Nuevo ‘corto-circuito’ por posible venta de las electrificadoras de Huila, Caquetá, Cauca, Meta y Nariño. La enajenación de las acciones del Gobierno Nacional se haría a través de un convenio interadministrativo, anunció Emcali, la eventual oferente.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa @lanacion.com.co
La eventual privatización de la Electrificadora del Huila volvió a prender la chispa de la polémica. Aunque el año pasado se reportaron fuertes corrientazos en ese sentido, un anuncio oficial le subió el voltaje.
Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) anunciaron hace un mes la posibilidad de comprar a través de un “socio estratégico” cinco electrificadoras del país, entre ellas la del Huila, como estrategia para incursionar como un competidor clave en el mercado energético nacional.
“Es la oportunidad que tenemos de crecer en un mercado de energía, de convertirnos en un jugador importantísimo en el sector de la distribución y comercialización. También nos sirve para el tema de generación”, explicó el gerente General de la entidad, Juan Diego Flórez González.
El funcionario anunció la consolidación de una iniciativa para convertirse en un nuevo grupo empresarial que entraría a competir como un jugador clave en el mercado energético nacional.
Y de esta manera convertirse en la tercera empresa distribuidora del país después de Grupo Energía Bogotá (GEB) y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Bajo voltaje
Ante esa versión, contemplada en el proyecto de reforma tributaria, el 22 de diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo descartó esa posibilidad. El funcionario le informó a los gobernadores de Huila y Meta, que las dos empresas no estaban en venta. Sin embargo, confirmó que efectivamente estaban realizando una valoración de todos sus activos.
El comunicado oficial le bajó el voltaje al debate pero no congeló la iniciativa, que según expertos, sigue en remojo y podría concretarse antes de terminar el actual gobierno.
Sin embargo, el ex congresista Julio Bahamón Vanegas (1981-19959, cofundador del Nuevo Liberalismo y ahora, cercano militante del Centro Democrático, estimó que la iniciativa podría concretarse en los próximos días.
“Es clarísimo, que lo que se está cocinando, subrepticiamente, desde el alto gobierno atañe o compromete los intereses de la región y de otros departamentos vecinos”, aseguró el dirigente político ya retirado.
La negociación, según Bahamón Vanegas, se haría “todo por la vía más expedita, convenio interadministrativo, o fast track, que es lo que está de moda, para quedarse con el santo y la limosna”.
“Vender activos de la nación es procedente, siempre y cuando, esos bienes sean una carga para las finanzas del país, pero cuando esos bienes de capital son evidentemente productivos, se evidencia una flagrante violación a la constitución colombiana”, apuntó Bahamón Vanegas en una carta abierta, solicitando al Gobierno Nacional que se congele esta iniciativa.
Argumento baladí
“No hay una razón de peso que le permita a la nación intervenir y vender estas empresas productivas teniendo en cuenta que el país está presente en al menos 100 empresas que suman un valor patrimonial del orden de los 103 billones de pesos, con el argumento baladí de que el gobierno debe tapar el hueco fiscal con lo que busca, afanosamente, vender las electrificadoras afectando en materia grave los patrimonios regionales”, anotó Bahamón Vanegas.
El 15 de mayo de 2022, cinco meses después de la reunión con el Ministro de Hacienda, el gerente General de las Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez González anunció los avances del proyecto para adquirir la participación accionaria del Gobierno Nacional en las electrificadoras de Huila, Caquetá, Cauca, Meta y Nariño.
“Así se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional que estamos interesados en quedarnos con su participación en estas electrificadoras”, confirmó Mario del Río Uribe, gerente de energía de la entidad.
El funcionario confirmó que antes de presentar la oferta concreta al Gobierno Nacional, contrataron una banca de inversión para escoger a un socio estratégico que les ayude a financiar casi la mitad (49%) del nuevo negocio.
La enajenación se haría a través de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Hacienda y Empresas Públicas de Cali, para facilitar la negociación.
“Empresas Públicas de Cali y otras entidades han usado este mecanismo de los convenios interadministrativos para hacerse a activos atractivos”, explicó Esteban Piedrahita director de universidad Icesi en el mismo informe publicado por Emcali.
