La Nación
Polémica por suspensión de la Alameda en Rivera 1 12 abril, 2021
INVESTIGACIÓN

Polémica por suspensión de la Alameda en Rivera

En medio de una acción popular para que se garantice la terminación del proyecto urbanístico, el gobierno seccional anunció que la obra tendrá un nuevo aire. Las trabas que ocasionaron la parálisis están superadas.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La Gran Alameda, el proyecto de renovación urbana más relevante para Rivera, no será otro elefante blanco, ni se convertirá en un monumento al despilfarro. A pesar del escepticismo ciudadano, las trabas que ocasionaron la suspensión, están superados.

Con una inversión total de 17.938 millones de pesos, la obra contempla la renovación total de la vía de acceso con una extensión de 4.7 kilómetros de longitud, ciclo ruta, red de alcantarillado de aguas lluvias, andenes, iluminación y señalización.

Además, la andenización que se extenderá hasta el parque principal, donde se construirá un museo de la memoria, en homenaje al poeta José Eustasio Rivera y a las víctimas del conflicto armado.

Aunque lleva ocho meses de desfase y el contrato fue suspendido a finales del año pasado, el gobierno seccional aseguró hoy que será terminado.

“Los problemas técnicos y financieros que ocasionaron la suspensión ya están superados y la obra volvió a prender motores”, aseguró ayer el jefe de Planeación, Carlos Alberto Cuéllar Medina.

El anuncio coincidió con una acción popular radicada por Hedimers Vidal Tovar, reclamando la terminación total de la obra, en su opinión, en peligro de convertirse en otro elefante blanco.

La iniciativa ciudadana reclama igualmente medidas de urgencia para impedir el deterioro de la obra ejecutada y medidas de control para prevenir los fenómenos de contaminación ambiental.

El medio de control ciudadano se tramita ante el Juzgado Noveno Administrativo, invocando el derecho al goce de un ambiente sano, derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público.

Estos derechos se encuentran en riesgo de una posible vulneración irremediable, por parte de la Gobernación del Huila, el consorcio Rivera, encargado de la obra civil y consorcio Interventoría Rivera 2019.

Los costos

La inversión inicial ascendía a 15.354 millones de pesos más un valor de 1.084 millones de pesos de la interventoría. El contratista tenía un plazo pactado de diez meses para entregar la obra.

Según el contrato la obra debió terminarse en julio del año pasado, pero quedó a media marcha.

El contrato de obra No. 0827 de 2019 fue adjudicado al consorcio Rivera, representado por Cristian Alfonso Ramírez Saavedra y el contrato de interventoría No. 0852, con el consorcio Interventoría Rivera 2019, representado por Juan Manuel Torres Valderrama.

El acta de inicio fue firmada el 10 de septiembre de 2019 con un plazo de ejecución de diez meses.

La obra fue suspendida el 24 de marzo del año pasado por la emergencia sanitaria, decretada por el Gobierno Nacional para contener la pandemia. Se reactivó tres meses después.

Argumentando problemas por la temporada de lluvias, la obra volvió a quedar en suspenso desde el 10 de noviembre de 2020.

El 15 de enero se prorrogó por un mes y el pasado 15 de febrero volvió a extenderse la suspensión.

En la actualidad la obra quedó totalmente abandonado, según el reporte que entregó la Veeduría Ciudadana.

“Hasta esa fecha hay un avance físico del 48% y un avance financiero del 65%”, informó el presidente de la veeduría Javier Fernández Corredor.

“Antes del inicio de la intervención, la vía presentaba irregularidades, no obstante, prestaba un servicio sin generar problemáticas como las existentes luego del abandono”, afirmó Vidal Tovar.

Polémica por suspensión de la Alameda en Rivera 7 12 abril, 2021
Obras en acelerado deterioro.

En alto riesgo

“En la actualidad no solamente se encuentra suspendida, sino también y más gravoso aún, su estado es abandonada; no tiene señalización adecuada que advierta y prevenga cualquier tipo de accidente de tránsito. Esta situación ha generado una alta accidentalidad”, sostuvo el demandante.

En efecto, LA NACIÓN constato que no existe señalización ni medidas de seguridad para obras en la vía. Además, hay una contaminación atmosférica por material particulado, lo que evidencia un deterioro de la calidad del aire respirable para las zonas residencial y comercial, afectadas por las emisiones de polvo y un deterioro de los ecosistemas circundantes a la operación del proyecto suspendido.

“Adicionalmente, la problemática mencionada, surge la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio y recursos públicos invertidos en la ejecución parcial de la obra”, insistió el autor de la acción popular.

“En razón al abandono, la infraestructura construida se encuentra en riesgo, especialmente por las condiciones climáticas que desestabilizarán la obra, situación que de no ser solucionada oportunamente, se traduciría en un incremento de cantidades de obra; situación que pone aun en mayor riesgo la ejecución del proyecto”, manifestó.

