El impuesto predial en la capital huilense, según lo anunció esta semana la Secretaría de Hacienda, subirá hasta un 300 por ciento. El impuesto predial en la capital huilense, según lo anunció esta semana la Secretaría de Hacienda, subirá hasta un 300 por ciento. Y se aplicará a partir de este mes, sin que se conozcan los resultados del estudio de actualización catastral, que otras veces, han registrado serias inconsistencias, como ocurrió el año pasado en el centro del Huila. Y tendrá este año otro ingrediente adicional al incorporar en el censo inmobiliario al sector rural, duramente castigado por los efectos de la temporada invernal. Es cierto que los mayores valores se cobrarán por los desarrollos urbanísticos y en cierto grado, por los resultados de la actualización que cubrirá a otros sectores urbanos. El incremento, automático y sin gabelas para facilitar su pago, golpeará el bolsillo de millares de contribuyentes, quienes además, deberán asumir también otro gasto adicional por incrementos en los costos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Si bien la tributación es una obligación para facilitar la financiación de bienes públicos locales, su cobro deber proporcional como ponderada debe ser la distribución de las cargas y de los beneficios. Y deber existir correspondencia y equidad. La carga tributaria debe consultar la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto. El principio de equidad exige que se graven, de conformidad con la evaluación efectuada por el legislador, los bienes o servicios cuyos usuarios tienen capacidad de soportar el impuesto, o aquellos que corresponden a sectores de la economía que el Estado pretende estimular, mientras que se exonere del deber tributario a quienes, por sus condiciones económicas, pueden sufrir una carga insoportable y desproporcionada como consecuencia del pago de tal obligación legal. La equidad impone el respeto no sólo por las diferencias de ingreso y bienestar de los contribuyentes, sino los principios derivados del Estado Social de Derecho: La capacidad contributiva no es el único principio a valorar en el sistema: es necesario proteger otros valores, igualmente consagrados en el ordenamiento constitucional, como la protección de los derechos fundamentales al trabajo, y a la familia, protección a la libertad personal que implica el reconocimiento de un mínimo de recursos para la existencia personal y familiar que constituye la frontera a la presión fiscal individual. Y por supuesto a la protección al patrimonio familiar. No se trata de asfixiar al contribuyente, obligándolo a cancelar de un solo golpe, un imprevisto reajuste. Hay que socializarlo, hacerlo en forma transparente, en un esfuerzo para incentivar la cultura de pago. Pero nó, asaltándolo, ni colocándolo contra la pared. Y menos, cuando no se nota el destino de los recursos que pagamos los contribuyentes, cuando no sentimos los beneficios. Por el contrario, Neiva, a punto de celebrar 400 años de su fundación, sigue sumida en un preocupante estancamiento urbanístico que no se compadece con los recursos voluminosos que recibió por regalías petroleras. “No se trata de asfixiar al contribuyente, obligándolo a cancelar de un solo golpe, un imprevisto reajuste. Hay que socializarlo, hacerlo en forma transparente, en un esfuerzo para incentivar la cultura de pago. Pero nó, asaltándolo, ni colocándolo contra la pared”. Editorialito La recuperación de las vías, afectadas por el invierno, amén de otras necesidades, constituyen las principales prioridades, expresadas por los alcaldes en las reuniones realizadas para examinar el Plan de Desarrollo. El gobierno departamental tiene en este sentido, un gran compromiso, para atender estos reclamos.