La Nación
INVESTIGACIÓN

Ordenan investigar a Gorky por desacato judicial

Ordenan investigar a Gorky por desacato judicial 1 5 agosto, 2020

El Consejo de Estado ordenó investigar al actual alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por la omisión de los últimos cuatro antecesores que no cumplieron un fallo judicial. Empresas Públicas y la CAM fueron exoneradas de la sanción.

 

RICARDO AREIZA

Confirmado. Al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, le tocará responder por las omisiones de los últimos cuatro antecesores que pasaron de agache, la reubicación de las invasiones en la Comuna Ocho, y la grave contaminación que vienen generando.

El Consejo de Estado, ordenó que el mandatario neivano tendrá que iniciar las acciones para frenar la contaminación de la quebrada ‘La Torcaza’, proveniente de las invasiones que ocupan sus entornos.

Ante el reiterado incumplimiento de los últimos alcaldes, el funcionario podría ser sancionado con multa, conmutable en arresto, si tampoco acoge las órdenes para reubicar las invasiones de ese populoso sector  y contener la degradación ambiental y la calidad de vida de sus pobladores.

Los reclamos

La acción popular fue instaurada por el ciudadano José Miller Campo Soto en contra de la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena  (CAM).

El líder ambientalista reclamaba la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas.

Además, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.

Según el autor de la acción ciudadana, las invasiones o asentamientos Divino Niño, Buenos Aires, La Nacional, y los barrios Rafael Azuero y La Paz, contaminan la quebrada La Torcaza (La Tórtola) situada en la Comuna  Ocho, en el suroriente de la capital huilense.

“Esos asentamientos precarios están acabando con la fuente hídrica, afectan las especies nativas y desmejoran las obras de recuperación y embellecimiento realizadas riberas abajo, por grave omisión de las entidades públicas”, insistió Campo Soto. La acción judicial prosperó pero por omisión de los últimos alcaldes, no se ha adoptado las medidas para contener las afectaciones.

 

Alcances del fallo

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 20 de mayo de 2005 protegió los derechos fundamentales invocados. El fallo ordenó a la Alcaldía  de Neiva que inicie el proceso de legalización de los asentamientos del Divino Niño, Buenos Aires y La Nacional, en la Comuna Ocho, ajustándose a las normas legales y reglamentarias de desarrollo urbano, esto es, proporcionándoles una infraestructura vial y de servicios públicos, con prevalencia de la calidad de vida de sus habitantes.

En caso de que la legalización no cubra a la totalidad de las familias de los asentamientos, deberá el ente municipal reubicarlas en otro sector de la ciudad, garantizándoles así su derecho a una vivienda digna.

Desde esa época, los alcaldes no cumplieron, comenzando por Cielo González Villa, en ejercicio cuando salió el fallo; sus sucesores, Héctor Aníbal Ramírez; Pedro Hernán Suárez y finalmente Rodrigo Lara Sánchez, quien ejercía el cargo cuando se presentó el incidente.

El fallo ordenó a las Empresas Públicas de Neiva que adopte las medidas que técnica y ambientalmente sean procedentes para direccionar las aguas negras o servidas generadas por los asentamientos Buenos Aires y La Nacional, sin que estas afecten otros sectores. El plazo para ejecutar las obras era de seis meses.

Igualmente le ordenó a las Empresas Públicas de Neiva las actividades de limpieza y mantenimiento de los ductos existentes en la Comuna 8; la ubicación de contenedores para el depósito de basuras en lugares de fácil acceso para los vehículos recolectores-

A la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM también le ordenó que inicie y lleve a efecto programas de descontaminación de la quebrada La Torcaza, realizando trabajos de limpieza en forma periódica de acuerdo a las necesidades ambientales, así como campañas educativas dirigidas a los habitantes de la Comuna 8 de esta ciudad, en cuanto al manejo, recolección y disposición de basuras.

