Obert Alejandro Ortiz R
Hace algunos días se llevó a cabo en Neiva la jornada de intercambio de saberes para la construcción de la política pública de participación ciudadana con el liderazgo del Ministerio de Interior. En el formulario de inscripción virtual se realizaron algunas preguntas orientadoras a los posibles participantes para tener una percepción sobre el nulo, poco o amplio conocimiento del tema. De los primeros 100 inscritos: el 74.4% mujeres, 24.4% hombres y el resto de comunidad LGTBIQ.
En este grupo de interesados, hacían parte integrantes de la mesa de participación y municipal de víctimas, programa de etnias, mujeres cabeza de hogar, colectivo de mujeres Neiva somos más, consejo municipal de mujeres, red de mujeres comunitarias, afrodescendientes, desplazados, juntas de acción comunal, comunidad campesina, veedurías, sindicatos, jóvenes, pensionados, mujeres líderes, indígenas, movimiento juvenil, fundaciones, ediles, estudiantes, asociación de artesanos gastronómicos, víctimas del conflicto armado, servidores públicos, entre otros. Al cuestionamiento sobre el conocimiento de la Ley 1757 de 2015, el 68.9% expresó no conocerla. Sólo el 31.1% dijo tenerla apropiada.
A los que expresaban su conocimiento del contenido de la Ley indicaron que se refería a los mecanismos de participación ciudadana, que estaba orientada a diferentes esfuerzos que se han venido desarrollando para lograr una democracia más incluyente, sobre violencia contra la mujer, derecho de petición, plan de participación, ley mediante la cual los ciudadanos pueden determinar quien tomará las decisiones mediante elección de representantes, indica los mecanismos de participación por medio del voto plebiscito, revocatoria, cabildo abierto, protege y garantiza el derecho a participar en actividades políticas, sociales, culturales y permite hacer control político, registra la participación democrática de las organizaciones civiles, regula la iniciativa popular, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, establece la participación que tenemos todos los colombianos, acción de tutela, consejo municipal de participación ciudadana, todo sobre veedurías, aplicación de los derechos fundamentales, entre otros. No faltó los que dijeron que tocaba leerla. Y finalmente se les preguntó, sobre la temática en la que le gustaría participar en la jornada de intercambio de saberes. El 57.8% expresó su interés en los mecanismos de participación ciudadana.
El 18.9% en control social, 18.9% en veedurías ciudadana y el resto en rendición de cuentas. Así mismo, el rango de edad de los participantes se clasificaba en un 33.3% con más de 54 años, el 6.7% entre 45 a 54 años, el 21.1% entre 35 y 44, el 11.1% entre 25 a 34 años y el 7.8% con 18 a 24 años. Una vez en el encuentro, la revisión y análisis de problemáticas se centró en cómo abordar y enfrentar la baja apropiación institucional y de la ciudadanía en la implementación social de los mecanismos de participación, control y ejercicio pleno de la participación ciudadana, como deber y derecho de los ciudadanos consagrados en la legislación nacional. Han transcurrido más de 6 años de la expedición de esa normativa que contempla más de 140 espacios de participación ciudadana en los 24 sectores de la administración pública y, nada que llega plenamente al corazón del ciudadano. Institucionalmente, desde la ESAP se ha trabajado mucho en el tema, pero no se avanza. Falta pedagogía. Como en muchas otras normas. Si eso se presenta en este grupo, qué resultados arrojaría en la población en general. Bien por este espacio. En democracia se requiere profundización de esta política.