Prevaricar: nuevo derecho. Por Luis Humberto Tovar Trujillo

Lamentablemente hay que confesarlo; en las actuales circunstancias de la justicia colombiana, no vale la pena el Derecho, no tiene sentido acudir al Derecho como regulador de las relaciones  sociales; las recientes decisiones judiciales así lo indican, entre otras muchas de igual o peor tenor,  han llevado al extremo de que ciudadanos de bien, con menores incluidos piensen seriamente en la posibilidad de irse del país. Da pena decirlo, pero así es; y lo más grave de esto es que son jueces constitucionales, que resolvieron dos tutelas, la una que corresponde a la negación de los derechos de los menores, que como lo expresa el inciso final del Articulo 42 de la Constitución, prevalecen sobre los derechos de los demás. Me refiero a la autorización que se dio para que los realizadores de una película sobre la historia de Clara Rojas y de su hijo Emmanuel que tuvo en cautiverio las Farc (los nuevos mejores amigos de Santos), fallo que permitirá que las escenas sobre ellos se vean en Colombia; fallos absurdos, golpes de Estado, negando la Constitución, el Código de la Infancia, las Convenciones Internacionales sobre Protección a los Niños, la Ley de Víctimas, y particularmente de los niños en conflicto. Adicionalmente conceptos de psicólogas, médicos salubristas exfuncionarios de ICBF que constataron en su época el maltrato severo de quienes cuidaban a Emmanuel, y como si fuera poco, hizo caso omiso de un estudio científico elaborado por siete expertos de la Clínica Psicológica de la Universidad Complutense de Madrid, según la cual, la exhibición de la película afectaría al niño, a su núcleo familiar y le traería riesgos a su estabilidad emocional. Y la otra, la que le concede al ex presidente de la Corte, porque así firma sus escritos, pretendiendo “presuntamente” intimidar a los operadores de justicia, que publicaron las redes sociales y el Espectador, www. Elespectador.com página 12, titulado “Equipo de seguridad de Yesid Ramírez ocupa un salón comunal”, sin que lo anterior signifique que hago parte de una asociación para delinquir, cuando por arte de magia, priva del ejercicio del derecho de copropiedad a los vecinos (194) del conjunto residencial donde reside, con el cuento peregrino de la protección al derecho fundamental a la vida, presuntamente violado o colocado en peligro, como si le estuvieran quitando los escoltas, antes por el contrario se los aumentaron supuestamente protegido, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En síntesis, con la tutela se ha privatizado un bien de uso común, alegan los afectados, tema que no corresponde a esta institución constitucional. Hasta cuando Catilina, decía Cicerón. ¿Será acaso esta una patología que amerite estudios científicos de la Complutense?