La semana pasada se dio inicio formal al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN después de varios meses de incertidumbre generada por el desacuerdo en temas centrales como la participación de la sociedad civil en las negociaciones y por hechos como el secuestro y la liberación del político chocoano Odín Sánchez por parte de esta guerrilla. Este nuevo ciclo es alentador porque representa la posibilidad de que otro sector grande de la población colombiana se inserte en la legalidad y deje de lado la violencia.
Por otra parte, los recientes asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en varias zonas del país generan cierto grado de preocupación ya que reflejan la incapacidad del Estado para garantizar la vida de los ciudadanos. Sumado a lo anterior, la semana pasada un grupo de las FARC que se dirigía a una zona de concentración en el Catatumbo tuvo que hacer un alto en el camino debido a las amenazas de otros grupos armados en esa región. Parece que existen otras organizaciones armadas intentando tomar el control de territorios que antes controlaba las FARC.
¿De qué tipo de organizaciones violentas se puede hablar? ¿Son estructuras paramilitares o estructuras criminales? Este es un debate conceptual de vieja data que se vuelve importante en la medida en que termina siendo político. Según las Fuerzas Militares de Colombia lo que existen son estructuras criminales que están en pugna por el territorio para llevar a cabo sus negocios ilegales. No obstante, los 13 líderes asesinados en lo que va de este año muestran acciones con un grado de sistematicidad en contra de unos ciudadanos que han venido trabajando en la construcción de la paz desde sus territorios. Se podría plantear que existen móviles políticos orquestados desde otras esferas del poder. Es recomendable volver a este debate y darle profundidad pues tener claridad sobre estos asuntos significa poder construir una ruta de acción efectiva que minimice la violencia en el país.
El proceso de paz con el ELN tendrá que abordar todos estos temas complejos por las implicaciones que conllevan. El Estado debe tomar el control de las zonas que están siendo abandonadas por la s FARC a través de la generación de educación gratuita y de calidad, de salud y, en general, de condiciones de vida dignas, para que la violencia pueda ir quedando excluida de esos territorios.
