LA NACIÓN
La Cámara de Representantes aprobó el acto legislativo que “prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas, paramilitares”.
El proyecto, aprobado con 96 votos a favor y 10 en contra, entre ellos el representante huilense Álvaro Hernán Prada, fue uno de los puntos acordados en La Habana entre el Gobierno y las Farc, como una posible garantía para evitar el reciclaje de violencias asociadas a los desmovilizados grupos paramilitares y sus remanentes.
Esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios a favor y en contra sobre su conveniencia. Desde sectores como el Centro Democrático se afirma que es un proyecto sin sentido ya que equivaldría a prohibir algo ya prohibido, por cuanto el paramilitarismo es una actividad enmarcada como una actividad criminal y fuera de la ley.
Asimismo señalan que esta propuesta sugiere que hubo connivencia del Estado con grupos paramilitares.
“Es un proyecto absurdo, inocuo, que no aporta nada, que prohíbe lo que ya está prohibido. Lo único que hace ese proyecto es dar discurso a las Farc para decir que el Estado colombiano ha sido auspiciador del paramilitarismo. Hace mucho rato está prohibido en la constitución y en la ley la creación y conformación de ese tipo de grupos”, dijo el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
De otro lado, algunos congresistas y desde el Gobierno defendieron la propuesta aduciendo que busca ratificar el monopolio de las armas como potestad del Estado colombiano.
De igual forma, sectores de víctimas han señalado que este será un paso en la dirección correcta, pues permite dar sólidas bases constitucionales a la formulación de una política robusta para prevenir y sancionar el paramilitarismo y las complicidades que lo han hecho posible.
“Di mi voto positivo a esta iniciativa porque considero que el paramilitarismo se convirtió en una práctica sistemática que dejó miles de víctimas en su accionar por el territorio nacional, además de ser una amenaza latente y actual dado el número de defensores de DD.HH. asesinados y las evidencias de presencia de estos grupos en amplias regiones de la geografía nacional”, manifestó la representante liberal, Flora Perdomo.
“Me parece muy importante que el Congreso de la República en su inmensa mayoría fortalezca la tesis de que el monopolio de las armas debe estar en poder del Estado, además se está dando cumplimiento a los acuerdos de La Habana, en el sentido de proteger a los desmovilizados para que en el país no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a otras organizaciones como la UP, que fueron aniquiladas por la acción de estas organizaciones armadas”, agregó.
Igualmente, el representante Héctor Javier Osorio punteó que la aprobación será una garantía de no replicación de estos grupos armados en el país.
“Lo que se busca con esta norma más allá de que la ley colombiana siempre ha castigado la ilegalidad del actuar de los grupos que están al margen de la constitución, este es un punto de inflexión y una garantía política de que los colombianos no estaremos dispuestos a tolerar el hecho de estar por fuera de los cauces democráticos de la carta política a través de grupos paramilitares”