Por duda en pruebas, Corte Suprema no abrió investigación contra exsenador Géchem

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación contra el exsenador huilense Jorge Eduardo Géchem Turbay señalado por la Fiscalía de intervención ilícita de contratación pública, para dirigirlos y adjudicarlos indebidamente. “Concurren los presupuestos exigidos para inhibirse de abrir una instrucción, por existir duda sobre la ocurrencia de los hechos bajo escrutinio”, dijo el magistrado ponente Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción de la alta corte.

Rafael Rodríguez C.

Duda en las pruebas fue lo que le permitió que Corte Suprema de Justicia se abstuviera de abrir investigación contra un senador y varios excongresistas, entre ellos el exsenador huilense Jorge Eduardo Géchem Turbay, por presuntamente haber influido irregularmente en el manejo de los fondos de la paz.

La decisión fue adoptada por el magistrado ponente Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción de la alta corte, luego de haber estudiado las declaraciones y documentos aportados en la compulsa de copias que entregó la Fiscalía para que los investigara.

Se trata del senador Jaime Enrique Durán Barrera y los excongresistas Géchem Turbay, Argenis Velásquez Ramírez y Humphrey Roa Sarmiento, quienes según la Fiscalía habrían hecho parte de una “organización criminal” comprometida en la intervención ilícita en procesos de contratación pública, con el fin de dirigirlos y adjudicarlos indebidamente.

El ente acusador señaló que se trataría de una actividad desplegada durante el primer semestre del año 2018 por un grupo de servidores públicos y particulares, con el interés de “corromper” procesos contractuales de proyectos de asistencia técnica, desarrollo agropecuario y rural y contratos de infraestructura vial, financiados con recursos asignados a los distintos fondos creados en el Acuerdo Final de Paz, para la atención de necesidades de las zonas afectadas por el conflicto armado.

La Fiscalía en la compulsa de copias contra el senador Durán Barrera y los excongresistas, entre ellos Géchem Turbay, entregó interceptaciones en las que se registraron comunicaciones telefónicas que expondrían un repertorio de actividades ilegales como presuntas gestiones irregulares en entidades del orden nacional para garantizar la asignación de recursos a proyectos formulados por diferentes entes territoriales en los departamentos de Boyacá, Santander, y Casanare.

Además, de la presunta venta de ‘cupos’ por parte de congresistas a particulares para el desarrollo de los proyectos; y la posible desviación de porcentajes de las obras a ejecutar, destinados a terceros y a los mismos parlamentarios con el objeto de financiar sus campañas al Congreso de la República en los comicios electorales del 11 de marzo de 2018.

Géchem no participó

El abogado defensor de Géchem Turbay, el 26 de septiembre de 2024, presentó un memorial a través del cual solicitó a la Sala decretar la resolución inhibitoria en favor de su defendido por cuanto, en su criterio, se habría demostrado que las conductas endilgadas no existieron.

Sostuvo el defensor que de la prueba recaudada se extrae que el actuar de José Domingo Ardila Neira, estuvo dirigido a estafar ciudadanos “haciendo creer a terceros incautos que tenía un relacionamiento directo con el exsenador Géchem se apropiaba de sus recursos mediante la utilización de estrategias que inducían en error a las víctimas”.

Indicó que fue a propósito de un contrato de piscicultura en el departamento de Casanare tramitado en la Agencia de Desarrollo Rural, que fue estructurado por asesores técnicos de la entidad y no por incidencias políticas, ni contactos que tuviera Géchem Turbay. “El investigado no radicó solicitudes de asignación de recursos ante dicha entidad”.

Sobre posibles influencias de su defendido en sobre contratos con recursos para el posconflicto, abogado destacó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República descartó ingresos del investigado a dicha entidad y que el Fondo Colombia en Paz certificó no haber financiado proyectos en los departamentos de Boyacá, Santander y Casanare en 2018.

El defensor indicó que el supuesto pago que habría hecho José Domingo Ardila Neira por valor de $110.000.000 en favor de Géchem Turbay a cambio de cupos, sostuvo no tenía la capacidad económica para reunir dicha suma. Además, resaltó que su cliente no pudo haber ofrecido dichos cupos dado que reemplazó en el Congreso a Carlos Enrique Soto Jaramillo, durante el lapso del 19 de abril de 2017 a 19 de julio de 2018.

No tenía cupos

El exsenador Jorge Eduardo Géchem Turbay, en versión libre el 21 de mayo de 2019 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que fue senador en los periodos 1998 a 2002, 2010 a 2014 y 2014 a 2018, en el que inició desde mediados de 2017 hasta el 19 de julio de 2018.

Aseguró que él no tenía “cupos” en ninguna entidad y que, mientras fue senador, la Agencia de Desarrollo Rural no aprobó ningún proyecto de asistencia técnica y que su hijo fue director de la entidad seis meses antes del inicio de su periodo como congresista y que sus gestiones ante la agencia se enmarcaron en su rol como parlamentario.

El excongresista admitió que conoció a Neira, al señalar que él lo visitaba en el Congreso, ya que quería impulsar a su hijo a un Concejo en el departamento de Santander. “Se habían reunido dos o tres veces, pero negó cualquier intercambio monetario o intervención en proyectos por petición suya”.

Negó gestiones en Minhacienda

El magistrado ponente Rodríguez Castellanos indicó que si bien en la corroboración del testimonio muestra coincidencias espaciales y temporales que apuntarían hacia el exsenador Géchem Turbay, lo cierto es que, en ausencia de otras pruebas incriminatorias, son indicios leves que no tienen la suficiente fuerza para estructurar una eventual imputación jurídica en contra del aforado.

