Los alcaldes del Huila, el Ministerio del Interior y la Gobernación del Huila dieron un paso para avanzar en la construcción de los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana. Y la meta es darles integralidad y coherencia como una política pública de largo plazo.
Seguridad e inseguridad urbana no son aisladas y se requieren esfuerzos conjuntos para enfrentarlo. Pero no solo esfuerzos en materia normativa. También con recursos para atacar las causas que la generan.
La inseguridad no es solamente un problema de criminalidad.
Enfrentar la inseguridad, requiere no solo la voluntad política de poner fin a problemáticas sociales generadoras de esa conflictividad. Es pensar que todos los ciudadanos de una misma sociedad, de una misma ciudad, de un mismo país, pueden tener los mismos derechos y deberes, y tener acceso al bien común que representa la seguridad.
El poder público reconoce la urgencia, recurre a la respuesta rápida y aparenta resolver el problema con más leyes, más policía, más control y un aumento de iniciativas privadas.
Desde luego estas medidas impactan, pero muchas veces no tienen ningún efecto tangible en las calles de las ciudades. La ley es la mejor herramienta para fortalecer la seguridad, para marcar los límites del conflicto, para consensuar los valores que no deberían ser transgredidos. Pero la ley no es la única respuesta. Existen en el seno de la sociedad otras alternativas que la consolidan y complementan. Los modelos de prevención no se imponen. Deben construirse socialmente y deben ser múltiples los agentes de intervención.
La prevención tiene que operar sobre los factores de riesgo, es decir, reforzar los factores de protección como son la educación, la autoestima, la capacidad de resolver los problemas por fuera de la violencia, la oferta de posibilidades de reparación. Es necesario tener un régimen alternativo de penas como lo ha sostenido el Fiscal General de la Nación. Y por supuesto mayor inversión social en sectores vulnerables. Pero también cooperación.
La clave es lograr ahora una verdadera articulación entre las autoridades locales (alcaldes y gobernadores), la rama judicial, la Fiscalía y la Policía, para golpear los focos de inseguridad que afectan a los ciudadanos. Esto supone una estrategia integral que comprometa a todas las autoridades y la comunidad, para obtener los resultados que permitan un oportuno control de todos los factores de perturbación que afectan la convivencia ciudadana.
La construcción, formulación y desarrollo de las políticas de convivencia y seguridad ciudadana ha influido en la disminución de la mayoría de los delitos que afectan la seguridad ciudadana como homicidio, hurtos, lesiones personales y nuevas modalidades que se han venido multiplicando como el llamado fleteo, el paseo millonario, el secuestro express y el robo de celulares.
El modelo de seguridad y convivencia ciudadana debe contar con instrumentos legales para enfrentar la criminalidad urbana e impedir la impunidad. No obstante, la clave de su eficacia radica en la participación ciudadana. Las autoridades deben actuar coordinadamente pero solas no pueden. La ciudadanía tiene un papel protagónico. Esa es la clave de la seguridad ciudadana.
“La inseguridad no es solamente un problema de criminalidad”.
Editorialito
Las denuncias sobre invasiones en áreas de protección por parte de supuestos colonos, especialmente en el sur del Huila, es un campanazo de alerta. Pero no son sólo campesinos sin tierra. En algunos casos protegidos por grupos armados. El fenómeno hay que contenerlo antes que sea demasiado tarde.
