba dirigido a financiar un campeonato regional de lucha en Neiva en la categoría infantil, cadete y junior.
Con estos recursos la Liga debía asumir la alimentación, transporte, juzgamiento, logística, hidratación, premiación, implementación deportiva y entrega de uniformes para los deportistas participantes. Sin embargo, no todos los gastos se ejecutaron para los fines previstos.
Los recursos económicos aportados estaban destinados única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del convenio. Pero no se hizo. La Liga no demostró el suministro de alimentación, el suministro de licras con estampado, el transporte y el suministro de 50 sudaderas, chaquetas ni camibusos.
Imputación
Por este hecho la Contraloría le formulación imputación al ex director del Inderhuila, Carlos Rodríguez, a la supervisora, Elizabeth Leal Ávila y al representante legal de la Liga, Miguel Ipúz Gutiérrez.
De conformidad con la ejecución de los dineros según las facturas y cuentas de cobro que reposan en el expediente la liga en virtud de un convenio 075 debía ejecutar esas actividades, pero además rendir cuentas.
Sin embargo, la Contraloría Departamental reportó irregularidades en la ejecución del convenio concluyendo que no se cumplió cabalmente con las obligaciones del contrato. Las cuentas de cobro no estaban debidamente soportadas con los contratos de prestación de servicios y suministros, ni presentaban la totalidad de los soportes de los pagos efectuados. Tampoco se confirmó la existencia de soportes que prueben la destinación de la totalidad de los recursos entregados en virtud del convenio de apoyo.
Cena polémica
Pero no solo en este caso hubo anomalías. Igualmente se detectó otro faltante por 3,48 millones de pesos, por cenas que se pagaron pero que al parecer no fueron suministradas.
El Inderhuila contrató una cena de integración para el grupo deportivo más destacados. El acta de inicio se firmó el 28 de diciembre y acta de terminación 29 de diciembre del 2017 por la suma de 9,39 millones de pesos. De entrada, la entidad canceló la suma del 5,98 millones al firmar el acta de aceptación de la invitación por concepto de 230 cenas en razón a $26.000 cada una.
Al verificar el listado de asistencia a la cena, la Contraloría encontró que únicamente aparecieron registrados 96 asistentes.