El polémico ex secretario de Hacienda de Baraya John Edison Torrejano fue inhabilitado por 12 años por apropiarse conscientemente de recursos públicos, transferidos a particulares, con soportes falsos. El ex alcalde, responde en proceso separado.
RICARDO AREIZA
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Como responsable de una millonaria defraudación financiera, la Procuraduría Provincial de Neiva, sancionó con destitución al ex secretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano.
En un fallo de primera instancia, la procuradora Yulieth Cristina Cortés, lo inhabilitó por 12 años para desempeñar cargos o ejercer funciones públicas, al encontrarlo disciplinariamente responsable de la desviación de recursos públicos a cuentas de amigos y parientes cercanos, ajenos a la administración municipal.
La conducta desplegada por Torrejano en su condición de Secretario de Hacienda, según la Procuradora Provincial, configuró un desconocimiento de los principios de buena fe, transparencia, moralidad y economía.
“Con esta conducta imputada se afectó el bien jurídico tutelado de la administración pública. Desde la óptica disciplinaria, no podría existir duda de la afectación del correcto y normal funcionamiento de la administración pública”, insistió la Procuradora en el extenso y soportado fallo.
Asimismo estimó que el funcionario, consciente de la ilicitud de su conducta, se apropió de los dineros públicos mientras ejerció el cargo, y luego, realizó por lo menos otra operación, estando ya desvinculado del cargo.
Aunque devolvió algunos recursos, la sanción no logró atenuarse. “Tal situación y las pruebas que lo soportan se tendrá como un indicio grave para establecer la culpabilidad”, anotó.
Rápido fallo
El fallo se produjo después de un año de rigurosa y rápida investigación que comenzó el 26 de julio de 2019 cuando le formuló cargos.
Antes, en febrero inició la indagación preliminar y en mayo del año pasado, un equipo de esa agencia del Ministerio Público se trasladó hasta Baraya y realizó independientemente las investigaciones del caso. Lo mismo hizo la Contraloría Departamental que en tiempo récord inició el proceso de responsabilidad fiscal.
La lectura del fallo se produjo en audiencia virtual, donde se determinó la culpa gravísima a título de dolo, que concluyó con la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años.
El ex procurador Andrés Felipe Vanegas, abogado de Torrejano, apeló la providencia de primera instancia.
Indicó que en este caso, hay muchas dudas y pruebas que no se practicaron sobre la participación de Torrejano y no existe “plena certeza” en su directa participación en estas operaciones.
El caso pasará a la Procuraduría Regional donde se tramitará la impugnación.
Otros procesos
El 13 de mayo de 2019, la Contraloría Departamental abrió el proceso de responsabilidad fiscal, interrumpido por la suspensión de términos.
La jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la época, Diana Carolina Fernández, inició la diligencia con el propio Torrejano, el contador y las aseguradoras. La versión libre está pendiente.
Justo cuando Torrejano puso la cara en la Contraloría, al día siguiente fue capturado el 22 de octubre de 2019 en Villavieja. También detenidos el comerciante Luis Miguel Charry Forero, Jorge Edgardo Soache Perdomo, John Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, supuestos beneficiarios de los giros fraudulentos. Todos están con detención domiciliaria desde diciembre del año pasado.
Cargos probados
“En el presente caso, se encuentra plenamente probado que el señor John Edison Torrejano, actuando en su calidad de Secretario de Hacienda, efectuó 40 transferencias desde el 4 de octubre de 2017 al 30 de agosto de 2018 de las cuentas oficiales a particulares”, precisó la agente del Ministerio Público.
De acuerdo con el material probatorio y evidencia recaudada, Torrejano, utilizando las claves personales transfirió a particulares, ajenos a la entidad la suma de 432,70 millones de pesos a la cuenta de ahorros de Luis Miguel Charry; otros 53,69 millones de pesos a la cuenta de ahorros de suprimo John Edinson Castro y otros 245,81 millones a las cuentas de ahorro de José Edgardo Soache, para un total de 732,20 millones de pesos”, precisó la Procuraduría Provincial.
