En una nación, con una institucionalidad cooptada por el poder de los intereses de las élites, puede ocurrir lo que a diario ocurre en Colombia. El ordenamiento legal puede convertirse en simple formalismo e interpretarse de acuerdo con las conveniencias y los intereses de los círculos estrechos del poder.
El ordenamiento legal, no siempre es legítimo. Contiene resquicios y ambigüedades que garantizan la satisfacción de los intereses exclusivos de los usufructuarios seculares del régimen.
Como consecuencia de lo anterior y para tales efectos, dispone de instituciones en las que designan o eligen funcionarios con poder suficiente, para proteger el régimen. Los investidos no lo son por méritos académicos, experiencia y probada solvencia intelectual.
Ocurre, por ejemplo con Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Ministerios. Sus jefes de turno, por pactos previos tienen que rodearse de subalternos, seleccionados por la clientela.
La extrema derecha, terrateniente y financiera, domina el poder económico y político. El objetivo ciego es el dominio de la riqueza y derivar de esta, los instrumentos para mantener el poder político y económico.
La filosofía que simula el soporte legal de funciones, de acuerdo con el predicado, es la defensa de los más altos intereses del estado y de los ciudadanos, pero en la práctica no ocurre así. Los hechos y resultados lo demuestran.
Por eso, después de más de 200 años de vida republicana, Colombia luce entre la más atrasadas y corruptas de la región, con los más altos índices de desempleo, analfabetismo funcional, pésima calidad de la educación, pobreza, miseria, violencia, inseguridad y calculada e institucionalizada anarquía generalizada, en todas las ramas del poder público.
¿Cómo resultan elegidos, o designados los representantes y defensores del régimen?
Con fundamento en la más perversa politiquería y clientelismo y corrupción, que hierven en el Congreso y en el poder ejecutivo, donde puede tener desarrollo todo tipo de transacción. Es lo que ha ocurrido con la reforma del sistema de justicia, la privatización de la salud, la privatización de la educación, la feria de los recursos naturales, reformas tributarias, flexibilización laboral, el déficit presupuestal endémico, los abusivos precios de los combustibles, etc.
Por eso, la meritocracia no la practica el régimen y las altas dignidades del poder, generalmente no están regidas por los más honestos y capaces sino por los más funestos y rapaces e incondicionales esbirros del régimen.
Ante el evidente desastre político-administrativo nacional y bajo las perspectivas sombrías, que gravitan sobre el futuro del desarrollo nacional, el constituyente primario debe hacer valer el poder que la constitución del 91, le proveyó.
Puede hacerlo a través de REFERENDOS, y apoyo de organizaciones sociales populares, de vecinos, de profesionales, de gremios populares de base.
El contenido de la consulta(s) (las que sean necesarias), debe ser discutido y estructurado colectivamente.
Debe ser sobre salarios y pensiones exorbitantes, salud, educación, precios de combustibles, tenencia de la tierra, contratación pública, salarios, reelección, etc.
El constituyente primario, debe actuar para definir, ordenar y precisar, desde el ámbito jurídico-legal y constitucional, lo que los usufructuarios del poder del régimen, que dicen representar al pueblo que lo elige, se niegan a hacer. No sigamos de rodillas. ¡Levantémonos ¡
Para el Diario La Nación 25-02-2.017
