Un nuevo escándalo estalló en el hospital San Vicente de Paúl por la contratación de insumos de protección para médicos y personal sanitario. Tapabocas ‘chichipatos’ hechos en casa e indumentaria vencida y contratistas no habilitados, las aristas de la polémica que crece como otra pandemia.
RICARDO AREIZA
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Una pequeña papelería, ubicada a una cuadra de la catedral San Miguel, en pleno centro de Garzón, se convirtió de la noche a la mañana en uno de los principales proveedores de material sanitario para prevenir el contagio de coronavirus.
La miscelánea, según sus propios avisos, sólo ofrece útiles escolares, material de oficina e insumos para litografía. En el negocio aparece una vitrina de vidrio, tres estantes y una fotocopiadora. En el registro mercantil no aparecen empleados reportados.
Ahora, sin tener el registro sanitario ni la habilitación como operador de servicios de salud, no solo produce tapabocas ‘made in Garzón’ sino que se convirtió en un proveedor privilegiado de la indumentaria hospitalaria para pacientes y personal del hospital departamental San Vicente de Paúl.
El comerciante Carlos Eliserio Parga Rivas, representante legal de la empresa CE Print, se convirtió en el principal proveedor de tapabocas N95 con válvulas, tapabocas N95 sin válvula, tapabocas convencionales desechables, guantes siliconados, monogafas hospitalarias e indumentaria quirúrgica.
El gerente del hospital regional, Néstor Jhalil Monroy, argumentando “necesidad inminente”, le adjudicó en tiempo récord, un contrato por 360,72 millones de pesos (IVA incluido) para el suministro de estos elementos, sin estimar la cantidad.
El Contrato 272 de 2020 fue firmado el 26 de marzo, apoyado en la emergencia sanitaria, cuatro días antes de la terminación de su periodo en ese cargo. De entrada le canceló 108 millones de pesos como anticipo del 30%. El plazo de ejecución es de un mes.
Aunque en el contrato no estipuló las cantidades, contiene el valor unitario de cada uno de los elementos, aparentemente, superiores a los que aparecen en otras ofertas en el mercado nacional.
En el contrato aparecen tapabocas N95 con válvula y filtro para retención de elementos y bacterias a 26.000 pesos unidad. Sin válvula 25.000 pesos; overoles desechables Safetex Steel Pro a 60.000 pesos y monogafas hospitalarias a 14.000 pesos.
Mala calidad
“Los tapabocas son artesanales, hechos en algún taller aquí en Garzón. Están empacados en una bolsa como si fuera pan. No tienen ninguna marca, son hechos en una casa con una máquina de coser, made in Garzón, sin certificación ni registro Invima”, explicó el médico Uriel Albeiro Falla Casanova, uno de los principales críticos.
“Las monogafas de protección para los médicos son chichipatas, son de esas que venden por ahí, de bajo precio, para trabajar con guadañas, para carpintería o para soldadura, no son las monogafas reglamentarias”, acotó.
Las monogafas reglamentarias están elaboradas en policarbonato de alta calidad con normatividad internacional y certificación de calidad para los diferentes riesgos presentes en las áreas.
“Las que nos entregan son de bajo costo, marca ‘pajarito’, sin garantías, útiles para otros usos domésticos pero no para procedimientos quirúrgicos,” precisó.
“Los tapabocas sencillos aunque no cumplen con la calidad exigida se están recetando a los pacientes y a los empleados. La gente se está quejando porque tienen desperfectos, por ejemplo el caucho para fijarlo en la oreja es más grande que el otro y no casan, están causando alergias, todo el mundo se está quejando por eso”, comentó otro médico consultado.
“Pensamos que por los reclamos los iban a retirar porque todo el mundo se quejó, pero no. Los siguen repartiendo en una bolsa diariamente al personal del hospital y a los pacientes hospitalizados”, acortó Falla Casanova.
Indumentaria
Los overoles son trajes desechables elaborados en material Safetex sintético con capa adicional que brinda resistencia al paso de partículas sólidas y agentes infecciosos y con una película soporte de polipropileno de 53,7% y lámina de polietileno de 46,3% que le brinda propiedades impermeables.
El overol con mangas y capucha resortadas y cremallera frontal, están diseñados para brindar protección contra sustancias biológicas, peligrosas, para partículas suspendidas en el aire o salpicaduras. Esta indumentaria debe tener un tratamiento antiestático y ofrecen una protección electrostática según los registros Invima.
Estos kit, según los médicos, no cumplen con las normas de calidad y bioseguridad. Parte de la indumentaria entregada a los médicos encargados de los procedimientos tienen fecha de vencimiento caducada.
“Me entregaron el kit sanitario y mi sorpresa es que todos los elementos tienen un vencimiento de más de un año. Están vencidos desde el 2017 y con ese material se está trabajando desde hace dos semanas en el hospital”, denunció otro médico del centro asistencial.
