Ordenan ‘carcelazo’ contra directiva de Colpensiones

La orden de arresto ordenada por un juez del circuito de Neiva, se dio tras un incidente de desacato de fallo de tutela por parte de Colpensiones.
Una orden de arresto por tres días impuso un juez penal del circuito de Neiva contra la gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, Isabel Cristina Martínez Mendoza, tras un incidente de desacato interpuesto por una mujer de 75 años de edad, que viene reclamando su pensión desde hace varios años.

Por incumplir un fallo de tutela interpuesto por una mujer neivana de 75 años de edad, que reclama su derecho a acceder a la pensión, un juez penal del circuito de Neiva ordenó tres días de arresto contra la gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, Isabel Cristina Martínez Mendoza.

La decisión de ordenar el ‘carcelazo’ contra la funcionaria de la entidad pensional, fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, tras resolver un incidente de desacato de tutela interpuesto por Bárbara Hernández, una humilde mujer que reside en el barrio El Obrero, suroriente de la capital huilense, y que lleva más de 10 años esperando la pensión.

Pese a que el despacho le reconoció a Hernández su derecho mediante fallo de tutela hace más de 10 meses, la entidad no ha tramitado la pensión de la mujer, que pese a su edad sigue laborando como aseadora en uno de los edificios del centro de la ciudad, según sus familiares debido a que su trabajo es la única fuente de ingresos.

“La gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones, Isabel Cristina Martínez Mendoza, incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por este juzgado el 3 de septiembre de 2012, incoado por la señora Bárbara Hernández dentro del presente trámite constitucional de amparo y conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, señala la decisión del despacho.

Además de la orden de arresto por tres días, que según la decisión judicial deberá cumplir en el Comando de Policía más cercano a su lugar de residencia, la funcionaria tendrá además que pagar una multa de un salario mínimo mensual vigente.

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