Mientras en junio se celebraban las fiestas de San Pedro y los partidos de la Copa América despertaba emociones, la Fiscalía General de la Nación a través de su policía judicial CTI Seccional Huila ocupó con fines de extinción de dominio una bodega por ser usada, presuntamente, para el almacenamiento de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Se trata de la bodega ubicada en el Parque Industrial El Viso, en la vía que de Neiva conduce a Palermo, de propiedad de Serviambiental S.A., empresa huilense con 15 años de actividad de recolección, transporte, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, y que resultó afectada por esta historia de corrupción al interior de la Policía Nacional.
Todo empezó cuando a la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) de la Fiscalía, llegó en el mes de febrero de este año información por una fuente humana, de que personal uniformado de la Dirección Regional Antinarcóticos 2 de la Policía Nacional, que corresponde a Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo estaban utilizando de manera arbitraria su posición como policías para comercializar ácido sulfúrico para el procesamiento de narcóticos. La sustancia, provenía de incautaciones de diferentes operativos que habían realizado la misma Policía y cuyo sitio de acopio era el hangar de la Regional 2 Antinarcóticos ubicada en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva.
Según reporte oficial, presuntamente el patrullero Jaime Alonso Gutiérrez Quiroz y un Intendente, aprovechaban cuando la Fiscalía daba órdenes de destrucción del ácido sulfúrico, para sacar de allí una buena parte de este precursor químico con el fin de abastecer organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico en los departamentos de Caquetá y Putumayo.
Con esa información, inicialmente el 17 de febrero del 2019 la Fiscalía URA ubicó un puesto de control del Ejército y el CTI en la vía Neiva-Palermo, donde sabían que ese día pasarían los dos uniformados custodiando el camión de trasteos con el primer cargamento de ácido con destino a una empresa en Florencia, donde debía hacerse la destrucción. Al ser requerido el automotor, los policías mostraron documentación de un fiscal especializado de Neiva que ordenaba la destrucción controlada del ácido, y para comprobar lo dicho y hacer que les permitieran el paso, el mismo Intendente le marcó al fiscal a su celular sobre las 7:30 de la mañana de ese día. Éste, asaltado en su buena fe, siendo engañado le confirmó al servidor de URA que efectivamente al ácido sulfúrico corresponde a unas órdenes que él emitió. El fiscal no dudó del Intendente, pues había sido su mano derecha en procedimientos anteriores de incautación de narcóticos.
Lo que no sabía el fiscal, es que los policiales llevaban un número de canecas mayor al autorizado y soterradamente llevaron unas hacia otro lugar distinto, la bodega de Serviambiental. Ese día ambos policías custodiaron en total dos viajes que hizo el camión con 114 canecas de ácido sulfúrico.
Posteriormente, el 19 de febrero cargan otro viaje para transportarlo hacia el Putumayo. Pero en un puesto de control ubicado en el sector conocido como el cable, en Pitalito, se detiene el camión con 40 canecas de ácido sulfúrico equivalente a 600 galones, y es capturado el conductor, quien hoy está privado de la libertad.
A la Fiscalía le informan que aún en la bodega del Parque Industrial El Viso quedaba más ácido sulfúrico y el 20 de febrero ordena allanarla, donde hallaron 74 canecas, para un total de 800 galones de la sustancia química las cuales no tenían ningún soporte de legalidad.
Búsqueda de material probatorio
La investigación de la Fiscalía arranca en firme y empieza a ubicar videos, verificar trayectorias y obtener toda la evidencia física y elementos materiales probatorios. Por lo anterior, el 8 de marzo realizó un allanamiento y registro al inmueble donde funciona la base de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de la Regional No. 2 Seccional Huila, en el Aeropuerto Benito Salas con el fin de verificar la existencia de recipientes que contuvieran ácido sulfúrico en sus instalaciones, y así comparar la documentación de soporte que se encontraba en las oficinas con las existencias en físico de las cantidades de la sustancia.
Así la Fiscalía URA logra establecer que allí estaban involucrados los dos policías y solicita orden de captura en su contra, la cual es emanada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tello.
A Jaime Alonso Gutiérrez Quiroz, para ese entonces activo, lo capturan en marzo en Florencia de donde es originario, por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, cargos que no aceptó. El investigado quedó con medida de aseguramiento en la cárcel del Cunduy de Florencia; medida que le fue confirmada el 20 de junio por un juzgado del circuito de ese municipio. Ya firmó preacuerdo con la Fiscalía. Mientras que su compinche el Intendente de la Policía, oriundo de Neiva, pidió vacaciones urgentes y el retiro de la Institución el cual le concedieron y se encuentra huyendo.
Pero ahí no paró todo. El fiscal URA compulsó copias a la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, que determinó que la bodega de Serviambiental estaba siendo utilizada como instrumento para la comisión de un delito y el 21 de junio se produce la diligencia de ocupación de este bien inmueble.
¿Cómo resultó involucrada Serviambiental S.A.?