Torrejano, como lo corroboró la agencia del Ministerio Público, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.
“Torrrejano, consciente de la ilicitud de su comportamiento procedió a elaborar los comprobantes, con información falsa de los beneficiarios y conceptos de pago”, explicó.
El ex funcionario utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad entregado para el uso exclusivo por parte de las entidades financieras.
Las transferencias bancarias irregulares fueron realizadas entre 2017 y 2018 a personas que para la fecha de estos movimientos, no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración del municipio de Baraya.
La defraudación
La defraudación, según la Contraloría, ascendió a 749, 85 millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría la cuantificó en 732,20 millones, en razón a que la última operación la realizó Torrejano cuando ya estaba por fuera de la administración.
El equipo de la Procuraduría Provincial de Neiva identificó solamente 40 transacciones realizadas durante el ejercicio del cargo.
La última operación fraudulenta, la realizó el 4 de septiembre de 2018, en momentos en que Torrejano asistía a una reunión de empalme y por lo tanto esta conducta la realizó como particular y la conducta amerita otra calificación jurídica.
De estas operaciones, 22 beneficiaron a Luis Miguel Charry Forero, 16 a Jorge Edgardo Soache Perdomo, una a Edison Izquierdo y dos a John Edison Castro.
“La mayoría de las transferencias fueron justificadas fraudulentamente mediante comprobantes de pago o egresos con información que no coincide con los terceros beneficiarios de la transacción bancaria.
Maniobras ilícitas
“En el presente caso, Torrejano predeterminó su conducta, para alcanzar el resultado obtenido y que hoy se cuestiona, pues realizó todas las actuaciones administrativas propias y necesarias para efectuar 40 transferencias bancarias por un valor de 732,20 millones de pesos desde las cuentas corrientes del Municipio de Baraya, haciendo uso de las respectivas claves de seguridad habilitadas para tal fin”, precisó la Procuradora Provincial de Neiva.
Estas transferencias fraudulentas fueron realizadas a cuentas de ahorro bancarias registradas a nombre de particulares que no tienen vínculo alguno con la administración municipal.
“La mayoría de las transferencias fueron soportadas mediante comprobantes de pago o egresos con información que no coincide con los terceros beneficiarios, elaborados por Torrejano, con su clave personal”, explicó la funcionaria.
Otros investigados
Una vez se destapó el escándalo, la Procuraduría Provincial de Neiva, actuando con inusitada celeridad, compulsó copias para que se investigara, separadamente, al alcalde de la época, Luis Enrique Cardozo.
Entre otras razones porque el ex mandatario manejaba el segundo ‘token’ con su código de seguridad, y por lo tanto, debía conocer, como primera autoridad y ordenador del gasto, los movimientos financieros y el estado de la disponibilidad presupuestal.
“La Procuraduría no puede desconocer la posible omisión y responsabilidad disciplinaria del actual alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar”, argumentó la funcionaria para ordenar una investigación separada.
“El mandatario como primera autoridad administrativa de Baraya no dio cumplimiento a la aplicación de manuales de procesos y procedimientos establecidos para efectuar el debido control”, explicó la funcionaria en al auto de formulación de cargos.
Igualmente puso en evidencia las graves falencias en el sistema de control interno contable.
“De otro modo se entiende cómo en un municipio de sexta categoría se desvíen de manera irregular y en un periodo menor a un año más de 732,20 millones de pesos sin que se advirtiera aparentemente lo sucedido”, acotó.
La funcionaria, invocando el poder preferente en el proceso disciplinario, declaró la ruptura procesal en la investigación preliminar que adelantaba la Oficina de Control Interno y asumió el conocimiento.
Luego de la indagación preliminar se abstuvo de iniciar investigación contra la ex secretaria de Hacienda, Carmenza Vanegas Pacheco, quien descubrió las anomalías y al contador Felipe Charly Quintana.
