Por: Francisco José García Lara.
Se nos está volviendo moda, por cuenta de los vaivenes de la justicia cada vez que un funcionario o personaje reconocido logra una decisión a su favor, así el delito se haya cometido, sale a echarnos en cara su libertad aunque continúe vinculado al proceso.
Eso está pasando con el conocido caso de la compra de la elección del contralor y la personera de Neiva, que luego de que con bombos y platillos la fiscalía, basada en grabaciones y pruebas que evidenciaban de manera incontrovertible que la elección de los dos funcionarios había sido a cambio de dinero y prebendas, imputó a varios concejales, exconcejales, exfuncionarios de la universidad surcolombiana, un diputado en ejercicio y particulares,
Pero ahora resulta que la justicia tiene dudas, le parece que las pruebas no son suficientes para considerar que los imputados son responsables del hecho, concluye que alguien compró la elección pero los posibles vendedores no tuvieron nada que ver en los hechos y muchos menos existen argumentos para mantenerlos detenidos, bien sea en la casa o en la cárcel.
Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y a ser vencidos en juicio, eso es fundamental en un estado de derecho, pero también los ciudadanos tenemos la legítima posibilidad para cuestionar lo que sucede, mucho mas cuando a manera de espectáculo nos presentaron evidencias que demuestran de manera contundente que hubo un acto ilícito.
Entonces, existiendo la claridad sobre la compra de la elección, los delincuentes son los que la compraron y los que vendieron, no una sola parte, y con las pruebas mostradas, ninguna de ellas completamente desvirtuada por los imputados, estos no deberían regresar a la calle, ni mucho menos permitirles volver al ejercicio de cualquier función pública, al menos mientras finaliza el proceso.
Reiterando que existe la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, las pruebas mostradas revelan que existen indicios graves e incontrovertibles de la vinculación de los imputados en los hechos, por tanto no pueden ahora salir a vanagloriarse de haber quedado en libertad y de poder regresar a sus cargos, siguen involucrados en el proceso y su honorabilidad está en absoluta duda.
Pero ante todo que no se imaginen que les debemos, ¡ni más faltaba!, son ellos los que están en deuda con las responsabilidades que sus cargos les exigen, llegaron a ellos por voluntad popular y hasta que no desvirtúen de manera contundente las pruebas conocidas deberían abstenerse de cualquier alarde por estar en libertad.
garcia.francisco@javeriana.edu.co