Las últimas noticias para quienes ejercemos la oposición no son nada buenas. Ayer, El Colombiano develó lo que al parecer sería una estrategia desde la Administración por Sobresaltos para “atacar a los medios a los que desde RTVC les dan el calificativo de ‘corporativos hegemónicos’ en las transmisiones y las cuentas oficiales del canal de televisión público”. En últimas, lo que pretenderían es golpear, criminalizar, judicializar y silenciar a la oposición.
Según el diario, el exfiscal Eduardo Montealegre (de ingrata recordación para quienes gozan de memoria) es el abogado encargado de cargar penalmente contra todo aquel que critique al Gobierno. De acuerdo con lo reseñado por el periódico, se puede inferir fácilmente que desde la Administración por Sobresaltos se busca intimidar el libre ejercicio de la prensa y de la opinión a fin de que la crítica política muera en Colombia, y con ella la democracia.
Esto no resulta una novedad. Y aunque parezca un poco monótono el asunto, lo que viene sucediendo amerita que llevemos tres semanas consecutivas alertando sobre las amenazas que se ciernen sobre la prensa en Colombia. Tanto en “Narcoprensa” como en “¿Por qué Petro odia a la prensa?” llamamos la atención por los constantes hostigamientos, del inquilino de la Casa de Nariño, contra el ejercicio de la prensa y el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La desafortunada noticia confirmaría que el país está al borde de un abismo y así como dijimos hace dos años que la oposición y el derecho a la opinión en Colombia iban a sufrir un daño irreparable, por cuenta del talante antidemocrático de Gustavo Petro, ahora decimos que es momento de rectificar el error histórico de 2022 desde el marco institucional y/o por las vías electorales.
En el marco institucional está el llamado “juicio político a Petro” con los consabidos efectos y temores que genera el asunto en el país político aun cuando es una instancia que contempla la misma Constitución del 91 en el marco del Estado Social de Derecho; por las vías electorales están las elecciones de 2026 en las que millones de colombianos que (de manera irresponsable e ignorante) votaron cuatro años atrás por la fórmula Petro-Márquez, puedan rectificar y cambiar el destino del país.
Ahora bien, sin llamarnos a engaños en ese 50.4% que eligió a la dupla del desgobierno hay millones de colombianos que de buena fe, fueron asaltados en su ignorancia política. Es a este segmento del electorado al que le corresponde inclinar la balanza del lado de la democracia, las instituciones, la decencia y, sobre todo, de la verdadera paz.
Igualmente, en ese mismo electorado están los idólatras y las ‘las barras bravas’ del petrismo que así las evidencias les digan que vamos rumbo a una dictadura, ellos seguirán repitiendo las mismas insípidas y flojas mentiras que fabrica el bloque en el poder. Es decir, ‘que no dejan gobernar al pobre Petro’, ‘que Petro es el hombre más inteligente, honesto, culto y refinado que ha existido en toda la historia republicana’, ‘que la guerrilla es moralmente superior al paramilitarismo y demás agrupaciones criminales’, ‘que los verdaderos demócratas son Castro, Mao, Stalin, Chávez, Pol Pot o Robert Mugabe, todos abiertamente criminales. En fin, la retahíla es de sobra conocida.
Así, la estrategia de intimidación a la que históricamente Petro ha apelado desde el M-19 hasta nuestros días es lo que siempre ha representado una genuina amenaza para el orden democrático. Constreñir y coaccionar al país para que todo se haga a su entera voluntad es una conducta antidemocrática que si no se rectifica a tiempo y en el marco de las instituciones republicanas; ratificaremos el clásico postulado de la teoría política que indica cómo la democracia, en algunos casos, destruye la misma democracia.