RICARDO AREIZA
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Dicho y hecho. El juicio oral por las anomalías en la contratación de la remodelación del estadio de Neiva, volvió a dilatarse después de un año y diez meses de haberse radicado la acusación.
La posibilidad de evacuar en tres días seguidos la entrega total del material probatorio, elemento esencial para la defensa, se frustró ayer por séptima vez, desde el 4 de diciembre de 2017 cuando se radicó el escrito de acusación.
El nuevo aplazamiento se registró en medio de una fuerte polémica por el considerable retraso en el trámite del complicado proceso que se adelanta contra los contratistas, interventores y servidores públicos, implicados en las irregularidades.
A la audiencia sólo concurrieron el ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, el antiguo jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes; el ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos, la ingeniera Erika Fernández y el abogado Gustavo Arboleda. Los demás se excusaron.
El juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna Corrales reprogramó para la primera semana de mayo la reanudación de la frustrada audiencia y fijó para el mes de julio, la fecha para iniciar el debate en el juicio oral.
Sin objeción
“La fiscalía no tiene ninguna objeción frente a las peticiones de la defensa en la medida en que acepta que es bastante voluminosa la prueba documental que se ha trasladado a los defensores”, reseñó el fiscal Carlos Alberto Ladino, quién asumió el caso en reemplazo de Rodrigo Fernández Fierro, quien se jubiló.
Sin embargo, el nuevo fiscal solicitó que por responsabilidad y lealtad procesal, una vez los defensores adviertan que el material está incompleto lo reporten con tiempo a la Fiscalía y no ad portas de realizarse la audiencia.
Por su parte el procurador judicial, Gerson Avilés, llamó la atención por las demoras y la lentitud e inconvenientes registrados en el trámite procesal.“Este hecho ha llamado la atención en el nivel central, asombrados por las demoras. Llevamos 13 meses en esta etapa sin que se haya avanzado”, recalcó el agente del Ministerio Público.
En su criterio, el derecho de la contraparte no se garantiza única y exclusivamente con la entrega física del material probatorio cuando ello sea racional y materialmente posible. Pero ante todo, “facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias, elementos y medios probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias conclusiones, de cara a los fines de la gestión defensiva”, reseñó el vocero de la Procuraduría, soportado en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
“El juzgado no puede seguir dándole largas a este asunto, es decir, dentro de un año estaremos en el mismo cuento. Si seguimos así vamos a tener por lo menos tres años revisando toda la documentación”, precisó.
De hecho, según la Corte Suprema de Justicia, no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento; ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios.
Preocupante dilación
El reclamo no solo fue de la Procuraduría y del juez de conocimiento. El representante de víctimas, también se sumó a la exagerada demora en el trámite del proceso.
“Resulta preocupante la dilación del proceso. No se trata de quebrantar el derecho a la defensa. Por el contrario, lo mejor que puede ocurrir en este juicio es que la defensa tenga plenas garantías y se pueda debatir en derecho a la acusación”, expresó el abogado Sheiber Cuenca Galindo, acreditado como representante de las víctimas (en este caso de la Alcaldía de Neiva).
Sin embargo, coincidiendo con el procurador judicial, estimó que la obligación del descubrimiento probatorio no es única y exclusivamente de la Fiscalía.
“A pesar de la disposición de la Fiscalía para facilitar el acceso real a toda la evidencia, ningún defensor ha recurrido a ese mecanismo para obtener los documentos que le hacen falta. Llevamos un año en esa revisión y no se ha terminado”, afirmó el jurista.
“Si bien la Fiscalía tiene la responsabilidad de hacer un descubrimiento oportuno, existe por lo menos una desatención, así sea mínima de parte de la defensa para lograr el descubrimiento”, recalcó.
“Si bien la Fiscalía tiene esta obligación, también hay una obligación clara de la defensa de hacer las peticiones en tiempo oportuno. Creo que ha existido el tiempo suficiente, creo que la razón del aplazamiento es otra y no porque no hayan revisado la totalidad de los elementos de prueba”, precisó Cuenca.
“Y si no se logra, están las sanciones en el código penal”, concluyó.
Colapsados
“Hay que ser claros, por la extensísima relación de pruebas se sabía que iba a ser complicado el descubrimiento, pero no habrá más aplazamientos.
“Estamos colapsados, la agenda de audiencias está copada, no tenemos fecha libre para este año, y nos toca fijar con suficiente antelación para poder sortear todas estas dificultades”, precisó Luna Corrales.
Por última vez fijó para mayo de 2020, dentro de ocho meses, la continuación de la audiencia preparatoria para terminarla en su totalidad, sin la posibilidad de que pueda ser nuevamente aplazada.
Además, fijo para mediados de julio de 2020, dentro de diez meses para iniciar el juicio oral por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos en concurso, con dolo y en condiciones de mayor agravación.
Las razones de la discordia
No obstante la defensa responsabilizó a la Fiscalía de la dilación.
“El descubrimiento ha sido muy desordenado. En criterio de la bancada de la defensa han existido serias falencias por parte de la Fiscalía”, expresó el abogado Luis Alberto Osa, quien volvió a pedir el aplazamiento.
El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril de 2018 lo que ha interfirió en el desarrollo del juicio por las anomalías en el proceso de contratación y ejecución del contrato.
El despacho fijó la audiencia de acusación para el 6 de marzo de 2018 pero fue reprogramada por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. “Ese día, la Fiscalía nos sorprendió con una adición muy voluminosa frente al descubrimiento”, precisó Osa.
“Nuevamente para el 13 de abril del 2018 se fijó la audiencia de acusación por parte del Juzgado, pero también se pospuso por petición de uno de los abogados.
Finalmente el 8 de agosto de ese mismo año se fijó la fecha de la audiencia para poder finalizar la audiencia de acusación. Ese día la Fiscalía una segunda adición al escrito de acusación.
La fiscalía se comprometió a realizar el descubrimiento probatorio a más tardar en octubre.
“Aproximadamente son cien gigas de información, unos 20 millones de documentos que hay que revisar uno por uno. La norma contempla que son tres días, sin embargo llevamos más de un año.
Por la complejidad se volvió a programar para el 18 de febrero de 2019. Ese día la defensa volvió a solicitar el aplazamiento. Una semana antes, el 12 de febrero, la Fiscalía presentó una tercera adición enviado por correo electrónico. “Por esta razón, volvimos a solicitar el aplazamiento”, explicó Osa, apoderado del ex director del Inder.
Finalmente, el despacho judicial fijó para el 17, 18 y 19 de septiembre para poder terminar. No obstante, el abogado volvió a solicitar desde el pasado 20 de agosto el aplazamiento “porque físicamente ha sido imposible toda la documentación”.
“No es una estrategia para dilatar el proceso. Es una reclamación a esta garantía constitucional para la defensa. Tampoco le estamos apostando a la prescripción”, concluyó Osa.