“La indumentaria que nos ponemos para los procedimientos (el pantalón, las polainas, la camisa, la bata quirúrgica), no tienen registros, ni marcas. El traje de cirugía que es desechable debe tener una barrera de protección antimicrobiana y no la tienen. El kit que me entregaron tiene un vencimiento de más de un año”, explicó el galeno, alarmado por el riesgo al que están siendo sometidos.
“Por regla general, antes de entrar a una cirugía, debemos revisar el material, iniciando con las fechas de vencimiento, para confirmar la calidad y la esterilización. Toda la indumentaria, todo material, tiene que tener claramente marcadas las fechas de elaboración y de vencimiento, lo que nos permite examinar la calidad y esterilidad del producto”, acotó otro médico consultado por LA NACIÓN.
“Todo material sanitario con fecha vencida significa que ha perdido con el tiempo las propiedades fisicoquímicas estipuladas por el fabricante. El contenido en estos casos no debe ser usado posterior a la fecha de vencimiento”, recalcó.
Según las recomendaciones de los especialistas los artículos sanitarios envueltos en doble capa de muselina doble de 140 hebras por 6,45 cm (pulgada2) podrían guardarse en bodega por espacio de tres semanas, y aquellos paquetes protegidos con cobertor plástico podrían considerarse estériles hasta por lo menos nueve meses.
En el caso de Garzón, los médicos están recibiendo el kit con fecha de vencimiento del primero de diciembre de 2017 (Lote 20471 del proveedor Mainco Health Cane Sas).
El contratista
La firma contratista CE Print aparece registrada en la Cámara de Comercio de Neiva (250390) el 21 de noviembre de 2013. Sin embargo, no está habilitado para prestar servicios de salud.
Los prestadores de servicios sanitarios, deben disponer de la infraestructura física de acuerdo con su grado de complejidad, número de actividades o procesos que se realicen y personas que laboren.
Además, deben contar con una dotación, constituida por equipos, instrumentos, bibliografía y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de las actividades y procesos que se realizan en cada una de sus áreas.
Adicionalmente, los prestadores de servicios de salud deben disponer de un recurso humano idóneo para el cumplimiento de las actividades y procesos que realice.
El contratista, solo cuenta con un estrecho local, con pocos suministros y con una fotocopiadora, al parecer, el principal atractivo del negocio.
En el registro mercantil aparece con cero empleados, lo que supone que es atendido por su propietario. No dispone de la infraestructura necesaria para preservar el material sanitario, embalar, transportar o conservar el material
Tampoco aparece inscrito en el registro de prestadores de servicios de salud y por lo tanto, carece de habilitación, como lo consagra la normatividad sobre la materia.
El contratista, según el examen realizado por funcionarios de salud, tampoco cumple con condiciones mínimas de suficiencia financiera y patrimonial que aseguran que el servicio no va a tener inconvenientes de orden financiero o patrimonial para poder estar adecuadamente sustentado al momento de ofrecerlo al público.
“El contratista no tiene la capacidad financiera para soportar un contrato por esa suma, es una empresa de papel. Los otros proponentes también son de la misma familia, o acomodados para que la propuesta ganadora fuera la de él. Estas irregularidades se han denunciado y no vemos ninguna salida”, reportaron funcionarios de la entidad en una denuncia remitida a los organismos de control.
La otra cara
Pese a los duros cuestionamientos, el gerente del hospital San Vicente de Paul, Néstor Jhalil Monroy,
“Yo pienso que el contratista en nada está incumpliendo con el objeto del contrato. Está en el Secop reportado según lo estipulado y también enviado a la Contraloría por la emergencia. Ese y otros que hemos hecho”, explicó.
El funcionario aseguró que el contratista “no ha entregado nada de lo que están criticando que son los tapabocas normales”.
No obstante, admitió que los tapabocas sencillos que está suministrando no tienen la certificación y el registro de calidad.
“Por la contingencia el gobierno permitió a muchas empresas fabricar tapabocas sin el registro Invima”, explicó. “Se está tratando de conseguir lo mejor para nuestros colaboradores pero está escaso y muy costoso. Además, los estamos apoyando con transporte y alimentación en los días santos”.
Finalmente, señaló que la entrega del material sanitario, se realiza de acuerdo con las necesidades y requerimientos.
“Está en el proceso de entrega de lo que se va requiriendo por el hospital. Las entregas parciales dependen del hospital, según necesidad”, afirmó Monroy.
Falsa alarma
Para rematar. El miércoles pasado el gerente alertó por la radio local, sobre un presunto robo a las bodegas del hospital donde se guardaban los insumos. Luego se reportó que, al parecer, eran sustancias quirúrgicas no precisadas. Al final fue una falsa alarma.
“Solo intentaron violentar una puerta donde se habilitó una bodega con puerta a la calle para evitar la entrada de personal al hospital. Se hizo inventario y no hubo robo. Eso se aclaró el mismo día por los medios con la policía, la Sijin y el CTI”, respondió Monroy.
Aun así, quedó la duda sobre el supuesto robo que nunca ocurrió.