La empresa huilense Serviambiental S.A. legalmente constituida ante Cámara de Comercio cuenta con un activo total de $13,874,461,994. En diálogo con su gerente Ángela María Aroca Hermosa y su asesor jurídico el abogado Andrés Pastrana, precisaron que en la bodega de El Viso no tienen ninguna clase de operación comercial ni industrial. Que inicialmente, antes de la crisis del sector de hidrocarburos, se pensó en trasladar allí las oficinas de la empresa, actualmente ubicadas en el barrio Quirinal de Neiva y que sirviera además como espacio de mantenimiento del parque automotor, pero esto nunca se dio.
Indicaron que en el mes de noviembre del 2018 se les presentó una empresa barranquillera de nombre Reciambiente del Caribe S.A.S. que funciona desde el 2013, y se dedica principalmente al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. Esta empresa le propuso a Serviambiental que le arrendara el lote de El Viso, con fines de empezar a incursionar en el mercado huilense y del sur colombiano.
El asesor jurídico, menciona que en la etapa precontractual la compañía huilense revisó minuciosamente los antecedentes de esta empresa representada por Ricardo Luís Castellón Bernal, y para entonces estaba registrada ante Cámara de Comercio. Y que en todo lo que consultaron sobre ella aparecían limpios. Así que superada esta etapa, el 26 de noviembre suscribieron contrato de concesión de espacio, estableciendo una contraprestación de $3’500.000 más IVA mensual.
Este tipo contrato, teniendo en cuenta que Serviambiental guarda en esa bodega el archivo documental de la compañía, un vehículo siniestrado, una camioneta “motoriada”, trailers viejos de transporte de hidrocarburos y obsoletos muebles como archivadores, ventiladores. “El contrato es claro de que ellos no podían realizar ninguna actividad ilícita y Serviambiental presumió de la buena fe”, menciona el abogado Pastrana.
Señala que en la bodega no hay personal de Serviambiental, y que un operador realizaba visitas esporádicas, entre una a dos veces cada dos semana para sacar archivo documental y nunca se vio nada extraño.
La empresa refiere que antes de arrendar, habían tenido inconvenientes con la Asociación Parque Industrial El Viso que administra el mismo, porque tal como se lee en carta enviada el 4 de octubre de 2018, en menos de 6 meses el portón de acceso a la bodega había sido dañado en dos ocasiones y la chapa violentada, sin que hubieran sido informados de estos hechos.
En el mes de febrero de 2019 luego de estar ya operando Reciambiente del Caribe en la bodega, los vecinos se quejaron por los fétidos olores que presentaba esta empresa. Debido a ello, el asesor jurídico de Serviambiental se comunicó con Ricardo Luís Castellón Bernal y le solicitó que terminaran de mutuo acuerdo entre las partes el contrato porque no quería continuar ninguna relación comercial con ellos. El representante legal de la empresa barranquillera aceptó pero le pidió entonces le diera tiempo de buscar a dónde irse.
Pero el 21 de febrero Serviambiental fueron sorprendidos con la diligencia de allanamiento de la Fiscalía Quinta local URA a la bodega. En esa ocasión, Reciambiente del Caribe negó que su personal hubiera estado involucrado con las canecas de ácido sulfúrico y que durante el fin de semana estuvieran allí laborando.
Sin embargo, cuando la Fiscalía URA recogió los videos de las cámaras de vigilancia que les facilitaron los colindantes de la bodega, evidenciaron con fecha y hora del día domingo que personal de Reciambiente del Caribe estuvo cargando el camión con las sustancias químicas en la bodega. Ocho días después de este hecho, la empresa barranquillera le entregó formalmente el lote a Serviambiental y se fue tras realizar una limpieza.
Serviambiental no fue entonces vinculada a la investigación penal por la URA, pero el 21 de junio, la Fiscalía especializada en extensión de dominio de Bogotá, llegó a realizar el secuestro del bien inmueble, que tiene un área de 3354 metros cuadrados.
“Somos víctima de este proceso”
El asesor jurídico de Serviambiental asegura que nunca supieron que presuntamente Reciambiente del Caribe se habrían prestado para esta actividad ilegal, y mucho menos de la existencia de los dos policías antinarcóticos investigados.
“Terminamos siendo víctima dentro de todo este proceso, nos queda esperar el juicio de extinción de dominio donde confiamos completamente en que la justicia colombiana actúe y se demuestre que nosotros obramos conforme a la buena fe, y que ese bien no salga de nuestro patrimonio, sobre todo porque ese predio tiene hipoteca. Es un problema que nunca pensamos se tradujera en estas dimensiones, nos están causando un gran perjuicio además con la imagen de la empresa ya que tenemos clientes muy representativos del orden nacional e internacional”, manifiesta el abogado, al tiempo que indica que presentó toda la documentación del contrato de concesión a la Fiscalía Quinta local URA.
La compañía huilense reiteró que a la fecha no han sido notificados por parte de esta Fiscalía, de su vinculación ni de ninguno de sus funcionarios a algún proceso penal. Sin embargo, la Fiscalía de Extinción de Dominio investiga los vínculos de Serviambiental y de Reciambiente del Caribe en este caso. Se conoció que ésta última canceló su matrícula mercantil el pasado mes de junio.
El Diario LA NACIÓN buscó comunicarse con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional para conocer las medidas que adoptarán por esa investigación en el Huila, pero no obtuvo respuesta.