Con este arancel que no aplica para personas que no declaran renta, la Rama Judicial percibiría alrededor de 70 mil millones de pesos al año en procesos civiles y ante el Contencioso Administrativo, cuando el demandante sea un particular.
"El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Sin embargo, por tratarse de un pago que no se exigía sino hasta que se finalizara el proceso, estaba siendo evadido por las partes. Lo que hicimos fue convertirlo en una medida que se tome desde el comienzo del proceso", indicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
La funcionaria explicó que los recursos recaudados serán destinados a la descongestión de los despachos judiciales, al fortalecimiento de los procesos orales y a la consecución de infraestructura técnica y tecnológica de la Rama Judicial.
Conciliación
"Con esta nueva Ley se establecen medidas que incentivan la conciliación de los litigios y que las partes puedan negociar y llegar acuerdos antes de llegar a la demanda. De esta manera, la instancia ante la Rama Judicial no podrá ser utilizada como mecanismo de presión para hacer valer sus pretensiones económicas", indicó la Ministra. Explicó que este será un mecanismo clave para evitar las demandas temerarias.
Como en todo proceso judicial, al final del proceso el pago del arancel será asumido por quien pierda la demanda. Sin embargo, la ley establece que asume este costo quien pierda la demanda siempre y cuando declare renta. De lo contrario, el costo lo asume el demandante.