Policías cobraban ‘coimas’ a conductores informales

Los uniformados les exigían una cuota semanal para permitirles el cubrimiento de rutas interveredales con las remesas de los campesinos. Acosados, los denunciaron. La propia Policía facilitó la condena.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Dos agentes de la Policía ‘vacunaban’ a pequeños transportadores informales en Pitalito para dejarlos trabajar. Sin ningún escrúpulo, los uniformados le solicitaban dinero, supuestamente “para gasolina”.

Los conductores, dueños de camperos, debían pagarles semanalmente una cuota para poder transportar pasajeros y cargas desde Pitalito hasta Acevedo, durante los días de mercado.

“Si no colaboraban para la gasolina los uniformados nos imponían comparendos e inmovilizaban los vehículos y los llevaban para los patios por no tener permiso respectivo vigentes para transportar personas y carga”, relató uno de los testigos.

Los transportadores acordaron cada uno pagar una cuota semanal para que no les quitaran sus carros por movilizar pasajeros y carga.

Ante el acoso, uno de los conductores, ingenuamente, se acercó a una estación de Policía para solicitar una “rebaja”, lo que permitió descubrir, las exigencias económicas de los dos uniformados.

La propia institución realizó la investigación interna, los procesó internamente, los retiró de la institución y finalmente, facilitó la condena.

El acoso

La denuncia fue formulada el 28 de marzo de 2009 por Jesús Eberto Abella Rivera, ante la policía. Inicialmente mencionó a dos uniformados, entre ellos Andrés Francisco Torres Manrique, procedente de Cali (Valle).

Los transportadores Faiber Vega, Ever Molina Murcia y Rodrigo Astudillo, ratificaron la denuncia.

Según los transportadores las exigencias las hacías para poder cubrir las rutas interveredales entre ellas, de Pitalito a las veredas de Acevedo, Palacio y Santa Ana, así como de Pitalito a Alto Bellavista, Corinto y San Isidro, entre otros.

Este transporte informal de pasajeros, productos y remesas se realiza principalmente los días de mercado sin el lleno de los requisitos legalmente exigidos. Muchos de los automotores, utilizados para transportar víveres para la venta y de regreso las remesas de los campesinos, tampoco cumplen, en su mayoría, con todos los requisitos. Esta circunstancia fue aprovechada por los uniformados para exigir el pago de “vacunas”.

Las vacunas

Ante las solicitudes recurrentes, cada uno de los conductores entregaba su cuota al encargado del recaudo y entrega de las ‘coimas’.

El dinero se lo entregaban a Torres en los “terminalitos” en la salida hacia Acevedo o cerca de una estación de gasolina, donde se parquean tradicionalmente.

“El dinero se lo entregaba al agente Torres,  él siempre llegaba solo, siempre se lo entregué en la séptima o en la bomba de la tercera”, precisó el transportador Jesús Eberto Abella Rivera, encargado de recolectar el dinero.

El pago de la ‘coima’ quedó registrado en video, como este otro caso.

Investigación

Los uniformados fueron separados de sus cargos y luego procesados por el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar.

Luego el caso le correspondió por competencia a la justicia ordinaria. El 30 de septiembre de 2015 fueron imputados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Descongestión de Neiva. Los dos uniformados fueron declarados en contumacia (en rebeldía) al no concurrir a las diligencias preliminares.

El 12 de diciembre de 2016 la Fiscalía los acusó formalmente por el delito de concusión en concurso homogéneo.

La audiencia preparatoria se realizó el 5 de marzo de 2018 y el juicio oral se inició el 17 de julio siguiente (contando con la comparecencia de los procesados) y finalizó el 5 de febrero de 2020, cuando las partes presentaron sus alegatos de conclusión.

El 18 de junio de 2020, la Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva profirió sentencia condenando únicamente contra Andrés Francisco Torres Manrique y absolvió al segundo patrullero investigado.

Sorprendidos

Pese a existir algunas imprecisiones en las fechas en que se registraron los hechos, las exigencias económicas sí existieron, afirmó la juez de conocimiento. También fueron ratificadas por la propia Policía. Los implicados fueron sorprendidos mientras recibían el dinero. El registro quedó  grabado.

Las revelaciones hechas por el transportador Abella Rivera fueron corroboradas por los uniformados Jorge Eliecer Agudelo Álvarez, Andrés Felipe Constain, Carlos Arturo Bustamante y Andrés Felipe Vera Escobar.

