La Alcaldía de Neiva aún no se pronuncia frente a las presuntas irregularidades que denunció la Personería Municipal acerca de la adjudicación del contrato que supera los $13.000 millones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La única oferta presentada y que se quedó con el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Neiva levantó varias dudas al interior de la Personería Municipal, que las enunció una a una y anunció medidas como ente garante de derechos.
Al personero de Neiva, Kleiver Oviedo, le causa suspicacia el consorcio Unión Temporal UT CBS 2022, cuyo representante legal es Manuel Fernando León, uno de los grandes contratistas de Norte de Santander.
El contrato comprende 100 días, mientras que en el 2021 fueron 180, pero será por un monto similar superior a los $13.000 millones. “Es una suma cuantiosa para los recursos de nuestra ciudad”, dijo el personero.
El año pasado se tasó un almuerzo de $2.688 y ahora esta ascendió a $4.575, observando un alza del 64%. “Por ejemplo, el complemento nutricional el año anterior estaba a $1.828 y hoy está en $3.301, que equivale a un aumento del 55%, allí nosotros nos preguntamos cómo si en el 2021 contrataron nueve meses hoy solamente serán cinco”.
Otro de los aspectos que señaló es el inicio de clases que fue el 24 de enero y la tardanza de 20 días en la entrega de las raciones acontecido el 14 de febrero. Curiosamente uno de los socios de la Unión Temporal UT CBS es el mismo que venía operando el PAE, precisamente la Corporación Social Buen Corazón.
Malas experiencias
La Unión Temporal UT CBS 2022 está conformada por la Corporación Social Buen Corazón y Strategy Co. SAS.
La Corporación Social Buen Corazón tiene sede principal en Bogotá, nació hace 17 años en Sincelejo (Sucre), pero se extendió a varias regiones del país principalmente en Santander y Norte de Santander, donde se consolidó como otro de los grandes operadores de la alimentación escolar.
La entidad nació como Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa, que operó en la costa caribe. Luego llegó a Norte de Santander, pero por los múltiples escándalos en materia de contratación la corporación cambió de nombre el 11 de julio de 2018; un mes después de que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al entonces gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado, a la gobernadora encargada Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación María Fabiola Cáceres Peña.
El cambio de nombre quedó registrado en la Cámara de Comercio bajo el radicado 033066958. Actualmente siguen como directivos de la Corporación Social Buen Corazón, David Enrique Conde Calderón y Camilo Andrés Ramírez Numa.
Por su parte Strategy Co. SAS de Norte de Santander está representado por Manuel Fernando León Castillo, cuyo socio estratégico es David Enrique Conde Calderón que a su vez también es el representante legal de la fundación Corporación Social Buen Corazón, “o sea que es una unión temporal de yo con yo”, dijo el personero.
El temor del personero se remonta a las irregularidades ocurridas en el 2020 cuando se contrató con una empresa del Charco, en Nariño, tema que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la Nación y el próximo 27 se realizará la formulación de imputación de cargos contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y otros de sus funcionarios.
La adjudicación a la Unión Temporal UT CBS 2022 se dio el pasado lunes 28 de marzo. La Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Educación realizó la audiencia de adjudicación de la licitación pública, proceso MNSEMLPCPS-002-2022, convocada para prestar el servicio PAE.
De acuerdo con la Alcaldía, durante la audiencia se evaluó la única oferta presentada por el consorcio Unión Temporal UT CBS 2022, cuyo representante legal es Manuel Fernando León, que cumplió con los cinco factores evaluadores: técnico, económico, apoyo a la industria nacional, adquisición de productos locales y puntaje por trabajadores con discapacidad.
Con el contrato por un valor superior a los $13.000 millones, se cubre el suministro de alimentos a 38.091 beneficiarios del PAE, quienes previamente han sido priorizados dando cumpliendo a la población a atender, teniendo en cuenta los cuatro criterios explícito en la resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021, por las instituciones educativas, con los requisitos de pertenecer a los estratos 1 y 2, y que se encuentren registrados en el SIMAT.
LA NACIÓN intentó conocer la respuesta por parte del secretario de Educación, José Paúl Azuero pero tras insistir, no fue posible. Se limitó a decir que están “trabajando en las aclaraciones para responder de acuerdo a los conceptos técnicos, jurídicos y financieros”.