El país no puede ignorar las casi 80 masacres con cerca de 300 víctimas fatales que se registraron en 2024 a lo largo y ancho del territorio colombiano, la mayoría asociadas a la ‘explosión’ de grupos ilegalmente armados, algunos de ellos en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
Si bien ha habido una reducción en el número de muertos en esta clase de hechos de sangre en comparación con 2023 –cayeron de 303 a 267–, el panorama no es para alegrarse, ya que no representa un mejoramiento ostensible en la seguridad de varias regiones del país. Cada masacre perpetrada, además del dolor que genera para los familiares de las víctimas, constituye zozobra para comunidades enteras.
De acuerdo con la organización no gubernamental Indepaz, el suroccidente colombiano es la zona en donde más hubo masacres el año pasado. Además del Cauca, el Valle del Cauca fue escenario de 10 masacres u homicidios múltiples. Hubo además incrementos de esta clase de episodios violentos en regiones como Norte de Santander, Caquetá, Santander, Bolívar y el Huila.
En el caso concreto del departamento del Huila, según Indepaz, se presentaron cuatro masacres, dos más que en 2023. Estas cuatro masacres dejaron 14 víctimas fatales. Y como muchos saben, estos hechos estuvieron relacionados con el acecho y dominio territorial que han buscado mantener las disidencias de las Farc, a través de sus múltiples vertientes lideradas por ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ e ‘Iván Márquez’.
Aunque hay que destacar los esfuerzos emprendidos por las autoridades huilenses en cabeza del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera para contener las intenciones criminales de varios de estos grupos armados, la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, ha estado en mora de ofrecer resultados en materia de investigación y judicialización de los determinadores y presuntos responsables de estas masacres.
La impunidad, evidentemente, favorece la repetición de las masacres y de otras conductas criminales como los homicidios selectivos, los secuestros, los atentados terroristas, las extorsiones, las desapariciones forzadas y los desplazamientos, entre otras. Los huilenses y los colombianos en general siguen a la expectativa de lo que en este sentido pueda hacer la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, quien llegó a este alto cargo el 22 de marzo de 2024.
