Por: Yefer Vega
Hasta los propios defensores derechos humanos como José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, han señalado que la prolongación indefinida de los bloqueos es contraria a la protesta social pacífica. Ello es así por dos razones: por un lado, porque los bloqueos a largo plazo dejan de ser simplemente disruptivos y empiezan a ocasionar riesgos para la vida y la seguridad alimentaria de las comunidades. Por otro lado, porque al radicalizarse, los bloqueos indefinidos y prolongados legitiman el uso de la fuerza por parte de las FFMM, lo que pone en riesgo la vida y la integridad física de todos los que se hallan en medio de las confrontaciones. Por este motivo, existen razones constitucionales para que los bloqueos se empiecen a desmontar cuanto antes.
Según cifras del Ministerio de Defensa desde el 28 de abril y hasta 22 de mayo se han registrado 2.284 bloqueos en las vías. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Valle, Nariño y Putumayo; también, Huila, Quindío, Caquetá, Cundinamarca, Santander, La Guajira, entre otros. Hay dificultades de movilización en 29 de los 32 departamentos de Colombia, y para muchas personas se ha vuelto una tarea titánica desplazarse a sus lugares de trabajo, ir al médico, conseguir una medicina, ir a estudiar, o simplemente, abastecerse de mercado. Puertos como el de Buenaventura, que mueve el 47% del comercio exterior colombiano -en contenedores- se encuentra paralizado y bajo un riesgo de seguridad.
Es un error considerar que los bloqueos prolongados indefinidamente son un ejercicio legítimo dentro de la protesta, pues a la larga terminan perjudicando a todo el país y creando escenarios proclives a la violación de derechos humanos. Los bloqueos de las vías del país han generado pérdidas billonarias, para los diferentes sectores de la economía, siendo los más afectados el comercio, la industria, el transporte y el sector agropecuario. Según la Defensoría del Pueblo, “el sector productivo campesino está al borde la quiebra: 350.000 familias papeleras, 450.000 cafeteras, 52.000 cacaoteras y 29.0000 paperas, y 651.000 empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura”.
En los últimos días, los alcaldes, gobernadores y la fuerza pública han trabajado en la recuperación de las carreteras, pero en algunas ocasiones ha sido necesaria la intervención del Esmad. Aunque en primera instancia, se busca una mediación entre las autoridades y los manifestantes para que levanten los bloqueos, cuando esto ya no es posible debe intervenir la fuerza pública. Se han implementado estrategias positivas, como las caravanas de seguridad, donde las autoridades hacen un acompañamiento, con el fin de buscar alternativas que permitan restablecer, por medio de corredores humanitarios, el flujo de alimentos y productos de primera necesidad.
Los bloqueos prolongados e indefinidos dejan de ser una expresión protegida por el derecho a la protesta y a la reunión pacífica y pasan a convertirse en un atentando contra los derechos de los colombianos, lo que además tiene el efecto perverso de generar la animadversión sobre la movilización social.
En el país hay miles de niños y niñas que no han podido ir a estudiar. Para muchos de ellos, los programas de alimentación PAE constituyen su principal fuente de alimentación. En varias zonas del país, el desabastecimiento empieza a ser preocupante. De acuerdo con las cifras de la SAC, el sector agrícola tenido perdidas por alrededor de 1,7 billones de pesos. A esto se suman las pérdidas de los miles de campesinos que no han podido vender sus cosechas, la muerte de 12 millones de aves –según FENAVI-, los alimentos dañados, la leche derramada, la producción estropeada. No podemos seguir presenciando escenas de personas enfermas que no han podido desplazarse para sus tratamientos, o que han tenido restricciones para conseguir sus medicinas; y desabastecimiento de los hospitales donde no han podido llegar los insumos médicos.
Desde una perspectiva de derechos humanos y, de hecho, con el fin de proteger el derecho a la protesta pacífica es urgente que cesen los bloqueos. Varios hemos señalado que el camino para atender esta crisis es el diálogo social. Por este motivo, desbloquear las vías del país mostraría la voluntad de negociación de los manifestantes y nos permitiría mover el foco de atención, que se ha concentrado en los últimos días en la indignación que producen los daños, a los problemas estructurales de justicia social que dieron origen a estas jornadas de protesta.