La planta de tratamiento de aguas residuales de Neiva, calificada como un proyecto prioritario y que se tiene que materializar para dar estricto cumplimiento a decisiones judiciales que comprometen a entidades territoriales y nacionales a asumir su responsabilidad ambiental por el vertimiento de aguas negras al río Magdalena, aún no logra consensos.
Pese a que concretar la consecución de un terreno para iniciar la primera fase de la obra -que permitirá hacer un tratamiento preliminar a las aguas residuales- fue catalogada como una apremiante necesidad hace más de año y medio, el lote aún no ha sido comprado, y las discusiones se siguen dando en torno a la idoneidad de un estudio contratado por 2.552 millones de pesos, y a la conveniencia o inconveniencia del sistema y la tecnología que se pretende implementar.
Contratista que elaboró el diseño aseguró que el sitio escogido, cerca al puente Santander, es el idóneo porque allí se recogen el 90 por ciento de los vertimientos de aguas residuales.
El gobierno municipal ha querido ponerle el acelerador al tema; así lo ha dejado entrever el Alcalde Pedro Hernán Suárez. “Llevamos año y medio buscando si este es el sistema técnico que se requiere o no, discutiendo si es o no el sitio donde debe estar la planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que tomar decisiones lo más rápido posible, técnica y financieramente ajustadas, para que no vayan a ser lesivas a los intereses de los neivanos”, explicó.
Sin embargo, los cuestionamientos por parte de varios sectores de la ciudad siguen generando una gran resistencia a la ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales en un sistema compacto, que se proyecta ejecutar en tres fases con un costo de 133.702 millones de pesos.
“El municipio y EPN no tenían los recursos, pero ya hicieron las reservas presupuestales y apropiaciones y tienen cerca de 1.200 millones de pesos para la compra del lote, el Departamento también por cuestiones administrativas no tenía el dinero disponible y hubo la necesidad de reunir a la Asamblea para que se hicieran las aprobaciones por la misma suma; eso es lo que han reportado en las reuniones de cumplimiento”, explicó el magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, Jorge Alirio Soto.
Especialistas en el tema, como el ingeniero Marcos Silva, aseguran existen sistemas de tratamiento menos costosos y acordes a las necesidades de la ciudad.
¿Proyecto discutible?
Marcos Silva, ingeniero de amplia trayectoria en el departamento del Huila y uno de los principales críticos del proyecto, aseguró que si bien es claro que los ciudadanos deben pagar por la operación de la planta de tratamiento, también lo es la selección de un sistema de tratamiento idóneo, de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y ambientales de la ciudad.
“La operación de la planta que se plantea construir, la tiene que pagar el usuario por ley; si son lagunas de estabilización, el costo no va a superar por persona los 1.000 pesos, es decir en una familia de cinco integrantes el incremento en la factura sería de 5.000 pesos; pero si es el sistema que ellos proponen, que es el UASB, que es un sistema compacto con consumo de energía, equipos electromecánicos, ese sistema costaría por hogar unos 70.000 pesos más cada mes”, señaló Silva.
Fernando Silva, ingeniero responsable de los estudios que permitieron determinar el sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales que se plantea para la capital huilense, manifestó que los costos de operación a futuro han sido calculados de acuerdo con estudios de factibilidad.
“El proyecto se planteó teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la población. Hemos calculado que el costo operativo del tratamiento de aguas residuales en la primera etapa a 2025, será de 4.500 usuario por mes”, indicó el contratista.
Pese a que el actual gobierno ha tratado de ponerle el acelerador al proyecto, en año y medio aún no se ha concretado ni el lote donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales.
¿Dentro o fuera del ciudad?
De acuerdo con Marcos Silva, en el actual estudio no se tuvieron en cuenta recomendaciones que surgieron de otros procesos que se adelantaron en la ciudad como el plan maestro de acueducto y alcantarillado, y el estudio de higienización del margen derecho del río Magdalena.
“La administración municipal inició procedimientos para el tratamiento de aguas residuales en 1998, con el estudio de higienización de la margen derecha del Río Magdalena. Ese estudio, fundamentalmente pretendía redefinir el sentido de flujo de aguas servidas, por conducto cerrado, determinar volúmenes presentes y a treinta años (futuro), plantear soluciones de alivio para sectores críticos, tanto de aguas residuales, como de aguas lluvias, pero el municipio no hizo el acompañamiento e intervención necesaria”, puntualizó.
