Marcos Silva Martínez.
La producción agropecuaria es piedra angular de la seguridad alimentaria y de protección de la soberanía de las naciones.
La apertura económica, ordenada e impuesta a través del Consenso de Washington y profundizada en la Administración Gaviria Trujillo y sucesores, bajo la embriaguez de la Nueva Constitución y espejismo del nuevo futuro, hizo creer a burócratas sumisos u oportunistas y a muchos ciudadanos, que la producción agropecuaria nacional, podía sustituirse por la importación, sin explorar y calcular las consecuencias desastrosas que infligiría a la producción nacional y al orden social.
Se trataba de una audaz y picaresca decisión, de “geniales” economistas, tecnócratas y políticos, presumidos de técnicos y filósofos del oportunismo, para, aprovechar los subsidios otorgados por países desarrollados, a sus productores agropecuarios. Había que sustituir producción nacional por importaciones.
Los resultados no se hicieron esperar. El sector agropecuario nacional se deprimió progresivamente, de tal forma que desde comienzos de la década de los 90, no ha dejado de crecer la importación de productos agrícolas y crecer el desempleo, la pobreza del campo colombiano y la entrega de soberanía en el sector.
Por esa genial visión y decisión obnubilada, hoy Colombia importa, el 98% de trigo, 95% de cebada, el 85% de soya, del consumo nacional. Importa más de seis millones de toneladas de maíz, más de cien mil toneladas de arroz. Importa, fríjol, arveja, lenteja, arroz, sorgo, plátano, yuca, etc. Todos productos fundamentales en la alimentación de humanos y animales, de los que hace unos años, era autosuficiente el país. Situación similar ocurre con otros cultivos y con la producción pecuaria, especialmente de carne y lácteos.
¿Y qué hacen los dirigentes y los gobiernos para corregir la debacle? Nada. Leamos el PND de Duque y anteriores.
La apertura y la irresponsabilidad de gobiernos y los tratados comerciales internacionales hicieron inviable la producción agropecuaria a partir del 2020.
El área cultivada permanece en niveles de 1990. Esta realidad, estimula la producción de estupefacientes, la criminalidad y la corrupción. Son políticas responsables de que más del 60% del potencial laboral colombiano, este en la informalidad, en el rebusque. El gobierno y los amos del poder económico, no lo quieren entender así porque el conflicto socioeconómico y político, para ellos es una oportunidad para el negocio y la ganancia.
Con esas geniales decisiones, gobiernos sumisos a las recetas de los centros de poder del capital trasnacional y nacional, aseguraron la pérdida de mas de dos millones de empleos directos e indirectos, en el sector agropecuario, coadyuvan las migraciones del campo a la ciudad y estimulan la miseria y la violencia que se gesta en la periferia de ciudades y alcanza a todos los ciudadanos.
Con los bajos rendimientos, por unidad cultivada, como consecuencia del mesquino, errático y caótico uso de la tierra y precario uso de ciencia y tecnología, la producción agropecuaria nacional, no es competitiva, frente a los rendimientos y precios subsidiados de los productos importados. El rendimiento medio, en maíz, es de 5 ton/hectárea mecanizada y 1.5ton por sistema tradicional, mientras en E. U., supera las 10 ton/Há. La importación de maíz, obliga dejar de cultivar más de 1.500.000 de hectáreas y perder similar número de empleos, directos e indirectos, por año.
Son cifras y decisiones del poder, que debemos conocer. Es radiografía nacional del ejercicio del poder y sumisión de quienes lo ejercen y causas de la pobreza y atraso nacional.