Ordenan investigar a Gorky por desacato judicial 2 5 agosto, 2020 Ordenan investigar a Gorky por desacato judicial 3 5 agosto, 2020

Confirmación

La decisión judicial de primera instancia fue apelada por la alcaldesa de la época. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de septiembre de 2009 adicionó los alcances del fallo, confirmó las medidas adoptadas y ordenó la recuperación del área de ronda de la quebrada La Torcaza, invadida por asentamientos y amplió a un año para cumplir el fallo.

Además, exhortó a las comunidades asentadas en ese sector para que se abstengan de arrojar basuras al lecho de la fuente hídrica en peligro. Igualmente instó a las autoridades para que imponga las multas a quienes persistan en la contaminación. Ninguna de las órdenes judiciales se cumplió.

 

Desacato

El 7 de julio de 2015, durante la administración de Pedro Suárez, la dirigente del sector Yolanda Claros de Quintero, solicitó al Tribunal Administrativo del Huila la apertura del trámite incidental, por cuanto consideró que diez años después, las decisiones judiciales proferidas no se han cumplido, mientras se acrecentaron las condiciones de contaminación y proliferación de nuevos asentamientos.

El año pasado, acogiendo esa petición, el Tribunal Administrativo del Huila resolvió el incidente de desacato verificando el incumplimiento de las medidas.

El auto fue notificado el 12 de diciembre de 2019 al alcalde en ejercicio, Rodrigo Lara Sánchez, quien debía responder por las omisiones de sus antecesores. La corporación lo sancionó con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales.

Las Empresas Públicas y la CAM fueron eximidas del desacato.

La sanción fue enviada en grado de consulta al Consejo de Estado, organismo que se pronunció de fondo, extendiéndola ahora al actual alcalde Gorky Muñoz Calderón.

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Rodrigo Lara, ex alcalde, se salvó

Nuevo incidente

El caso le correspondió al consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, quien resolvió el incidente.

Las normas vigentes disponen que quienes incumplieren una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de 50 salarios mínimos mensuales conmutables en arresto hasta de seis meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

Una vez impuesta la sanción, ésta será consultada ante el superior, quien deberá verificar si resulta proporcionada y adecuada para el proteger el debido proceso del incumplido.

Según el magistrado, no es suficiente para sancionar, el que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia o renuencia de quienes estaban encargados de su cumplimiento.

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A pesar de dos fallos de fondo, la Alcaldía no ha logrado frenar la contaminación de las fuentes hídricas en la Comuna 8.

Ahora Gorky

En el caso concreto, el alto tribunal constató que el sancionado Rodrigo Lara ya no ostentaba el cargo de Alcalde de Neiva, por cuanto esa posición es ejercida actualmente por Gorky Muñoz Calderón.

“El objetivo del desacato no es el de imponer una sanción, sino el de lograr el restablecimiento del derecho vulnerado”, aseguró el magistrado.

“Teniendo en cuenta que el señor Rodrigo Lara Sánchez no ostenta en la actualidad el empleo público de Alcalde de Neiva,  para la Sala es claro que esta persona no puede ser sujeto pasivo de la sanción interpuesta inicialmente por el a quo, en tanto que se encuentran imposibilitado para dar cumplimiento a las sentencias proferidas dentro del proceso que nos ocupa”, anotó.

“En razón a que la ejecución de las órdenes judiciales incumplidas se encuentra directamente relacionada con la investidura del cargo que ocupaba el sancionado al momento de aperturarse el incidente de desacato”.

“Por tal razón, la Sala dispondrá revocar la providencia de 3 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en tanto sancionó al señor Rodrigo Lara Sánchez, para, en su lugar, disponer que se inicie un nuevo incidente de desacato en contra del señor Gorky Muñoz Calderón, en su calidad de Alcalde del municipio de Neiva o de quien haga sus veces, con miras a lograr el cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro de la acción popular”, concluyó el consejero Roberto Augusto Serrato.

En estas condiciones, le ordenó al Tribunal Administrativo del Huila que inicie el nuevo trámite del incidente de desacato en contra del señor Gorky Muñoz. ¡Amanecerá y veremos!

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El área de la afectación