La propuesta del senador Iván Cepeda de sancionar con pena de prisión a quienes obstaculicen los procesos de paz con la tipificación de un nuevo delito denominado “obstrucción a la paz”, le valió fuertes críticas de amplios sectores de la oposición por los riesgos a las libertades que podría generar este nuevo tipo penal.
El proyecto buscaría implantar penas de entre 10 y 15 años y multas de entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos legales vigentes para este tipo de conductas. Según el Senador, la iniciativa pretende sancionar a aquellos que, por ejemplo, roban recursos de la paz, asesinan líderes sociales o activistas que trabajen por la paz. Igualmente, cuando se atente contra bienes que son necesarios en un proceso de paz.
Esta idea puede ser riesgosa, pues si no se precisa específicamente la conducta, cualquier crítica a un proceso de paz podría ser tomada como obstrucción, con lo cual se estaría cayendo en un conflicto con la libertad de expresión y la persecución a quienes piensan diferente.
Ampliar la tipificación de muchas conductas –aun cuando ya estén tipificadas en el Código Penal-, puede llevar consigo varios riesgos y desafíos como la saturación del sistema legal, mayor congestión de los juzgados, tribunales y las cárceles, retrasos en los juicios, aumento del costo en la administración de justicia y, principalmente el crecimiento de la polarización política.
El Estado debe acudir a la sanción penal como “última medida”, ante la imposibilidad de enfrentar la violación de ciertos bienes jurídicos que se consideran importantes en una sociedad. Aumentar la normativa penal podría ser contraproducente.
En un país con una impunidad de más del 95%, seguir penalizando nuevas conductas lleva a aumentar los escenarios de injusticia, a un desgaste institucional y a que el ciudadano siga desconfiando de la eficacia del sistema judicial.
En lugar de penalizar nuevas conductas –muy cercanas a las existentes-, se debería mejor enfrentar los problemas que lo originan, aplicar las normas existentes y optimizar el sistema investigativo y de administración de justicia.