Una álgida polémica ha generado la firma del decreto presidencial que restringe el uso de armas de fuego en el país. Y la controversia no se genera solo por el decreto que prorroga la suspensión de los permisos para el porte, sino por la inclusión en el mismo de un parágrafo que le da facultades al Ministerio de Defensa para otorgar permisos especiales cuando lo considere necesario.
Es así que desde que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó ayer el decreto 2362, que autoriza la adopción de las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y se conoció la modificación, ha habido voces de rechazo, pues muchos consideran que darle esas facultades al Ministerio de Defensa es inconstitucional y también contraproducente permitir que los civiles se armen.
“He firmado el Decreto 2362 que mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas en el territorio nacional, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El derecho a autorizaciones especiales se mantiene. El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”, indicó ayer el presidente Duque vía Twitter.
El decreto
La norma, que también fue firmada por el ministro de la Defensa Nacional, Guillermo Botero, señala específicamente que esa cartera, durante la vigencia de la misma impartirá a las autoridades militares competentes directrices para expedir las autorizaciones especiales que se requieran por motivos de urgencia o seguridad y teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada solicitud.
“Artículo 1. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del decreto-ley 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de las autorizaciones especiales y de las excepciones correspondientes que durante estas fechas expidan las mismas, por razones de urgencia o seguridad de los titulares”, reza el decreto.
Y anexa en el parágrafo objeto de la polémica, “el Ministerio de la Defensa Nacional durante la vigencia del presente decreto impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda teniendo en cuenta entre otros factores las condiciones particulares en cada solicitud”.
Según el Gobierno Nacional, lo establecido en el decreto, se hace con base a las estadísticas de homicidios y lesiones personales entregadas por la Policía Nacional que señalan que, “entre los años 2013 y 2018, en el tiempo de vigencia de las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en el periodo comprendido entre los años 2016 al 2018, existe una tendencia decreciente de los índices de homicidios y lesiones ocasionadas por armas de fuego, lo cual coadyuva a garantizar los derechos y libertades fundamentales, seguridad ciudadana y el orden público”.
Voces de apoyo y de rechazo
El principal argumento de quienes han salido a rechazar la norma, es que sería volver a revivir lo sucedido en el pasado con las famosas Convivir y que después de desarmar a la desaparecida guerrilla de las Farc, no se puede permitir que los civiles empiecen a portar armas.
“En dos siglos Colombia nunca ha logrado el monopolio legítimo de las armas y la justicia. Nos ha tomado 27 años desarmar 56.000 combatientes de 10 grupos armados ilegales. Batimos records de violaciones a la vida y a los derechos. Y todavía hay quienes proponen armar civiles”, expresó la exsenadora Claudia López.
A ese postulado se suman congresistas como Gustavo Petro, Angélica Lozano y varios exministros de las llamadas disidencias liberales, que consideran el decreto inconstitucional y contraproducente.
“Con los permisos especiales para porte de armas entramos de nuevo a la seguridad vista como autodefensa. La extrema derecha no puede entender que portar armas es sinónimo de inseguridad y que la seguridad no se mide en número de muertos”, afirmó el senador Gustavo Petro.
No obstante, también ha habido voces de apoyo a la medida, “No podemos dejar a merced del delincuente al ciudadano que requiere un permiso especial de porte de armas para salvaguardar su vida y muchos casos la de sus seres queridos”, expuso el representante a la Cámara huilense, Jaime Felipe Lozada.
Por su parte, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar celebró la medida, “celebro que el presidente Iván Duque haya prorrogado el decreto que prohíbe el porte de armas en el país. Habrá permiso especial para ciudadano que así lo requieran y cumplan requisitos”, dijo en su cuenta de Twitter.
“El monopolio de armas debe ser del Estado”
En declaraciones entregadas a RCN Radio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicó que se tendrá en cuenta a la hora de otorgar un permiso, “serán criterios que digan por qué la persona por alguna razón particular -por ejemplo que pueda- ser víctima de algún delito, deba tener un arma (…) por el contrario, por ejemplo, a una persona con antecedentes penales no se le dará un arma”, argumentó.
Dijo además, que de todas formas la tenencia de armas en el país es legal, lo que es prohibido es el porte, “las armas hoy en día se pueden adquirir o tener como tenencia, pero no puede haber porte de armas. La tenencia es completamente legítima con salvoconductos, lo que no queremos es que la gente ande armada porque no es conveniente. El monopolio de las armas debe ser del Estado”.
“Demandaremos el decreto”
Tres exliberales y exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos advirtieron que, el 11 de enero de 2019, cuando terminen las vacaciones de la rama judicial, demandarán el decreto 2362.
El anuncio fue lanzado por el exviceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, quien en su cuenta en Twitter sostuvo que la demanda será interpuesta por él, y los exministros del Interior, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, los llamados ‘liberales disidentes’.
“Finalizada la vacancia judicial presentaremos demanda contra el Decreto de Porte de Armas, junto con los exministros Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo. Facultad otorgada al Ministerio de Defensa para dar permisos especiales reabre la puerta al rearme de civiles”, difundió en su cuenta de Twitter el exviceministro Luis Ernesto Gómez.
Entre los argumentos jurídicos sobre los que se apoyan para entablar la demanda está que, “el decreto viola los artículos 189 numeral 4º y 22 A de la Constitución Política (incorporado por el AL 05 de 2017) porque se desprende genéricamente de la facultad presidencial para conservar el orden público en el Ministro de Defensa para dictar lineamientos y directrices”, explica.
En segunda medida, el exviceministro Gómez asegura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra el Estado colombiano por autorizar la expedición de permisos de porte de armas a particulares. Con esta premisa se refiere puntualmente al decreto que les dio vida a las llamadas Convivir (cooperativas de seguridad privada) que han sido vistas por historiadores y especialistas en el conflicto como el inicio del paramilitarismo.
“La facultad genérica establecida en decreto 2362 de 2018 viola los artículos 10 y 11 de la Ley 1119 de 2006, en los cuales se establecen los criterios específicos para otorgar permisos al porte y tenencia de armas. Un decreto ordinario no puede derogar una ley”, añadió Gómez. En síntesis, el argumento de los exfuncionarios de Santos, es que el presidente no puede otorgar facultades genéricas al Ministerio de Defensa para definir los lineamientos sobre este tema, porque estos están fijados en leyes de la república.
Así las cosas, aunque se prorroga la prohibición del porte de armas, habrá la posibilidad para que quien crea que cumple las condiciones para portar un arma de fuego, lo pueda hacer.
¿Uribe se le adelantó al Presidente?
También ha sido polémico que antes de que el presidente Iván Duque anunciara la firma del decreto, el senador Álvaro Uribe publicó un tweet anunciando la medida, varias horas antes que el mandatario colombiano.
El pasado martes el senador Álvaro Uribe sorprendió al publicar el borrador en Word del decreto que prorroga la prohibición del porte de armas en Colombia el pasado martes y llamó la atención que fuera el expresidente y no el propio Iván Duque, quien se encargara de anunciarle al país cómo iba a quedar el documento.
En entrevista con la W Radio, Guillermo Botero, ministro de Defensa, no supo contestar por qué Uribe había accedido al borrador del decreto.
En el trino de Uribe se alcanza a ver que el pantallazo del decreto fue tomado el 24 de diciembre de 2018, a las 11:59 a.m., es decir, más de 40 horas antes de que el presidente Duque, se lo contara a los colombianos.
[pdf-embedder url=”https://www.lanacion.com.co/wp-content/uploads/2018/12/decreto-armas.pdf” title=”decreto armas”]