Los colombianos se levantaron ayer con las fuertes imágenes de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años de edad, siendo sometido a numerosas descargas eléctricas por parte de dos policías en una calle de Bogotá. Como era de esperarse, ese impactante momento captado en video inundó las redes sociales y ha provocado una ola de indignación por todo el país.
El video es doloroso y genera un sentimiento de rabia, frustración e impotencia: al estilo del episodio ocurrido en Estados Unidos con George Floyd, los dos uniformados se le arrodillan encima al abogado –padre de dos hijos y quien actualmente no ejercía la profesión sino que conducía un taxi–. Durante más de dos minutos, se escucha a la víctima suplicar que paren las descargas eléctricas provocadas con un arma tipo taser. “¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo por favor?”, les decían a los policías los vecinos donde ocurrió el indignante episodio. Tras ser reducido, el detenido fue llevado a un CAI en la capital del país, en donde habría sido sometido a nuevas golpizas. Finalmente, murió.
La escalada de indignación que desató el caso, incluyendo desordenes y actos violentos al caer la tarde de ayer, llevó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a anunciar una “reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación”.
Deben las autoridades, en el menor tiempo posible, investigar, esclarecer y juzgar a los responsables de este evidente caso de uso excesivo de la fuerza y de brutalidad por parte de uniformados activos de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, hacer una revisión a la formación que están recibiendo.
Los policías, desde el menor hasta el más alto rango, están obligados a evitar la imprudencia y el uso desproporcionado o irracional de la fuerza. No pueden olvidar que su deber es proteger al ciudadano y no atacarlo salvajemente.