La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que se reabren las medidas cautelares en el Cementerio Central de Neiva. En la determinación se estableció que no se ha dado cumplimiento a todas las órdenes impartidas, con el fin de garantizar los derechos a la verdad y la memoria de las familias de las víctimas de desaparición forzada en el Huila.
Lucía Sánchez
Con el fin de garantizar los derechos a la verdad y la memoria de las familias de las víctimas de desaparición forzada en el Huila, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió las medidas cautelares sobre el Cementerio Central de Neiva- CCN, luego de que fuesen archivadas a inicios de este año. La decisión se fundamentó en el incumplimiento de varias órdenes dadas a autoridades como la Alcaldía de Neiva.
Es de recordar que hace un año la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó los hallazgos encontrados en el análisis que desarrolló en dicho camposanto, y destacó que 143 cuerpos sepultados allí podrían ser víctimas de desaparición forzada, por lo que en ese momento determinó que, por un año, no habría exhumaciones sin una individualización de por medio, además impartió varias ordenes a autoridades territoriales, algunas de las cuales no han sido acatadas.
El objetivo principal, ha señalado la JEP, es proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado, pues se determinó el riesgo en que se encuentran los procedimientos de inhumación, exhumación, marcación e identificación de los Cuerpos No Identificados (CNI) y los Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR), que reposan en el camposanto que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883.
Incumplimientos
La jurisdicción señaló que actualmente “se evidencia el incumplimiento parcial de lo dispuesto concretamente referente al deber de realizar la cartografía social que tiene como finalidad registrar las memorias, relaciones y prácticas asociadas al actual lugar del Cementerio (…)”.
“No se ha implementado dicha herramienta de conformidad con lo anunciado en el memorial remitido por la Alcaldía de Neiva el 31 de mayo de 2022”, agrega el Auto AT 214.
Además, la JEP identificó un riesgo latente frente a un futuro traslado del cementerio. Y advirtió que “en consecuencia, el eventual traslado de las estructuras óseas que reposan en este camposanto a una nueva sede, no se realizaría de forma digna lo cual iría en desmedro de los derechos de las víctimas y evitaría la materialización de los principios de la justicia restaurativa”
Caso Tarcisio Medina
La Sección liderada por el magistrado Raúl Sánchez igualmente indicó que aún los familiares de las víctimas continúan sin recibir información alguna que les permita conocer la verdad de lo sucedido, particularmente las familias de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordóñez, desaparecidos (en el caso de Medina) presuntamente por fuerzas estatales.
“La gravedad también se puede observar debido a que los familiares de las personas desaparecidas forzadamente que presuntamente puedan encontrarse en el CCN por hechos relacionados o con ocasión del CANI, aún no reciben información alguna que les permita esclarecer la verdad de lo sucedido y con ello, adelantar los correspondientes procesos de duelo por la pérdida de su familiar. De igual modo, tampoco se ha avanzado en los casos puntuales de desaparición forzada (Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas) que se describieron durante la audiencia pública que se realizó en la ciudad de Neiva el 10 de agosto de 2021, con ocasión de la cautela dispuesta sobre el cementerio Central de Neiva”, indica la determinación.
Y resalta que “esta Sección considera que la gravedad de las circunstancias descritas persiste, en la medida que han transcurrido más de 30 y 11 años respectivamente y las familias de Tarcisio Medina Charry y Albeiro Ordoñez Rojas, aún no conocen la verdad de lo acontecido y mucho menos el paradero donde se encuentran los restos mortales de sus familiares desaparecidos”.
De otro lado, indica que “el requisito de la urgencia que hace referencia a la inmediatez de la amenaza, se supera en el presente caso en tanto (I) no se ha cumplido plenamente con lo dispuesto con el numeral segundo del Auto AI-042 de 2021 y; (II) no se ha recibido información alguna sobre víctimas de desaparición forzada en razón al CANI que presuntamente reposan en el CCN”.
Otros incumplimientos
La JEP además advirtió que las autoridades a cargo de entregar un listado completo y un plan de trabajo sobre gestiones pendientes de cara a los cuerpos no identificados en el cementerio central de Neiva, no han cumplido a cabalidad con esa orden alentando el requisito de urgencia.
La jurisdicción ordenó que “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá informar dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la notificación de esta providencia, el estado actual de los procesos de identificación adelantados en los cuerpos no identificados que le fueron remitidos”.
Además, determinó escuchar en diligencia bajo juramento a varios de los familiares especialmente de las víctimas Tarcisio Medina y Albeiro Ordóñez, diligencias para las que se comisionó un equipo especial.
Medidas cautelares
La JEP destacó que las medidas cautelares resultan esenciales no solo para protegerlos los cuerpos, sino que tienen por objeto cooperar con las demás instituciones del Sistema Integral para la Paz y otras agencias del Estado para evitar la afectación de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada.
Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 143 cuerpos sepultados en el cementerio central de Neiva podrían ser víctimas de desaparición forzada, pero la cifra de los identificados que no han sido reclamados no se pudo establecer con certeza, debido a que hay una mezcla del universo de personas no identificadas con las personas que fueron identificadas no reclamadas.