En su criterio, sino es así le tocaría regirse por la Ley 226 de 1995 que regula la enajenación de la propiedad accionaria estatal, abrir una oferta a los trabajadores, al sector solidario y luego abrir una licitación, un proceso más demorado y más complejo.
Por si quedarán dudas, la gerente financiera de la empresa caleña Carolina Serna confirmó los alcances del nuevo modelo de negocios. “Con la compra de estas electrificadoras las Empresas Municipales de Cali pasarían de atender 800 mil a 2,5 millones de usuarios, en este servicio”, explicó.
Corto-circuito
Pero no solo Bahamón Vanegas provocó el corto-circuito. También la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y Afines (Aciem) activó las alertas.
“El proyecto ‘Saturday’ pretende que sea una empresa privada que a través de Emcali, tome el control de las electrificadoras en una operación comercial tasada en, por lo menos, 1,5 billones de pesos.
La agremiación, organismo consultivo del Gobierno Nacional, también consideró que la negociación por convenio interadministrativo se podría perfeccionar antes de terminar el gobierno.
“Esa decisión, según las versiones, se estaría tomando en cuestión de días, aseguraron miembros de la junta directiva de la agremiación. El ex gerente de Electrohuila, Hernando Ruiz López, afirmó que el tema ya se revaluó, pero no dio más explicaciones.
El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) confirmó a LA NACIÓN que la propuesta fue anunciada con bombos y platillos por la propia empresa.
“Esa es la intención, comprar esas electrificadoras, pero aun no se ha materializado. Lo que vemos es que ese negocio no es rentable para la empresa. Es un negocio que aparece entre entidades públicas pero que pasa a un inversionista privado que tendría el 49%”, afirmó Harold Viagara, dirigente de esa organización sindical.
La agremiación solicitó al presidente Iván Duque y al alcalde Jorge Iván Ospina “que detengan, de inmediato, esta privatización encubierta”.
La Unión Sindical de Emcali (USE) consideró que en este proceso no ha existido trasparencia.
“Al cierre de este Gobierno, no creo que deba darse un negocio corriendo, ni que el Gobierno nacional le alcance el tiempo para hacerlo. Es una enorme inversión con una débil estructura y falta de muchos estudios para que pueda cerrarse”, declaró el dirigente de USE José Roosevelt Lugo al diario El Tiempo el 24 de mayo pasado.
Prudente silencio
El gerente de la Electrificadoras del Huila Luis Ernesto Luna Ramírez se abstuvo de opinar. “Ese tipo de decisiones las toman directamente los accionistas. Habrá que preguntarle a los ministerios de Hacienda o de Minas, que son los podrán explicar la realidad de las cosas”, declaró.
“Lo que siempre les he comentado: en ese tema no he escuchado nada, obviamente hay una valoración que se está haciendo, estas valoraciones se hacen cada cuatro años y es normal que se hagan para evaluar los activos, pero eso no implicada nada”, subrayó Luna Ramírez.
Valoración
“El ministro de Hacienda nos ha reiterado que no están en venta las electrificadoras, que están haciendo una valoración. Igual le planteamos que si se daba los departamentos hicieran parte de ese proceso”, declaró el gobernador Luis Enrique Dussán luego del encuentro con el ministro de Hacienda.
No obstante, Aciem confirmó que una propuesta presentada en 2021 para realizar la valoración de los activos y las inversiones realizadas por la administración seccional, claves para negociar, fue rechazada”,
Bahamón Vanegas, quien documentó con cifras su reclamación, solicitó al Tribunal Administrativo del Huila que “se ocupe, de oficio, de investigar lo denunciado, ante la inminente lesión enorme contra el fisco nacional, imponga medidas cautelares, y si es del caso, ordene la suspensión inmediata de todo lo actuado en el proceso de venta de esas empresas”.
Finalmente estimó que el presidente Duque, en un “acto de decoro y de ética administrativa, se abstenga de adelantar la negociación en virtud del próximo e inmediato cambio de Presidente de la República”.