RICARDO AREIZA
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El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa Germán Calderón España sancionó ayer al jefe de Contratación de la Alcaldía de Neiva, Fernando Mauricio Iglesias, por la contratación de una asesoría especializada, fundamental para determinar las enormes fallas técnicas y contractuales de la cuestionada remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid.
La decisión fue anunciada en audiencia verbal realizada simultáneamente en Bogotá y Neiva, donde se dio lectura al fallo disciplinario. Iglesias Gaona, fue sancionado con suspensión de diez meses y 15 días, e inhabilidad especial por el mismo lapso, al encontrarlo disciplinariamente responsable del único cargo, en su criterio, no desvirtuado.
Además, como lo había anticipado LA NACIÓN, el Procurador absolvió de los cargos al alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, “al probarse que ejerció el debido control frente a las obras del estadio” y en tal virtud, delegó en expertos el desarrollo de las investigaciones.
Al haberse desvirtuado el cargo, el procurador ordenó el archivo de la investigación adelantada por esta conducta También absolvió de los cargos formulados a la secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque y a la directora de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez.
Asimismo decretó de oficio la nulidad de la actuación adelantada contra Vladimir Salazar Arévalo, por haberle formulado un cargo cuando no tenía ninguna delegación. La decisión fue notificada a la Procuraduría Provincial.
El proceso verbal se inició por una queja que formuló el año pasado el ingeniero civil Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del consorcio Estadio 2014, responsable de la remodelación del escenario deportivo.
Los cargos
Lozano Castañeda tramitó otra denuncia ante la misma Procuraduría por haber permitido el uso parcial del estadio de Neiva, como parte de una estrategia jurídica para atacar la caducidad del contrato.
Los pliegos de cargos fueron formulados el 10 de mayo de 2019 por la firma de un contrato de prestación de servicios con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS para evaluar las probables causas que originaron el desplome de la gradería.
El peritaje cofinanciado por Coldeportes, sirvió para develar las anomalías técnicas, estructurales, administrativas y contractuales. El mismo documento soporta la resolución de acusación que formuló la Fiscalía General de la NACIÓN y el juicio fiscal que adelanta la Contraloría.
Sin embargo, Calderón España consideró que por el objeto y alcance del contrato se requería de un concurso público de méritos para escoger a la firma encargada de rendir el concepto técnico.
Calderón España concluyó que aunque se trataba de un contrato de servicios especializados, se adjudicó en forma directa, sin multiplicidad de oferentes.
Con este criterio, impuso la más alta sanción contra el jefe de Contratación, en la dosificación de la sanción.
“El procurador no tuvo en cuenta ninguna de las argumentaciones, ni los conceptos de expertos, en el sentido que el estudio contratado no era una consultoría, sino un peritaje, una asesoría especializada en ingeniería estructural”, aseguró Vladimir Salazar.
“Sabíamos que nos enfrentamos a personas muy poderosas, pero creemos que esos cargos, pueden derruirse en segunda instancia”, afirmó.
Los recursos de apelación serán sustentados la próxima semana y se podrán interponer ante la Sala Disciplinaria.
Otras decisiones
En la misma diligencia, Calderón España, compulsó copias para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación y contratación de la remodelación del estadio ventiladas durante el proceso verbal.
El funcionario reconoció que actualmente no se registra actuación disciplinaria por las irregularidades contractuales que involucra a los servidores públicos que adelantaron en el 2014 el proceso de contratación y contra el contratista ejecutor y el interventor. Por esta razón decidió compulsar copias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal para que adelante las diligencias preliminares, “con la advertencia que los hechos pueden caducar sino hay una pronta y debida actuación”.
En otra decisión, separada del actual proceso, la Procuraduría formuló pliego de cargos al contratista y representante legal del Consorcio lnterventoría Estadio 2014, Luis Alfonso Trujillo Bríñez.
Calderón España, sorpresivamente, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las conductas de servidores públicos, ejecutores e interventores derivados de los contratos entre la Alcaldía de Neiva y el consorcio Estadio 2014 y el suscrito con la firma interventoría. Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación, desde el año pasado formuló la acusación contra todos los actores y el proceso se encuentra para iniciar la audiencia preparatoria. Igualmente, la Contraloría inició el juicio de responsabilidad fiscal.
Además, el Procurador compulsó copias para que se investigue presuntas irregularidades por la adición presupuestal aprobada en el 2014 y ejecutada en febrero de 2016, a pesar de que el contrato de obra venía registrando serias anomalías desde su iniciación. En este caso, estimó que la Procuraduría Provincial de Neiva tendrá la competencia para iniciar la iniciar la investigación disciplinaria.
Igualmente compulsó copias a la Fiscalía para que investigue, si lo considera procedente, una presunta celebración indebida de contratos por la firma del contrato de prestación de servicios para adelantar el peritaje técnico.
Además remitió copia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal que se investigue el convenio interadministrativo 060 de 2019 suscrito con la Universidad Nacional para que adelantar la consultoría orientada a determinar las alternativas frente a la continuidad o no de la tribuna occidental. Al parecer, se pudo incurrir en falta disciplinaria por omisión al adelantar un proceso de selección por concurso de méritos.
Asimismo remitió copia a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública para que se investigue las instrucciones que impartió Coldeportes y Findeter para la contratación del peritaje técnico con la empresa Sísmica, estudio que develó las graves anomalías técnicas, administrativas, financieras y contractuales.
También, remitió copias del convenio suscrito entre la CAM y la Sociedad Colombiana de Ingenieros por la escogencia del modelo de selección, totalmente ajeno al hecho investigado.