Según los uniformados, estando en un puesto de control una persona les informó que estaba siendo víctima de “pedidos económicos” de parte de un patrullero.

“El señor Humberto Artunduaga informó que el dinero exigido indebidamente era entregado al patrullero Torres”, afirmó Agudelo.

“Una persona llegó hasta la oficina a pedirme que le rebajara la cuota a los transportadores informales interveredales”, reportó Andrés Felipe Vera Escobar, comandante de la Estación, quien colocó la denuncia en conocimiento del grupo de inteligencia de la institución.

La entrega de las ‘coimas’ quedó registrada en un video descubierto en el juicio como evidencia de la conducta irregular.

Prueba reina

“El patrullero Torres Manrique, portando el chaleco No. 04016, es quien se acerca hasta el conductor de un campero y le recibe ‘algo’, una dádiva, que el chofer saca de su bolsillo”, comentó José Arnulfo Quiroga, quien se desempeñaba como subjefe de la Unidad Investigativa de la Policía de Pitalito.

Al proceso  también comparecieron el mayor Jorge Eliécer Agudelo Álvarez (hoy coronel), rendida ante la justicia penal militar el 29 de enero de 2009; William Alejandro Moncada Vega (Jefe de Inteligencia de la Policía en Pitalito) y Andrés Felipe Vera Escobar (Comandante de la Estación de Policía de Pitalito),

La juez de conocimiento corroboró la versión y le dio plena credibilidad.

“En el registro fílmico – adujo – no se demostró alteración, supresión o manipulación y en armonía con los testimonios recibidos en juicio, demuestra la responsabilidad penal atribuida a Torres Manrique”. Por eso, con plena certeza, profirió sentencia condenatoria contra uno de los dos uniformados.

Facsímil del fallo del Tribunal Superior de Neiva

La condena

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito condenó al patrullero Andrés Francisco Torres Manrique a 102 meses de prisión (ocho años y cinco meses) y una multa equivalente a 70.8 salarios mínimos mensuales.  Además, le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 86 meses.

El despacho judicial lo encontró autor responsable del punible de concusión, cometido en concurso homogéneo.  La juez le negó la suspensión de la ejecución de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria y dispuso la condena en establecimiento carcelario.

Al no estar suficientemente probada la participación del segundo uniformado, lo absolvió.

La sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva.

 Segunda instancia

La defensa cuestionó los testimonios y reclamó la revocatoria de la sentencia condenatoria por cuanto – en su criterio – no existe una prueba plena que acredite con certeza la comisión de esa conducta.

“La prueba en conjunto ratifica que Torres Manrique es el mismo policía que para los meses de enero a marzo de 2009 exigía el pago de cuotas ilegales abusando de sus funciones, constriñendo a transportadores informales para que le dieran dinero a cambio de permitirles transportar de manera informa personas y cargas entre veredas de los municipios de Pitalito y Acevedo”, concluyó la magistrada Ingrid Karola Palacios.

“Los argumentos de la defensa fincados en que no existe una prueba consolidada contra el condenado Torres Manrique como autor del delito de concusión carecen de sustento”, acotó.

“Así las cosas, acertado es colegir que en el asunto de marras la Fiscalía logró – con la prueba arribada a la actuación – demostrar más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la responsabilidad penal enrostrada a Andrés Francisco Torres Manrique”.

En estas condiciones, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá interponerse dentro del término legal.

Otros casos

Este no es el primer caso. En Gigante, policías de carreteras, inmovilizaban vehículos de transporte y luego presionaba a conductores para cambiar partes por dinero.

Esta era una práctica recurrente utilizada por algunos uniformados encargados de la ruta Gigante-Garzón. Una de esas denuncias originó la investigación que concluyó con la condena del patrullero Diego Fernando Ramírez.

Los uniformados solicitaban ilegalmente dinero para omitir la realización de comparendos por supuestas infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Con fundamento en esas denuncias el jefe de Inteligencia de la Policía, mayor Carlos Lorenzo Muñoz Jaramillo asumió las investigaciones que terminó en una condena proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva el 14 de marzo de 2019.

Otros dos policías de Carreteras fueron igualmente sentenciados por pedir dinero a transportadores.  El conductor de un camión que transportaba madera desde Caquetá los denunció. Ambos fueron condenados.

En Neiva el patrullero de la Policía José Fredy Díaz Camayo fue condenado por haber cobrado dinero para el tramitar la entrega de un bus inmovilizado y trasladado a los patios.

 

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