Diferentes sectores políticos se pronunciaron sobre la flexibilización del porte de armas de fuego que propone el Centro Democrático.
Toda una polémica se desató en el país por el proyecto de ley presentado por un grupo de congresistas del Centro Democrático que busca permitir el porte de armas.
Esta iniciativa es liderada por el representante a la Cámara Christian Garcés y la senadora María Fernanda Cabal. Garcés explicó que las normas existentes restringen “de manera radical la posibilidad de acceder al porte de armas legal por parte de ciudadanos que tienen problemas de seguridad”.
“Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso”, afirmó la senadora Cabal.
El Gobierno no acogió la iniciativa. Así por lo menos lo dio a entender el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que el poder de las armas de fuego debe seguir en cabeza de la fuerza pública.
“Es claro que el monopolio de las armas es exclusivo del Estado y que en el desarrollo de esas actuaciones, es el Estado el que otorga la posibilidad de la tenencia y porte, y lo que se ha querido establecer a través de dar continuidad a un decreto que viene desde el año 2015 es que el permiso especial lo que busca particularmente es que aquellas personas que busquen portar un arma legal, frecuentemente cada año haya un análisis para que haya un control de las armas”, indicó el ministro Molano.
Por otro lado, se pronunció el expresidente y jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien tomó distancia de la iniciativa e instó a los miembros de su partido a no pedir “generalización del porte de armas”.
Por su parte, Rafael Guarín consejero presidencial para la Seguridad Nacional explicó que “en el Estado social de derecho tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho. Garantizar el principio constitucional de exclusividad de la fuerza y el monopolio estatal de las armas de fuego, son los parámetros de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana que sustentan avanzar hacia el desarme general”, dijo Guarín.