Varios ministros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentaron una serie de medidas para facilitar que los pequeños mineros y los mineros artesanales regularicen su actividad, a la vez que se imponen duras acciones contra esta minería, que alimenta las finanzas de los grupos criminales.
"Esto no es un paquete contra la minería. Estamos llenos de ejemplos de mineros que hacen las cosas bien, que quieren explotar sus minerales de manera adecuada, que generan regalías y recursos para el país. Pero también hay que reconocer que hay unas mafias que se esconden detrás de la minería para hacer toda clase de daños al ambiente, al orden público y para financiar grupos al margen de la ley", explicó el ministro de Minas, Tomás González.
Las medidas, que estarán incluidas en un decreto presidencial y en un proyecto de ley que será presentado al Congreso, contemplan la creación de brigadas especiales de la Policía y del Ejército para luchar contra la minería ilegal, así como planes de incautación de insumos usados para esta actividad ilícita y un aumento de penas por delitos relacionados.
En paralelo con las acciones policiales y judiciales, los representantes del gobierno aseguraron que promoverán un plan para formalizar la actividad de pequeños mineros que, aunque actualmente no tienen licencias de explotación, ejercen el oficio de manera tradicional y lejos de la acción de las mafias.
Según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, sólo el año pasado 17 mil hectáreas fueron deforestadas para practicar la minería ilegal, una actividad que calificó como "el peor daño ambiental que se la ha causado a este país históricamente", ya que "no da tregua con los ecosistemas, que destruye y contamina".
El responsable dijo también que en el proyecto de ley está estipulado que los recursos provenientes de los decomisos relacionados con la minería ilegal "se podrán utilizar para restaurar las zonas afectadas" por esa actividad, incluidas las fuentes hídricas que terminan contaminadas por la acción del mercurio.
En Colombia, la minería legal representó 2,3% del PIB en 2012, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), pero más de la mitad de los sitios explotados en el país.