Luego de una larga lucha jurídica, la familia del ex alcalde de Baraya, Jorge Eduardo Medina Torres, asesinado en 1999 en pleno ejercicio, logró una acción reparadora.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanación.com,co
Después de 23 años de haber sido acribillado miserablemente, los herederos del asesinado alcalde de Baraya, Jorge Eduardo Medina Torres, recibieron por fin una reparación económica.
La acción reparadora fue ordenada por el Consejo de Estado en el 2015 pero volverla realidad se convirtió en otra dura batalla que al fin llegó a su final.
Hace un año, el 24 de junio de 2021 la sociedad Alianza Fiduciaria, la administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia, presentó la demanda ejecutiva contra el Gobierno Nacional (Ministerio de Defensa -Policía Nacional) exigiendo el pago de los daños y perjuicios morales y materiales a su esposa María Doris Mora Bastidas y a sus tres hijas.
El 22 de abril de 2022 el apoderado del Ministerio de Defensa confirmó el pago total de las sumas ordenadas en el mandamiento ejecutivo y solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación.
A mansalva
Cuando cumplía 20 meses de haber asumido el peligroso cargo, en una turbulenta región de orden público el ex mandatario liberal fue ultimado a mansalva por dos pistoleros que lo estaban esperando a un lado de su residencia.
El funcionario regresaba a la madrugada de una fiesta familiar con su esposa y sus pequeñas hijas cuando los gatilleros lo sorprendieron en la oscuridad.
Los hombres armados ingresaron hasta el pórtico de la vieja casona y sin mediar palabra le propinaron varios disparos con arma de fuego. Los disparos le ocasionaron la muerte en forma instantánea el 15 de agosto de 1999.
Medina Torres había sido elegido alcalde el 26 de octubre de 1997 en medio del recrudecimiento del conflicto armado, donde alcaldes y concejales eran los objetivos militares.
Sin protección
A pesar de las amenazas, Medina Torres nunca tuvo protección. En otros casos, por seguridad, andaban sin escoltas y preferían no reportar las intimidaciones. La ley de la selva.
En su momento la Policía estimó que las amenazas no eran evidentes “en tanto que el burgomaestre fue el que de manera personal manejó su situación de seguridad desde el momento en que se postuló como candidato hasta cuando fue electo como alcalde”.
“Nunca solicitó medidas de protección para él ni su familia”, reportó la institución, sin analizar el contexto que se vivía en esas zonas de orden público.
“En esa época,-dijo- la guerrilla amenazó a muchos alcaldes del país, instándolos a abandonar sus cargos y hasta sus domicilios so pena de declararlos objetivo militar.
Esta circunstancia, según la Policía, fue enfrentada ofreciendo seguridad personal para todos los alcaldes del Huila. “El alcalde no aceptó los escoltas ni su acompañamiento”, precisó.
El secretario de Gobierno de la época le agradeció al comandante de la Estación de Baraya el ofrecimiento de escoltas pero desistió de su acompañamiento.
Fallo adverso
La dura batalla por la reparación comenzó el 22 de noviembre de 2006. Ese día el Tribunal Administrativo del Huila rechazó una acción de reparación instaurada por su esposa y sus tres hijas.
Los magistrados estimaron que en este caso no se logró demostrar que el Ministerio de Defensa-Policía Nacional hubieran incurrido en una falla en la prestación del servicio por acción u omisión, en tanto no tenían conocimiento previo de la existencia de amenazas contra la vida e integridad persona, situación que le hubiese permitido adoptar medidas de seguridad acordes con el nivel de riesgo.
Además, concluyeron que el Estado no estaba en disposición de brindar a cada ciudadano vigilancia personalizada. “Y más aún cuando no se tenía conocimiento de que el señor Medina Torres, hubiese solicitado protección con anterioridad a la ocurrencia de los hechos”.
La decisión, sin embargo, fue revocada el 30 de julio de 2015 por el Consejo de Estado. El alto tribunal, declaró la responsabilidad del Estado y ordenó una indemnización.
La reparación
“En el caso concreto, añadió- está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones cometidas por la guerrilla”.
“Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes del municipio de Baraya (Huila), se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al conocimiento de las autoridades”.
Este hecho es, justamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional, precisó el togado.
“En este caso, -dijo- no cabe duda que los hechos en los que perdió la vida el burgomaestre, están inscritos en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica”.
Omisiones
“La Policía Nacional no ofreció ni prestó apoyo o seguridad al señor Medina Torres; es decir que por la misma situación de orden público que vivía el país, en donde diariamente asesinaban personas de la vida pública nacional, y conocidos los asesinatos de los alcaldes de municipios vecinos como La Plata y Acevedo (Huila); era evidente y obvio que Jorge Eduardo Medina Torres, en su condición de Alcalde Municipal, no requería solicitud expresa de protección o seguridad a la Policía Nacional.
“El Estado responde no solo porque no haya prestado protección a alguien que la solicite, sino por no haberla prestado a alguien que la necesitara por la previsibilidad de sufrir una acción que atentara contra su vida o integridad física, aún en el evento en que no la hubiera pedido formalmente”, precisó el magistrado Danilo Rojas Betancourth.
Precedente
Por esta razón, el Consejo de Estado consideró que era un deber endilgable a las entidades estatales el desarrollo de medidas materiales efectivas para garantizar, la vida e integridad física de las personas que encarnaban la autoridad civil y estatal en el municipio.
“Aunque pueda carecerse de elementos probatorios que permitan determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, es evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde le colocaban en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención en su protección, algo que no sucedió y que concretó el daño”.
Acreditado el daño antijurídico, la falta de protección de la entidad demandada y el nexo causal entre aquel y esta, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte del ex mandatario Jorge Eduardo Medina Torres, y ordenó el pago de los perjuicios morales y materiales a su esposa y a sus pequeñas hijas. La orden quedó ejecutoriada el 12 de noviembre de 2015.
Desde entonces, las víctimas enfrentaron otra guerra jurídica por la reparación, que ahora por fin, después de 23 años, tendrá punto final.
Crimen sin castigo
En cambio, en este crimen un hubo justicia. Dos décadas después, por este magnicidio, no hay un solo detenido.
La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penal del Circuito Especializados de Bogotá con sede en Neiva avocó investigación preliminar por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Sin embargo, nunca se capturaron ni identificaron a los victimarios.
“Nunca supimos algún avance. Veinte años después, no hay un indicio, menos una captura y por supuesto, ninguna condena. Es triste pero este caso quedó en la impunidad”, relató su hermano, el docente y ex secretario de Educación Enrique Medina Torres.
Punto final
Después de siete años, el Ministerio de Defensa ordenó el pago de la reparación.
En efecto, la cancelación fue ordenada por la Resolución 00159 de 2022. El pasado 25 de febrero de 2022 se consignó el valor de la reparación a favor de Alianza Fiduciaria en una cuenta de ahorros del Banco Citibank Colombia.
El 24 de junio en plenas fiestas de San Juan, al cumplirse un año del mandamiento ejecutivo, el magistrado Jorge Alirio Cortés, ordenó el trámite final para la liquidación del crédito y archivar definitivamente el proceso de reclamación.
