La extradición de colombianos a los Estados Unidos se instauró para combatir el crimen organizado transnacional ante la debilidad de nuestro Estado para juzgar delincuentes con enorme poder intimidatorio y corruptor. Más de dos décadas después de que la administración Barco la aplicara por vía administrativa, el mecanismo de cooperación se ha venido erosionando para marchitar en Colombia el principio de justicia y reparación. Tristemente la extradición para los narcotraficantes colombianos hacia Estados Unidos ha pasado de ser un disuasivo para convertirse en atractivo. Actualmente, nos enfrentamos a un cartel de intermediarios que actúan entre los narcotraficantes y la justicia norteamericana, y cuya función es acordar entregas, ofrecer colaboración ante los jueces norteamericanos y finalmente, lograr condenas ridículas que de quince (15) a veinte (20) años, terminan en condenas que oscilan entre seis (6) años y seis (6) meses. Esto es indignante e insultante para todas las víctimas del narcotráfico en Colombia y para este país, que ha invertido buena parte de sus recursos en perseguir y enviar los delincuentes a la justicia norteamericana, en vez de destinar este dinero para otros rubros. Aún hay más. Aquí no estamos hablando únicamente de rebajas inverosímiles en condenas a narcotraficantes. Muchos de ellos, después de que los liberan, salen con visas de Estados Unidos y hasta estatus de residentes. Así, es preocupantes que mientras a muchos colombianos se les niegan estos permisos sin importar sus motivos de viaje, a los narcotraficantes colombianos que saben negociar con la justicia norteamericana, después de haber pagado condenas ridículas y después de haber colaborado, les entregan visas para entrar y salir de ese país y junto con ellas, la posibilidad de tener negocios en Estados Unidos y toda clase de facilidades. Ya es hora de negociar un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos aprovechando que no tenemos ninguno vigente. Es hora de que la justicia colombiana arme expedientes sólidos contra estos delincuentes para que una vez concluyan sus condenas en Estados Unidos, paguen también los daños provocados en Colombia. Ya es hora también, de que estos narcotraficantes, lavadores de grandes sumas de dólares devuelvan sus ganancias a este país, respondan por los delitos imputados en estas tierras y aseguren un proceso real de verdad y reparación a todas sus víctimas.