La Procuraduría Provincial de Neiva acaba de abrir una investigación disciplinaria contra Gloria Vanegas, gerente de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva; y dos funcionarios más. El motivo tiene que ver con presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de un software para la entidad de servicios públicos.
Carolina Argüello Cruz
A Gloria Constanza Vanegas Gutiérrez, gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, Ricardo Vega, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero; y Olga Lucía Serrano Quimbaya, jefe de la Oficina asesora de Contratación; la Procuraduría Provincial de Neiva les abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato con la empresa Informática y Tributos S.A.S, con sede en Barranquilla, para el arrendamiento de la licencia de uso del software Treasury, soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos para el manejo integrado de los procesos financieros y comerciales de la entidad.
De acuerdo con una queja impuesta por un ciudadano ante el organismo de control, el software contratado generó una serie de errores administrativos que entorpecieron el desarrollo normal de la empresa y es así como se abrió indagación preliminar el 16 de septiembre de 2020 para lo cual se realizó la práctica de pruebas que ahora conlleva a la investigación disciplinaria.
Según la Procuraduría, se evaluará la pertinente actuación disciplinaria para establecer si al momento de los hechos los funcionarios anteriormente nombrados “cometieron una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes y funciones u otro tipo de irregularidad a la luz del Código Disciplinario Único”.
En el documento, el órgano de control resalta que “frente al desarrollo de la indagación preliminar hay que precisar que esta es una etapa eventual dentro del procedimiento disciplinario, cuya finalidad central es lograr la identificación del presunto autor de la falta materia de indagación con el recaudo probatorio pertinente para ello”.
El contrato
Dicho contrato tuvo un valor de 1.218.595.700 millones de pesos, se firmó el 10 de marzo de 2020 y tenía un periodo de ejecución de nueve meses y 15 días, es decir que debió terminar en enero de 2021, aproximadamente.
Este proceso causó muchos inconvenientes por las irregularidades que comenzó a presentar la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Tales fueron las alteraciones que en plena ola de contagios de COVID-19, durante los meses de abril, mayo y junio, las filas en las instalaciones de Las Ceibas eran interminables por la cantidad de usuarios que acudían a realizar sus respectivos reclamos.
En su momento, se dio a conocer que “al migrar la información comercial del viejo al nuevo software, no tuvieron en cuenta los acuerdos de pago firmados por los usuarios que algún día estuvieron en mora con Las Ceibas, lo que generó que las facturas llegaran por el ciento por ciento de la deuda. Esto elevó los PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), aumentó el número de tutelas contra la empresa y generó largas filas de usuarios inconformes, acrecentando de paso el riesgo de contagio del COVID-19. Hoy literalmente no hay información de cartera, no saben cuánto deben y los errores en facturación son recurrentes, incluso se han presentado demoras de hasta tres semanas en la facturación”, precisó el periodista Germán Hernández en su columna de opinión del pasado 15 de septiembre.
Adicional a ello, este proceso habría motivado a que Ciudad Limpia, operador privado del servicio de aseo, entablara conversaciones con la Electrificadora del Huila para ‘zafarse’ de Epn. Logro que consiguió y que entró en vigencia desde inicios de este año.
Adicional a ellos, la demora en los pagos de nómina y de planillas de salud y pensión, al parecer, no se hicieron esperar debido a la incompatibilidad del sistema.