En el ‘aire’ quedó la destitución e inhabilidad de 10 años contra el ex gerente de las Empresas Públicas de Neiva (EPN), Andrés Espitia Duque y cuatro ex funcionarios más de la entidad, por la compra irregular de 500 tapas de alcantarilla.
El fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Neiva prescribió en la segunda instancia en la Procuraduría Regional del Huila, donde cursó la apelación de la sanción disciplinaria interpuesta por la defensa de Espitia Duque.
La prescripción benefició además de Espitia Duque, a Jaime Cardozo Vargas, ex subgerente Administrativo y Financiero; Germán Andrés García Galindo, subgerente Técnico y Operativo; Jaime Enrique Galindo García, almacenista y Juan Manuel Serna Tovar, jefe de la Oficina Jurídica de Empresas Públicas.
La demora en resolver la apelación del fallo de primera instancia, proferido el 6 de junio de 2013, llevó a que el tiempo establecido por la ley se terminara. “Prescribió por el tiempo”, dijo uno de los abogados defensores de los investigados.
Irregularidades
Agregó que la demora en el Ministerio Público se originó luego que declarara la nulidad a partir de la citación a audiencia a García Galindo, por violación al derecho a la defensa y por la “existencia de irregularidad sustancial que afecta el debido proceso”, señaló el organismo de control.
La Procuraduría Regional señaló que la negativa en la Provincial de Neiva de no conceder la práctica de una prueba pericial a Espitia Duque, solicitada por su defensa, y no pronunciarse sobre los recursos de apelación subsidiariamente sustentados “configura un grave y protuberante vicio de rito…”.
Otra falencia que encontró el organismo de control fue la imposibilidad de García Galindo de enterarse que había sido citado a audiencia, debido a que la dirección a donde enviaron la notificación estaba errada.
El documento fue enviado a la Carrera 16 No. 41-40 interior 3 apartamento 409, cuando en realidad la dirección es Carrera 16A No. 41-40 interior 3 apartamento 409. “La secretaria remitió la citación a notificación personal de tan trascendental decisión como es nada más y nada menos la de citación a audiencia, en la que se formaliza y precisa la imputación jurídica y fáctica a una dirección errada…”.
Precisó la Procuraduría Regional que el error tuvo como consecuencia “procesal y jurídica, aún más gravosa para el derecho a la defensa de Germán Andrés García Galindo, consistente en que este no tuviera la posibilidad u oportunidad de enterarse de que había sido citado a audiencia”.
Estás dos fallas llevó al delegado del Ministerio Público a declarar la nulidad a partir de la citación a notificación de García Galindo y “cita a audiencia…”.
El contrato de tapas
Espitia Duque, entonces gerente de Empresas Públicas de Neiva, suscribió el contrato de compraventa el 11 de julio de 2008 de 500 tapas de polipropileno para alcantarillado con Ronald Franz Naranjo Barrero, sin que previamente se hubiera hecho un estudio de conveniencia y oportunidad, así como con un estudio de condiciones y precios del mercado, avaló el mismo.
La investigación estableció que el detrimento patrimonial público fue de $77’468.338, toda vez que las tapas se adquirieron por un valor de $249’342.000, cuando en el mercado se conseguían por $171’873.662.
La mayoría de las tapas se deterioraron por el sol y el peso de los carros, “no gozaron de garantía”, señaló la Procuraduría.