Argumentando que existe “un riesgo latente” de la no terminación de la obra lo cual generaría un retraso y afectación grave a la ciudadanía, Vidal Tovar reclamó por vía judicial la garantía de la terminación y mientras tanto, “un plan de contingencia de carácter urgente que permita mitigar el riesgo al que se encuentran expuestos quienes transitamos por la vía, realizando la respectiva señalización y control en la movilidad en la vía en cuestión”.

 

Banderazo

“El proyecto tuvo una inconsistencia en su concepción inicial, hubo que revisarlo y ajustarlo. El proyectó ya se reactivó. En el transcurso de 15 días se hará la adición de los recursos, el proyecto ya tiene el banderazo de reinicio”, respondió Cuéllar Medina.

Aunque la veeduría y los autores de la acción popular insistieron en que la obra está suspendida y abandonada, el jefe de Planeación, afirmó lo contrario.

“El contrato fue reiniciado hace ocho días con algunas actividades preliminares.  Ya se tienen los permisos para la energización, aspiramos a que la obra se pueda terminar este año, de acuerdo con el nuevo cronograma y el nuevo reajuste que ya se realizó” explicó el funcionario.

“Los recursos ya están aprobados. Estamos esperando que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, ajusten la plataforma para la expedición de las disponibilidades”.

“Por eso reiniciamos la obra para realizar el alistamiento previo mientras sale la disponibilidad, que es un tema más administrativo”, recalcó.

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La contaminación por material particulado obligó medidas para residentes y comerciantes.

Inconsistencias

Según el interventor, Alberto Valderrama Rivera, el proyecto se suspendió mientras se realiza el ajuste por las inconsistencias encontradas, lo que implicaba nuevos recursos para obras no previstas, como suele ocurrir en la contratación estatal.

Dicho y hecho. Según el interventor, además de la pandemia y la temporada de lluvias excusas para la suspensión, la Alameda requería una mayor cantidad de obras, lo que obligó a replantear el proyecto inicial.

“El ajuste de la rasante de la vía por cuanto la información del proyecto, entregada inicialmente al contratista de obra referente a la topografía, no correspondía con lo encontrado en el terreno natural”, explicó Valderrama Rivera.

El replanteo del proyecto ocasionó, según el interventor, variaciones en los movimientos de tierra y cambios en las alturas del sistema de alcantarillado. Y por supuesto, mayores obras y más plata.

“Una vez revisado el terreno natural entre el contratista de obra e interventoría, es evidente la necesidad de construcción de accesos a predios, situación que genera variaciones en las cantidades de concreto de 3.000 PSI, acero de refuerzo, señalización vertical, señalización horizontal y losetas especiales de información para invidentes”, explicó .

Es necesario ajustar los puntos de inicio y fin de las tres alamedas contempladas en el proyecto y crear un nuevo tipo de sección transversal de la vía que consiste en separar el sendero peatonal del componente vehicular y la ciclo ruta para minimizar el impacto de la deforestación ecológica, teniendo en cuenta el Permiso Único de Aprovechamiento Forestal expedido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

Adicionalmente, habría que trasladar más o menos 1,5 metros el eje de la vía horizontalmente para disminuir la afectación sobre las zonas comercial lo que ha provocado la protesta de los comerciantes.

Y para rematar, la demolición, en este tramo, de los andenes existentes que se encuentran sobre la zona de intervención, y las acometidas de servicios públicos no contempladas, especialmente para el área de restaurantes.

Cierre financiero

El secretario de Vías, Germán Ortega, quien funge como supervisor, anunció que la obra estará suspendida hasta que se concrete la adición. Por ahora, está pendiente el cierre presupuestal por parte del nuevo Sistema de Regalías.

“Este es un tema nacional que se sale de nuestras manos. Los cambios el sistema de regalías han dificultado la incorporación de los recursos, que quedaron en cabeza del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación”, aseveró.

“El lunes pasado estuvimos en el Ministerio de Hacienda solicitando celeridad en el giro de esos recursos, pero todo depende del Gobierno Nacional”, insistió.

La adición que se solicitó el 28 de diciembre (Día de los Inocentes), avalado por el Ocad está destinada para las nuevas obras.

De acuerdo con la reglamentación, el Gobierno tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2021, según la ley para incorporar los recursos, de tal manera que los contratistas puedan retomar las obras.

“Por lo tanto, si no están los recursos para continuar la sub-base, por ejemplo, no pueden echar pavimento porque se convertiría en hechos cumplidos. Si no tienen la plata para continuar la sub-base. No se puede ejecutar recursos que no se han incorporado, y mientras no se adicionen esos recursos la obra no puede continuar”, explicó el secretario de Vías.

“Cuando se tenga el cierre presupuestal, se carga a la plataforma esa disponibilidad inicial y se puede proceder a asignar el presupuesto y por ende, a reiniciar los contratos de obra e interventoría”, apuntó el interventor.

Según el jefe de Planeación del Huila, Carlos Cuéllar, quien estuvo en esa reunión, los recursos están en vías de solución y el proyecto volvió a reactivarse, aunque no la obra civil.

Garantizada la adición de 1.500 millones de pesos, el contrato se reanudó y la obra civil tendrá una nueva ruta.