Por tercera vez, fue suspendida la audiencia de práctica de pruebas en el juicio disciplinario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y tres de sus funcionarios. El abogado de tres de los investigados recusó a la Procuradora Delegada que adelanta el proceso. La funcionaria rechazó la solicitud.
Rafael Rodríguez C.
Recusar a la procuradora que adelanta el juicio disciplinario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y tres de sus funcionarios, fue la nueva jugada de la defensa de los servidores públicos, para que se suspendiera por tercera vez la audiencia de práctica de pruebas.
La suspensión de la diligencia fue anunciada ayer por la procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia e Integridad, Claudia Fabiola Medina Aguilar, al no declararse impedida para seguir con el proceso disciplinario y rechazar la recusación que le hizo el abogado Ricardo Gómez Mancera.
El profesional del derecho argumentó en la solicitud de impedimento y recusación, que la procuradora prejuzgó a sus defendidos Armando Cabrera Rivera, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo; Camila Mercedes Ortega Suárez, secretaria de Mujer, Equidad e Inclusión y Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación.
Los tres funcionarios junto con el alcalde Gorky Muñoz Calderón son investigados disciplinariamente por presuntas irregularidades en la firma de cinco contratos para atender la emergencia generada por la COVID-19.
La entidad, indicó que los contratos firmados tenían como objetivo la elaboración de una campaña para la prevención del COVID-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Los otros consistían en la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones.
Al parecer, se presentaron presuntos sobrecostos en la campaña para prevenir el contagio del virus y en la compra de los mercados para la atención de los adultos mayores.
Igualmente, se investigan posibles irregularidades en la planeación para brindar atención integral a los habitantes de la calle, pues se habría firmado antes de que se radicaran los estudios previos, y el contratista seleccionado no cumpliría los requisitos de capacidad y experiencia requeridos.
“Ya nos dijo claramente cuál es el destino del fallo”
El abogado Gómez Mancera manifestó que la procuradora Claudia Fabiola debía declararse impedida para adelantar el proceso disciplinario, ya que había prejuzgado a sus defendidos desde el pliego de cargos y al resolver las nulidades, el pasado 18 de diciembre de 2020, que él planteó.
“Es motivo de preocupación para esta defensa como quiera que con el mencionado pronunciamiento prejuzgó y dio a conocer la parcialidad de su pensamiento, anunciando su tesis y sentido de la decisión de primera instancia, desconociendo las normas que rigen la contratación para la urgencia manifiesta…”, dijo el profesional del derecho.
Sostuvo que, de no declararse impedida, la recusaba para que siguiera en el proceso, al señalar que la funcionaria con la interpretación de la exigencia de estudios previos de los contratos por los que son investigados los tres funcionarios, “hacen que su señoría “al decir de la Corte Constitucional” sea un juez subjetivamente “incompetente” que no le permite proceder y juzgar con absoluta rectitud, apartada de su pensamiento, a propósito marcado por la manera de defender el tema sometido a su juzgamiento y acertado por su entera voluntad, pues es evidente que traducida ya nos dio a conocer, ya nos dijo claramente y sin ambages cuál es el destino del fallo disciplinario que les espera a mis defendidos, por lo que se torna inocua la controversia argumentativa de la defensa y con mayor rango la controversia probatoria que del lado nuestro podamos presentar”.
“La defensa está retrasando el proceso”
La procuradora Claudia Fabiola, por su parte, no solo no se declaró impedida ni aceptó la recusación, sino que le hizo un llamado al abogado Gómez Mancera para que deje que el proceso transcurra normalmente. “La procuradora no acepta la recusación presentada por el abogado, porque no existe fundamento fáctico ni jurídico, que configure las causales…”.
Sostuvo que le llama la atención al despacho del organismo de control que los mismos argumentos que expuso para el impedimento y recusación, sean los mismos con los que argumentó las nulidades presentadas el 14 de diciembre de 2020 y que fueron resueltas cuatro días después. “En ambos casos la argumentación no corresponde estrictamente a las figuras de nulidad o recusación, sino a argumentos de defensa de descargos que debería presentarse en otro momento procesal como la versión libre o los alegatos de conclusión…”, explicó la Procuradora.
La funcionaria hizo un llamado al defensor para que no retrase las diligencias y perjudique no solo el proceso disciplinario sino a los demás implicados en él. “El resultado con esta reiteración del argumento, que se está logrando, es el de extenderse sin justificación este trámite procesal, ya que la controversia de la defensa en contra de los cargos que está presentando retrasa la actuación innecesariamente, afectando otros sujetos como los declarantes que están presentes”, expresó la Procuradora.
Precisó que rechaza las solicitudes de impedimento y recusación, ya que sus pronunciamientos están basados en argumentos jurídicos presentados de manera abstracta “tanto en el auto de citación de cargos como en la resolución de la nulidad, no supone ningún prejuzgamiento ni compromete mi imparcialidad como falladora para la toma de una decisión definitiva”.
Sostuvo que no es posible para el despacho aceptar la solicitud de la defensa ya que su tesis no es ninguna apreciación subjetiva ni caprichosa “es una tesis jurídica que sustenta ambas piezas procesales y que tiene amplio sustento jurisprudencial y normativo”.
Aseguró, además, que como procuradora delegada y funcionaria encargada de decidir el proceso disciplinario, no solamente está en la libertad sino es su deber de plantear el marco del proceso y los cargos formulados. “Es mi deber sustentar los cargos que se formularon en el auto…los cargos formulados como en todo proceso plantean una posibilidad disciplinaria que luego se confirma o se rechaza en la decisión final del proceso que depende de la práctica de pruebas y de los argumentos de descargo”.
La procuradora Claudia Fabiola Medina luego de no declararse impedida y no aceptar la recusación, anunció que la actuación disciplinaria será remitirá al superior jerárquico y suspendió la diligencia.