Un nuevo Código Electoral es un imperativo, debe ser de fondo y sin riesgos en el trámite como ocurrió en 2020, que por la premura se aprobó en sesiones extras y fue su tumba. La Corte Constitucional acaba de echar abajo dicha Ley Estatutaria argumentando que este tipo de normas no se pueden tramitar más allá de las sesiones ordinarias.
El código electoral que tumbó la Corte tenía cosas buenas como la paridad en la conformación de listas a corporaciones públicas, implementaba el voto electrónico y buscaba establecer mayor vigilancia a las encuestas y a las encuestadoras. Dentro los aspectos polémicos estaba el aumento de nómina al interior de la Registraduría.
Ante esta circunstancia, nos quedamos sin un instrumento moderno, el código actual es obsoleto, expedido antes de la Constitución del 91, luego es una oportunidad de oro para el nuevo Gobierno en cabeza de quien sea, acometa una verdadera Reforma Política en donde se incluya la reforma estructural al sistema electoral, máxime cuando hoy está en juego la legitimidad misma de los procesos electorales. Desde ya es menester que los candidatos presidenciales se comprometan con la propuesta, sin tanta concertación con los partidos porque éstos desdibujan la posibilidad de cambio.
Lo que hay no sirve, un sistema presidido por un Consejo Electoral integrado por representantes de los partidos y elegidos por el Congreso, totalmente politizado, sin autoridad para vigilar a quienes los eligen, y de ñapa sin instrumentos para definir impugnaciones, como tampoco eficacia en la vigilancia de la financiación de las campañas. El problema es de fondo, se requiere mucho más que tímidas iniciativas. Financiación estatal total, efectivos controles para que los topes de financiación no sean ‘rey de burlas’, y tendría que ir acompañada de listas cerradas y del voto obligatorio, recogiendo lo positivo del código fallido.
Todo el mundo sabe que hay compraventa de votos y de dirigentes de todos los pelambres, quienes han visto en las elecciones una oportunidad económica. Hay abuso de poder de quienes lo ostentan para beneficiar causas electorales cercanas donde impera el nepotismo, y su círculo cerrado, excluyendo de oportunidades a nuevos actores de la vida política local, regional o nacional.
Hoy más que nunca toma relevancia la iniciativa del jurista y exmagistrado, Alberto Yepes Barreiro, de crear la Corte Electoral, independiente y autónoma, cuyos integrantes sean ajenos a la injerencia de los partidos y el Congreso, dotada de instrumentos legales para poner en cintura a quienes violen el régimen de financiación de campañas y en tiempo real resuelvan las impugnaciones de los candidatos a corporaciones públicas o elecciones uninominales. Esta Corte es la que debe elegir al Registrador.