Fernando Silva por su parte señaló que el lote en el que se pretende desarrollar la obra, que es el mismo que se previó en el pasado, cumple con todas las condiciones.
“Es el mismo terreno previsto hace 25 años. Lamentablemente la ciudad no avanzó en el tema, se expidieron licencias de construcción y hoy hay varios sectores cercanos habitados. Pero podemos decir también que se estudiaron varias tecnologías y pese a que tenemos viviendas próximas al proyecto, hay mecanismos técnicos y operativos para evitar efectos ambientales”, manifestó el contratista.
“El POT es factor relevante para la definición del perímetro sanitario, de la ciudad de hoy y de mañana. Es necesario que eso sea previsto para que la inversión de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales corresponda a las previsiones de la ciudad del futuro, y son esas cosas las que no ha dejado claras la administración municipal”, puntualizó el ingeniero y líder cívico Marcos Silva.
Por su parte el director de la Oficina de Planeación Municipal, Óscar Bermeo, señaló la Alcaldía sí incluyó dichas consideraciones en el POT. “En el plano EP-U15, es el plano de los servicios públicos y ahí está claramente establecido que ese es el sitio de la planta de tratamiento de aguas residuales. La planta no va a quedar en ningún barrio”, agregó el funcionario.
Fernando Silva explicó que el terreno que la administración municipal pretende comprar es el idóneo, porque allí se concentra el 92 por ciento de las aguas residuales de la ciudad. “En el estudio de factibilidad se consideraron los sitios que estaban previstos en la zona sur, y El Venado al norte de la ciudad. Después de un análisis técnico y por razones de costos, se seleccionó el terreno cerca al puente Santander”, indicó.
¿Habrá reubicación?
Uno de los temas que más preocupa a los habitantes de los barrios California y Camilo Torres es la necesidad o no de reubicar varias viviendas cercanas al terreno donde se pretende ejecutar el proyecto.
“Yo fui una de las personas que visitó la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando en Medellín, y si se va a implementar esa tecnología en Neiva me parece que sería muy bueno. A mí y a algunos vecinos lo que nos preocupa es que muy probablemente se tengan que reubicar 24 casas. Eso lo hemos estado hablando con el gerente de EPN”, manifestó Rosa Elena González Quimbayo, representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio Camilo Torres.
“Lo que se ha dicho preliminarmente es que las familias serían reubicadas en la comuna seis, pero se tiene que dejar atrás lo que se construyó por años”, agregó el ciudadano Lorenzo Cuéllar.
Otros cuestionamientos
Jesús Antonio Medina, ingeniero civil y exalcalde de Neiva, manifestó que hay varios aspectos que los responsables de ejecutar el proyecto no han analizado a fondo.
“Partimos de cosas elementales; la planta tiene un sistema de tratamiento que requiere bombeos. Hay que bombear 1.5 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, y si se llega a ir la energía se necesitarían equipos grandes con motores que consumen mucha energía. Los equipos de bombeos se pueden dañar y la ciudad se vería abocada a una emergencia porque no habría cómo botar el agua”, dijo Medina.
“Las personas encargadas de los estudios y los diseños deben decirnos la verdad respecto a cuánto nos va a costar en la tarifa mensual por la operación de la planta. Ahí hay unas cifras pero no le han sumado todo lo que realmente suma”, agregó el ex alcalde de la capital huilense.
Por su parte, Marcos Silva insiste en que no se deben descartar otros sistemas de tratamiento. “Ese es un castigo para las generaciones que vienen; esos sistemas se acaban, tienen una vida útil corta, entonces se hacen necesarias grandes inversiones para volver a tener el sistema de tratamiento, a las lagunas se les hace mantenimiento cada 15 años”, puntualizó el líder cívico.
Ocho años después de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, aún no se ha materializado ni la compra del lote donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales. Varios sectores de la ciudad esperan que además de comprar un terreno (que cuesta 2.416 millones de pesos), los entes responsables de ejecutar el proyecto definan un sistema que a mediano y largo plazo sea beneficioso para la ciudad en lo social, económico y ambiental.