Señaló que la testigo aseveró bajo la gravedad de juramento que en la reunión en el Congreso de la República no se discutió ningún aspecto relacionado con dinero, inversiones, compra de cupos, etc. “De la revisión de la matriz de transacciones de dinero entre los involucrados no se extraen elementos que apunten hacia una hipótesis de corrupción administrativa”, dijo el togado.

Sostuvo que la Sala también examinó la contratación del servicio de asistencia técnica rural durante el 2016 y el 2018, con miras a corroborar las menciones de Ardila Neira, específicamente, durante sus conversaciones. Él sostuvo que tenía acuerdos con los aforados. “Respecto de Jorge Eduardo Géchem Turbay, las interceptaciones no ofrecen mayores coordenadas”.

Precisó el magistrado que una inconsistencia adicional en dichas llamadas interceptadas es la referencia a que Géchem Turbay tendría relación con proyectos de asistencia técnica en el departamento de Casanare. “No hubo una sola iniciativa de este tipo relacionada con dicho territorio”.

Sobre la Agencia de Posconflicto, el magistrado indicó que en el material de interceptaciones revisado por la Sala se encuentra una referencia que involucraría a dos de los aforados investigados con gestiones indebidas en relación con proyectos soportados con mecanismos de financiación de paz a través de la intervención de José Domingo Ardila Neira, quien se muestra como el intermediario de posibles intereses del exsenador Jorge Eduardo Géchem Turbay y la exrepresentante Argenis Velásquez Ramírez.

Señaló que la Sala desplegó actividades investigativas para corroborar si lo que allí se dice ocurrió efectivamente, encontrando que ninguno de los investigados asistió a las instalaciones de la Alta Consejería para el Posconflicto. “Según el memorando MEM22-00026279/GFPU 13083000, suscrito por el jefe de tecnología y sistemas de información del Dapre, Durán Barrera, Géchem Turbay, Velásquez Ramírez y Roa Sarmiento no visitaron entre febrero y abril de 2018 la oficina del doctor Pardo Rueda”.

Sostuvo que el director del Dapre también afirmó que el Fondo Colombia en Paz no financió ningún proyecto en los departamentos relevantes en esta investigación previa (Santander, Boyacá y Casanare), durante la vigencia 2018.

El magistrado señaló que en las líneas interceptadas, José Domingo Ardila Neira se refiere a que el exsenador Jorge Eduardo Géchem Turbay estaría realizando gestiones para que desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se trasladaran recursos con los que se pudieran ejecutar proyectos que harían parte de compromisos que se tenían con el aforado.

No obstante el exsenador Géchem en versión libre negó las supuestas gestiones, pese haber ido al ministerio. “Reconoció haber asistido a dicho lugar en algunas ocasiones, pero negó haberlo realizado para esa clase de gestiones”, manifestó el magistrado Rodríguez Castellanos.

Sostuvo el togado que acerca de eventuales operaciones presupuestales promovidas por el exsenador Géchem Turbay en marzo de 2018, la Sala no encuentra que, durante el primer semestre de ese año, se hayan registrado esa clase de movimientos desde el Ministerio de Hacienda hacia la ADR y el DPS promovidos por el aforado, con el fin de financiar proyectos controlados de facto por él y susceptibles de acuerdos ilícitos de “compra de cupos”.

La Sala no encontró irregularidades

Para el magistrado Rodríguez Castellanos el panorama de los hallazgos presentados muestra que ninguna de las referencias extraíbles de las conversaciones interceptadas permite plantear con seriedad una conexión real con los investigados, a partir de la cual se pueda estructurar una imputación jurídica a cualquier título.

“En el marco de la actividad de corroboración de las referencias de Ardila Neira con procesos institucionales efectivamente ocurridos, en algunas ocasiones la Sala pudo acreditar la simple imposibilidad de hecho derivada de anacronismos discrepancias temporales. En otras ocasiones, a pesar de cierto grado de coincidencia, la Sala no encontró elementos suficientes para predicar la existencia de alguna irregularidad y, además, que ésta fuera reconducible a alguna acción de los aforados investigados”, explicó el togado.

En la actividad investigativa de la Sala tampoco muestra que la presunta intermediación de Ardila Neira en negocios ilícitos de los investigados se haya traducido, por ejemplo, en contratos que beneficiaran a las personas jurídicas en las que el primero participaba. “Ardila Neira no participaba de ninguna persona jurídica con las que el Estado sí contrajo obligaciones en los contratos efectivamente ocurridos, restan credibilidad a las afirmaciones hechas durante las conversaciones interceptadas, acerca de compras y anticipos calculados en millones, ventas de ‘cupos’ y ofrecimientos para accesos inmediatos a la contratación”, dijo el magistrado.

Indicó que a pesar de las coincidencias comprobadas y cierto grado de relación de esta persona con el senador Durán Barrera y los excongresistas Velásquez Ramírez, Roa Sarmiento y Géchem Turbay, el resultado obtenido se compone, por un lado, de corroboraciones de que ciertos hechos no existieron y, por otro lado, de que otras situaciones reales sí ocurrieron, “pero sobre las cuales no se puede estructurar una imputación seria a cualquier título en contra de los imputados, pues no ha sido posible superar el umbral de duda sobre la eventual participación de algún aforado constitucional, a pesar de la actividad investigativa desplegada”.

Aseguró que por existir duda sobre la ocurrencia de los hechos la Sala Especial de Instrucción Penal resolvió inhibirse de abrir instrucción contra los investigados. Sin embargo, señaló que la determinación se adopta sin perjuicio de que, ante la aparición de nuevas pruebas que desvirtúen el fundamento de la providencia, se pueda revocar la decisión inhibitoria.

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